UN FUTURO CON O SIN PENSIÓN DE JUBILACIÓN

La previsible reforma de las pensiones que prevé realizar el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero es un duro golpe para todos los trabajadores que esperan una jubilación tranquila después de años de trabajo. En términos generales, cabe decir que en Canarias tenemos en la actualidad cerca de 257.000 pensionistas, entre ellos unos 129.652 son beneficiarios de pensiones mínimas. El grupo más numeroso de las pensiones mínimas son los que reciben una pensión no contributiva, de la que se benefician 42.043 personas. La pensión media en Canarias es de 736,55 euros, por los 890,85 euros mensuales a nivel nacional.

En el último año el número de pensionistas creció cerca de un 3% en Canarias, llegando en noviembre de este año a 256.728. Este aumento de pensionistas es superior a la media nacional. España será el país de la Unión Europea con mayor proporción de jubilados (35,6%) y menos personas en edad de trabajar (52,9%) sobre el total de la población en el año 2050, según la oficina estadística Eurostat. Ello significa que la tasa total de dependencia se situará en el  89,2%, es decir, que habrá 9 personas inactivas (ya sea menores de 15 años o mayores de 65) por cada 10 personas en edad de trabajar, lo que supone una grave amenaza para el futuro de las pensiones.

Según estos datos, el sistema a corto y medio plazo no corre peligro, algo muy diferente si la proyección demográfica se hace a largo plazo. Un hecho objetivo es el envejecimiento de la población. La esperanza de vida en 2030 rondará en nuestro país los 83 años. La tradicional pirámide demográfica comienza a adoptar formas muy preocupantes. Organizaciones internacionales como OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) considera que España debe afrontar con urgencia una reforma de las pensiones, incidiendo especialmente en elevar la edad de jubilación.

Desde mi punto de vista se plantea un dilema: reformar el sistema de pensiones ampliando los criterios para el cálculo de las pensiones y elevando la edad de jubilación en España de los 65 años actuales a los 67 o, por el contrario, mantener el sistema actual con alguna corrección e intentando que la creación de empleo pueda sufragar los posibles desequilibrios y no se produzca la quiebra de la Seguridad Social. 

Es posible que puedan aplicarse algunas medidas correctoras, entre ellas, reducir las prejubilaciones, intentar acercar la edad media de jubilación (actualmente por debajo de los 65 años) a la edad legal o adecuar la pensión a los años de cotización aunque ello suponga disminuir la cuantía de la pensión en un porcentaje. 

Sin embargo, todo indica que tarde o temprano se dará el paso definitivo a una reforma radical que modifique el periodo de cotización y eleve la edad de jubilación, en principio, hasta los 67 años. En este sentido me preocupa el caso de Canarias ya que la economía sumergida en el Archipiélago es elevada, muchos trabajadores realizan servicios sin estar cotizando a la Seguridad Social. Además, los parados de larga duración pueden que no cumplan con las exigencias que se estipulen como periodos de cotización para tener derecho a cobrar una jubilación. Sin duda, situaciones preocupantes que conllevarán también un cambio de mentalidad en los ciudadanos para abandonar ciertas prácticas enquistadas en nuestra sociedad. 

Ante esta situación, me remito a la filosofía de Epicuro (filósofo griego del siglo IV a.C)  para argumentar que en ocasiones debemos rechazar la felicidad presente e inmediata a los que les siguen sufrimientos mayores y aceptar dolores presentes cuando se sigue de ello una felicidad mayor.

LA EDUCACIÓN, RESPONSABILIDAD DE TODOS

El último informe del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA) ha vuelto a sacar los colores en materia educativa a España y en especial al Archipiélago canario. Los estudiantes canarios han obtenido en los ejercicios de lectura comprensiva una puntuación media de 448 frente a la media del Estado que se situó en los 481 puntos. Asimismo, los resultados en matemáticas y ciencias están claramente por debajo de la media tanto de la OCDE, en el caso de España, como de la media nacional, en el caso de Canarias.

Con estos datos nadie puede sentirse orgulloso y satisfecho con el sistema educativo y con sus resultados, a la vista está que dejan bastante que desear; pero tampoco caigamos en la demagogia de culpabilizar a la administración pública de todos los males de la educación. Evidentemente tiene su responsabilidad, que no es poca, pero hay otros factores mucho más profundos y de calado que se me antojan esenciales si queremos tener una educación que merezca la pena y de la que nos sintamos orgullosos.

