LA SGAE, BAJO SOSPECHA

Si hay una entidad que cuente mayoritariamente con el rechazo de los ciudadanos, no cabe duda que estamos ante la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). A muchos no nos extraña que un hecho como el ocurrido este pasado viernes se haya producido. La falta de transparencia en la gestión de la SGAE se viene denunciando desde asociaciones que intentan frenar el poder que ha aglutinado la Sociedad en los últimos años. La Guardia Civil iniciaba la mañana del viernes con registros en la sede de la Sociedad, el Palacio de Longoria, emblemático edificio de Madrid. Su actual presidente, el canario Eduardo Bautista, y otras ocho personas de la cúpula directiva de la Sociedad han sido detenidas y esperan para pasar a disposición judicial. La investigación abierta tras una denuncia por apropiación indebida, estafa y fraude de subvenciones, deja bajo sospecha la gestión de una organización creada, supuestamente, para la defensa del autor, la supervivencia de los creadores y la salvaguarda de la cultura.

Desde la llegada de las nuevas tecnologías y, en concreto, la aparición de internet, la SGAE ha emprendido una especie de persecución, como si de policía cultural se tratase, contra todo aquello que pueda suponer una infracción de la ley de propiedad intelectual. La incapacidad de adaptación de la industria musical a los nuevos tiempos ha convertido a la SGAE en una máquina recaudatoria con la que compensar las “presuntas pérdidas” que conlleva el cambio de modelo, utilizando para ello métodos poco éticos y situaciones que bordean el absurdo. La grabación de bodas, bautizos, comuniones, o equipos de fútbol que no pueden poner su propio himno, son algunas de las situaciones más surrealistas en las que ha estado inmersa la SGAE. Por no hablar del canon digital, la norma que grava cualquier dispositivo electrónico en base al supuesto de que puede ser utilizado para almacenar o reproducir música pirateada, saltándose a la torera el principio de presunción de inocencia, ya que nos trata a todos como delincuentes.  

Lo que ahora se investiga, no obstante, no es que haya podido extralimitarse en sus acciones recaudatorias, sino en la gestión realizada de lo recaudado. Por delante queda, por supuesto, la presunción de inocencia; sí, la que la SGAE no aplica con el canon digital. La Justicia decidirá sobre la culpabilidad o no de los detenidos y de la gestión realizada al frente de la entidad, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de dedicar algunas líneas al que debería ser el órgano fiscalizador de la Sociedad, el Ministerio de Cultura. La ministra Ángeles González Sinde, bonita racha lleva la señora, se ha convertido en la principal protectora de la SGAE y alguna responsabilidad debe tener el Ministerio si continuamente se le exige transparencia a la gestión de la SGAE y la máxima autoridad administrativa en Cultura no establece los mecanismos necesarios para ello. Esperemos que esto sea un golpe de efecto a la entidad y que de la soberbia y prepotencia que la ha caracterizado en los últimos años pase a convertirse en un órgano transparente, con medidas y acciones proporcionadas. La defensa de la cultura no se hace desde el afán recaudatorio, sino desde el trabajo, talento y creatividad de los artistas.