Tanto la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) aprobada en 1990 como la LOE, Ley Orgánica de Educación, actualmente en vigor, han supuesto en algunos casos un avance en cuestiones pedagógicas, organizativas y participativas en el sistema educativo, pero también han traído consigo graves problemas: la burocratización hasta límites insospechados, la multifuncionalidad del profesorado (enseñante, psicólogo, pedagogo y demás), la indisciplina galopante en las aulas, cierta laxitud en la evaluación de los alumnos y la pérdida de prestigio profesional del profesorado, entre otros. Si tenemos en cuenta que la vida de un estudiante radica en un centro escolar y más concretamente en un aula, ninguna de las leyes ha sabido abordar el problema crucial de la interacción alumno-profesor. La permisividad se ha adueñado de las aulas ante la impotencia de los profesores de hacer valer una supuesta autoridad que no es respaldada ni por la administración ni por los propios padres.

Los malos resultados obtenidos en el informe se tornan más preocupantes si se adopta una postura de ocultamiento de la realidad por parte de la administración pública. El hecho más significativo en este sentido son las palabras de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias restando importancia al informe y relativizando sus conclusiones. Cierto es que el informe PISA no da una visión general de la educación en Canarias, pero evidencia una clara tendencia negativa y siendo pesimista, la realidad no sólo lo corrobora, sino que la profundiza. 

Todos los que están o hemos estado vinculados a la enseñanza sabemos de lo que hablamos cuando hacemos una descripción de lo que supone impartir docencia, el nivel de los alumnos, el grado de implicación de las familias para ayudar y no para entorpecer, la dificultad añadida de la falta de profesores debido a los recortes presupuestarios y un largo etcétera. Cuando escucho al viceconsejero de Educación y Universidades, Gonzalo Marrero, poner en cuestión los datos del informe PISA es para indignarse. Como es para indignarse cuando se escucha reiteradamente el mantra utilizado por la consejera de Educación, Milagros Luis Brito, de que la calidad en la educación canaria se mantendrá pese a los recortes. Quién se puede creer, salvo ella, que se puede mantener el mismo servicio con menos dinero y con menos personal. La multiplicación de los panes y los peces está bien en la Biblia, como milagro, pero que no vaya a aplicarlo a la educación canaria, aunque se llame “Milagros’. Asimismo, otro de los mantra de este gobierno en educación es que “los niños están atendidos”. Pero es que la escuela, los colegios no son guarderías para atender a los niños, sino centros de enseñanza donde transmitir conocimientos.

Mucho me temo que después de esta crisis los resultados de los alumnos en el Archipiélago se verán seriamente afectados y volveremos a oír por parte de los políticos justificaciones absurdas. 

Responsabilidad de todos

Ahora bien, pese a la responsabilidad de las administraciones públicas, el problema va más allá. La familia juega un papel fundamental y decisivo en la educación de los niños. Por mucho que se haga desde la administración para evitar el fracaso escolar o el absentismo, tanto los padres como la propia sociedad tienen su parte de responsabilidad. 

El planteamiento teórico de Berger y Luckman en su obra “La construcción social de la realidad”, ya nos habla de los conceptos de socialización primaria y socialización secundaria. La socialización primaria es la que tiene lugar en el ámbito familiar. Es la primera por la que pasa el niño y la más importante para consolidar la posterior socialización secundaria. El niño interioriza roles, actitudes significativas y construye su primer mundo. Se convierte en miembro de la sociedad. En la socialización secundaria se refuerza con niveles más elevados su pertenencia a la sociedad con la transmisión de nuevos conocimientos y reafirmación de valores. 

Sin embargo, en nuestras sociedades este planteamiento se ha trastocado y las familias han dejado de ejercer esa fase de socialización primaria delegándola en la escuela, sin posteriormente reafirmar los conocimientos y valores que allí se aportan. Si falla los pilares, no podemos esperar nada bueno en la construcción. 

La sociedad debe volver en su conjunto a valorar el esfuerzo, la disciplina, abandonar los prejuicios existentes en torno a estos conceptos, volver a la cultura del trabajo y del respeto, destacar la consecución de objetivos en relación a los medios utilizados para alcanzarlos y no sólo a su fin. Valorar, en definitiva, la educación, la importancia de estar formados, del conocimiento, del saber. Desde la familia hasta los medios de comunicación debe valorarse los logros educativos, valorar y respetar la docente, tener en cuenta su criterio y recuperar su prestigio social. Más difícil es que los medios de comunicación, responsables también de los valores que transmite a la sociedad por mucho que se quieran inhibir, deje de prestar atención a personajillos que alcanzan el éxito haciendo apología de lo superficial e inútil, de la ignorancia y de la incultura, de ensalzar, en definitiva, el contrasentido de la “cultura de la estupidez”.

MALDITO DOPING

Hoy ha sido un mal día para todos los amantes del deporte. Una nueva operación contra el dopaje en el deporte se ha saldado con 15 detenidos, entre ellos uno de  los iconos del deporte español, la atleta palentina Marta Domínguez. 

La atleta declaró por más de cuatro horas ante el juez y ha sido puesta en libertad con cargos. Sobre ella pesa la imputación de suministrar sustancias dopantes a otros atletas, aunque en un principio parece que Marta no se ha dopado. 

Marta Domínguez ha sido y es uno de los exponentes del sacrificio, el esfuerzo, la superación y del talento deportivo. Admirada por aficionados, deportistas y reconocida en todos los ámbitos de la sociedad, es un referente que muchos han tomado para mejorar en su formación como deportistas. De confirmarse la noticia, vaya por delante siempre la presunción de inocencia, no cabe duda que sería entristecedor y desmoralizador para todos los que confían en un deporte limpio, honesto y transmisor de valores como los reseñados anteriormente. 

Caer en el error del dopaje, bien por consumo o por facilitarlo, hace que nos planteemos muchas cuestiones sobre el deporte profesional. La exigencia de organizadores de eventos deportivos, federaciones, patrocinadores, entrenadores, posibilitan que muchos deportistas estén tentados a llegar al límite de lo legalmente establecido y en ocasiones a sobrepasarlo. Muchos deportistas caen en la dinámica de doparse como respuesta a esas exigencias y a la presión para lograr buenas marcas o resultados sobresalientes que permiten continuar en el deporte profesional, especialmente en deportes individuales como el atletismo o el ciclismo. 

Que el deportista es el principal responsable, no hay duda de ello; pero no podemos sólo poner nuestra mirada sobre él. A su alrededor se crean expectativas, exigencias peligrosas, no sólo para el deportista, sino también para el propio deporte.

Esperemos que todo quede en una “falsa alarma” y que no se nos caiga otro referente en el deporte. Recordemos que Alberto Contador está siendo investigado y la confianza que tenemos en los deportistas, sobre todo en los grandes campeones que transmiten una serie de valores a la sociedad, se tambalea por momentos.

RIQUEZA FICCIÓN

España y Canarias se caracterizaron durante un periodo bastante prolongado de un crecimiento económico sin precedentes en la historia de este país. El Producto Interior Bruto español crecía por encima de la media europea un año sí y otro también. Incluso el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no dudó en alardear de ello en foros internacionales amenazando a Francia con que pronto superaríamos al país galo en renta per cápita y que con Italia ya lo habíamos conseguido. 

Pura ficción. España como país y sus ciudadanos vivían en una ficción que pronto chocaría de cara con la realidad. La crisis económica que afectó de manera global a todas las economías del mundo, se dejó sentir de manera muy distinta en cada país. España fue y es uno de los que peor parado ha salido, cierto es que hay otros en peor situación (Gracia o Irlanda), pero nosotros estamos ahí, al borde del precipicio nos guste o no. El paro ha llegado a unas cifras insospechadas en un principio y la situación se ha tornado bastante oscura en lo que llamábamos “estado de bienestar”. Miles de empresas cierran, expedientes de regulación de empleo a cada momento, recortes en los servicios públicos, reforma laboral y la próxima de pensiones… Como vemos la situación pinta fea, y lo peor es que no sabemos dónde está el final. 

El gasto desmesurado, el aparentar nuevos ricos, el adosado con el coche de alta gama pasarán a la historia. Ahora toca la realidad, no la ficción. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria, culpable de buena parte de la crisis junto con la permisividad bancaria a la hora de otorgar créditos, ha dejado a muchos sin trabajo, endeudados y con pésimas perspectivas de futuro. En Canarias, ahora con unos índices de paro alarmantes, los jóvenes dejaban los estudios una vez concluida la edad obligatoria de escolarización para buscar dinero rápido trabajando en la construcción. Y lo conseguían, mientras otros estudiaban una carrera para ganar la mitad que ganaban ellos al terminarla. Era el mundo al revés, el peón de la construcción ganaba más dinero que el licenciado en una carrera universitaria. 

Pero, ¡ay amigo!, el tiempo pone a cada uno en su sitio. La crisis económica ha dejado al descubierto este tremendo fraude. Ahora miles de jóvenes canarios vagabundean día y noche sin una formación a la altura de las circunstancias. Y aquellos que sacrificaron años de su vida estudiando y formándose tienen la recompensa, al menos, muchas posibilidades de encontrar un trabajo. El sector de la construcción jamás será lo que era. Ni tan siquiera recuperando parte de lo que ha perdido en estos tres últimos años. 

Zapatero  y la crisis

El presidente del Gobierno de España merece un análisis extenso de la gestión que ha realizado de la crisis económica. No seré yo quien lo haga, pero si dejo algunos apuntes. Empezó mal negando una crisis que todas las instituciones nacionales e internacionales advertían que llegaba y cuyas consecuencias eran impredecibles. Continuó mal con una política de cheques electorales (cheque bebé, deducción de los 400 euros del IRPF) y planes ineficaces que lo único que hicieron fue disparar el gasto público. Ignorante de la gravedad de la situación, ausente de la realidad, tuvo que ser Estados Unidos y la Unión Europea quienes obligaron al Gobierno español a aplicar medidas de reducción del déficit público y de reactivación de la economía. Empeñado en su optimismo antropológico, Zapatero ve “brotes verdes” por todos lados, mientras que los demás ven incertidumbre y preocupación. 

Cierto es que la crisis en España está estrechamente ligada al ladrillo y que conoció sus años de esplendor con los gobiernos del PP. Pero no es menos cierto que todos nos aprovechamos de ello, también los ciudadanos. No hubo ningún ayuntamiento, de cualquier signo político, que no hiciese pingües beneficios con los terrenos localizados en su área. Autonomías, diputaciones, cabildos, izquierda, derecha, nacionalismos, todos comieron del pastel.

Ahora bien, la manera de afrontar el problema y la demagogia con la que lo ha hecho, ha dejado a Zapatero como el peor presidente para el peor momento de la economía española. Si conseguimos superar la crisis, sólo espero una cosa: que no se ponga medallas. Que se vaya por donde vino y con la boca cerrada.

El DEBATE MONARQUÍA-REPÚBLICA

El pasado 22 de noviembre se cumplía 35 años de la proclamación de Juan Carlos de Borbón como Rey de España. Años donde este país ha conocido su mayor periodo de estabilidad política y donde los valores democráticos se han impuesto a la falta de libertades de la etapa dictatorial de la que veníamos. Y en ese logro no cabe duda que tanto para republicanos como para monárquicos la figura del Don Juan Carlos de Borbón fue clave. Dar un paso adelante para impulsar la democracia en España, dejando de lado los postulados franquistas que él mismo llegó a prometer cuando Franco murió, requirió de un valor y de una destreza política que ha sido alabada dentro y fuera de nuestras fronteras.

No es de extrañar que muchos se definan como “Juancarlistas”, aunque no monárquicos, valorando la figura y la importancia de Don Juan Carlos en el pasado más cercano de este país, en el presente y también en el futuro, en el que su hijo Felipe tendrá que sucederle en la Corona. Su carácter moderado, su sencillez y cercanía a los ciudadanos se reflejan en las encuestas donde la monarquía, como institución, tiene una gran aceptación por parte de los españoles, y mucho más valorada que la clase política, que se ha convertido en las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en una de las principales preocupaciones para los españoles.

Ahora bien, admitamos que en el caso concreto de España la monarquía ha servido, ha sido útil en un momento determinado de la historia, pero ¿quiere decir esto que sea la forma de gobierno que debe imperar en las próximas décadas? La pregunta no cabe hacérsela para un futuro inmediato, el Príncipe Felipe cuenta casi, o quizá más, con la misma aceptación ciudadana que su padre; pero sí habría que plantear un futuro donde la monarquía en España, y por extensión en el Mundo, desaparezcan.

Es difícil entender cómo un sistema democrático pueda contener y sustentar una institución tan poco democrática en sí misma como la monarquía, como ejemplo los modelos de sucesión que se aplican. Y es este es principal argumento con el que las monarquías se enfrentarán en las próximas décadas en un mundo cada vez más globalizado y donde se pueda concebir esta institución como un auténtico anacronismo dentro de la evolución de las sociedades modernas.

Una de las mayores críticas que recibe nuestra monarquía es el despilfarro que supone para las arcas del Estado mantener a la familia real y todo su séquito. Pero siendo rigurosos, la monarquía española es de las más austeras de Europa. El presupuesto de la Casa Real vendría a salir a unos 20 céntimos aproximadamente por español. La monarquía británica le sale a cada ciudadano alrededor de 90 céntimos. Monarquías como la sueca le cuesta a cada súbdito algo más de un euro. Para el próximo año, la Casa Real española tendrá un presupuesto de 8,9 millones de euros, entre un 7 y 9 por ciento menos que 2010. La monarquía británica contará con 48,6 millones de euros y la holandesa con 39,6 millones.

Si lo comparásemos con las repúblicas, considerando el presidente de la república como el jefe de Estado, los presupuestos varían teniendo en cuenta la capacidad y funciones que se les otorga. No es lo mismo repúblicas presidencialistas como las de Estados Unidos o Francia, que repúblicas como las de Italia, Portugal o Alemania, donde la figura del presidente de la república tiene un papel más similar a lo que representa nuestro monarca. En 2010 la asignación para la jefatura del Estado de la república italiana era de 228 millones de euros, mientras que la francesa ronda los 112 millones y en Alemania unos 20 millones.

Analizando los datos anteriores, no creo que se pueda atacar por el aspecto económico a la Corona. Sí desde un punto de ideológico o puramente por ser una institución que podríamos denominar anacrónica, anclada en unos principios originarios que para nada tienen que ver con nuestro tiempo. También quiero recalcar que pese a no estar de acuerdo con la monarquía como institución, no me importa que nuestro país esté representado como jefe de Estado por Don Juan Carlos, ni tan siquiera, probablemente, por su hijo. En cualquier caso los preferiría a ellos que tener como jefe de Estado a Rodríguez Zapatero, pongamos por ejemplo.

EL GOBIERNO ESPAÑOL Y LA ENCRUCIJADA DEL SÁHARA

Diez días después del desalojo por la fuerza del campamento de protesta saharaui en El Aaiún por la cuerpos de seguridad marroquíes y donde, por ciento, aún desconocemos por fuentes objetivas lo que verdaderamente ocurrió, el Gobierno español continúa sin condenar de manera clara y contundente la actuación de Marruecos. 

Amparado en el desconocimiento de esos datos objetivos respecto de lo sucedido el 8 de noviembre por la mañana, la diplomacia española tiende a repetir el mensaje programado a lo largo de este conflicto: “España siempre defiende la libre autodeterminación del pueblo saharaui”. Incapaz de criticar el veto a los medios de comunicación por parte de las autoridades marroquíes para cubrir y contar lo que allí sucede, ni tan siquiera cuando Marruecos insulta a los medios de comunicación españoles, la diplomacia de este país parece estar más cerca de los postulados marroquíes que de lo que tradicionalmente ha defendido la izquierda en España; también algunos que ahora están en el Gobierno y que se rasgan las vestiduras cuando en otras partes del mundo se violan flagrantemente los derechos humanos.

Estos son los dos elementos con los que está jugando el Gobierno español, la falta de datos objetivos sobre lo que ha pasado y la manida frase de la defensa del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Pero eso no es lo que se le pide. Al Gobierno español se le pide condenar lo que está siendo una violación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y una violación sistemática desde hace años de lo establecido por la ONU. Ni tan siquiera ha tenido valentía para denunciar la muerte de un ciudadano español, como si ser saharaui y además ser español fuese considerado de segundo nivel.

El Ejecutivo de Zapatero quiere adoptar una postura imparcial, pero aquí no se puede ser imparcial cuando los derechos humanos están siendo pisoteados. Ser diplomático no quiere decir ser imparcial, sino saber manifestar con los mecanismos oportunos de los que hace gala un país en las relaciones internacionales la oposición sobre una cuestión si así se requiere. España está en la Unión Europea, donde también está Francia, tradicional aliado de Marruecos, y mantenemos excelentes relaciones con Estados Unidos, otro de los grandes valedores de Marruecos. Entonces, ¿qué hacemos?

España tiene una deuda histórica con el pueblo saharaui. Quizá después de 35 años de la salida de España del Sáhara, en los últimos días de vida de Franco donde se dejó literalmente “tirados” a los saharauis, se mire con distancia y frialdad el problema de esta región vecina de Canarias. Sin embargo, la obligación moral sigue estando ahí, y España no puede mirar para otro lado y dejar hacer a Marruecos por temores inconfesados por el Gobierno, pero conocidos por todos.

Menciono de pasada el papel de la ONU, lamentable hasta la fecha. Un operativo desplegado en la zona, la MINURSO, para no hacer absolutamente nada. Ni tan siquiera capaz de movilizarse para recabar datos “objetivos” sobre lo que pasa en El Aaiún. ¡Claro!, Marruecos no deja, política de hechos consumados.

EL SÁHARA. Y AHORA ¿QUÉ?

Hace poco advertí que la situación de tensión en el Sáhara Occidental, entre la población saharaui y Marruecos, iría en aumento y que esperaba que la intervención de la comunidad internacional no fuese tarde y mal.

El campamento de protesta levantado en las proximidades de El Aaiún, hace cerca de un mes, era una muestra más del malestar del pueblo saharaui por el trato recibido de las autoridades marroquíes. Y no estamos hablando únicamente de cuestiones políticas, que también, si no de cuestiones fundamentales de condiciones de vida, de primeras necesidades, del  olvido sistemático de Marruecos de los ciudadanos de Sáhara.

Lamento decir que tenía razón: la comunidad internacional llega tarde y seguro que lo hará mal.  Después de la muerte hace unas semanas de un joven saharaui tiroteado por las fuerzas de seguridad marroquíes, digamos en extrañas circunstancias, este lunes, 8 de noviembre de 2010, pasará por ser uno día “negro” para el pueblo saharaui, pero también para todos los países que miran de manera pasiva lo que allí acontece sin mover ni un dedo. 

El derramamiento de sangre con víctimas mortales en un número incierto hasta el momento, puede dar paso a un conflicto bélico abierto reeditando el enfrentamiento entre el Frente Polisario y Marruecos desde 1975 y que en 1991 se saldó con un acuerdo de alto el fuego y el compromiso de la ONU de auspiciar un referéndum en el que el Sáhara Occidental tuviera la oportunidad de decidir el futuro estatus del territorio.

Nuevo fracaso de la ONU que ha sido incapaz de gestionar este conflicto, como tantos otros. En ocasiones como esta cabe preguntarse ¿para qué la ONU? Y eso mismo es probablemente lo que se pregunta el pueblo saharaui.

Pero en este conflicto si hay alguien que tiene que adoptar “ya” una postura firme y no estar con tibiezas es el Gobierno español, más aún, España como Estado. El problema saharaui no puede estar sometido al albur del Gobierno en cuestión que esté en el poder. Debe haber una posición única, clara e inequívoca  de los dos grandes partidos con opciones de gobernar este país, y una respuesta en común ante Marruecos.

La solución no es fácil, el pasado del Frente Polisario está ahí, España lo sabe bien. Marruecos dista mucho de ser un país democrático y su situación geopolítica lo convierte en un aliado clave para Estados Unidos. Argelia juega también su papel como histórico enemigo de Marruecos. Pero hay una resolución de la ONU que instaba a la celebración de un referéndum que todavía no se ha producido y unos derechos humanos que no se pueden violar y pisotear con impunidad por parte de las autoridades marroquíes. 

Qué decir de Canarias, la cercanía de un conflicto es ahora lo que menos interesa al Archipiélago y somos los primeros en esperar que se pueda llegar algún día a un acuerdo para la pacificación de la zona. Hoy en día numerosas son las muestras de apoyo constantes desde asociaciones canarias en solidaridad con las reivindicaciones saharauis. Niños y niñas vienen todos los veranos a pasar las vacaciones de verano con familias canarias, muchos incluso son tratados de sus enfermedades en las Islas. 

Recordemos que por mucho que convenga tener buenas relaciones con Marruecos, eso que se ha llamado “relaciones de buena vecindad”,  por asuntos como la inmigración o el supuesto control de lo que es el islamismo radical, no se puede estar tragando y pasando por alto los excesos de Marruecos, no tan sólo en el problema saharaui, sino en otras cuestiones.

Y ahora, ¿qué?