LA BURBUJA Y LA CORRUPCIÓN

La burbuja del sector inmobiliario en España ha provocado muchos males que estamos pagando con creces, unos más que otros, todo hay que decirlo. Constructores, promotores, banqueros, son algunos de los grupos más beneficiados del desmadre de este sector en nuestro país que cabalgó a sus anchas durante varios años. Pero para ello tiene que haber un actor imprescindible que dé lugar a este crecimiento desmesurado, coyuntural y ficticio. La administración pública facilitó con su mala actuación y su poco rigor y control que todo se fuese de las manos, más aún cuando los propios políticos vieron el filón de sacar tajada en beneficio propio. Por algo 35 ayuntamientos del Archipiélago canario cuenta con algún caso de corrupción urbanística.

La responsabilidad política es clara, pero no caigamos en el error de mirar solo para el político. Los ciudadanos hemos sido en muchas ocasiones permisivos con este tipo de actuaciones no castigando en las urnas al político con imputaciones gravísimas que, sin embargo, era votado por mayoría. Los ciudadanos tenemos que hacer también autocrítica y que la situación actual nos sirva de ejemplo para no cometer errores del pasado. Tenemos que volvernos exigentes con nuestros políticos y dejar bien a las claras que a la política se va a servir no a servirse. El que no esté dispuesto a ello, que se quede en su casa o no se meta en política.

Comentario aparte tiene los propios partidos políticos con sus integrantes cuando estos están bajo sospecha de corrupción. No deja de sorprenderme un hecho reciente en Telde, aunque la capacidad de sorpresa cada vez es menor por la falta de vergüenza que tienen algunos o algunas de nuestros políticos, exigentes con los demás, pero tremendamente laxos con los suyos. La Fiscalía de Canarias ha solicitado cinco años de prisión para la alcaldesa de Telde, María del Carmen Castellano, por malversación, fraude y falsedad, no obstante desde su propio partido (Partido Popular) se afanan en decir que Telde “no puede estar en mejores manos”. Este comentario, dicho por la diputada regional del PP Mercedes Roldós, muestra bien a las claras lo mucho que están los políticos de aprender la lección y la falta de respeto más absoluto por la labor de la Fiscalía.  

LA AMENAZA DE AZNAR

La entrevista al expresidente José María Aznar en Antena 3 Televisión ha sido portada en todos los medios de comunicación y tema de debate en tertulias de análisis político y de actualidad. De todas las afirmaciones realizadas por Aznar, una ha provocado especial inquietud en la política nacional, no solo en la oposición, que le tiene respeto porque son conocedores de la capacidad de liderazgo de Aznar y de su tirón electoral, sino también en las propias filas populares.

De las críticas de la oposición se desprende más bien temor. El miedo a que regrese el que sacó a España de una situación delicada cuando entró a gobernar, si bien las críticas se centren más en sus últimos años de gestión y en la desastrosa idea de meter a España en aquel conflicto de Irak, haciendo seguidismo a la política de George W. Bush, y desoyendo a muchas voces dentro del propio partido y de la mayoría de los ciudadanos de este país. Pero en el PP también se ha producido cierta incomodidad. Aznar no solo abrió la posibilidad de regresar a la política activa, sino que lanzó críticas directas al Gobierno de Rajoy, muy duras por cierto.

No es comparable. La situación que se encontró Aznar cuando llegó al poder en 1996 nada tiene que ver con la situación actual de profunda crisis económica en la que se entremezclan muchos factores: la crisis financiera, el déficit público, la política de austeridad impuesta por la Unión Europea, el estallido de la burbuja inmobiliaria. Una mezcla de causas que han desembocado en un escenario desalentador cuya máxima expresión son los más de seis millones de parados. Y es que, precisamente, Aznar pudo echar mano de esa burbuja para salir de la compleja situación económica que España tenía en el 96. La construcción se convirtió en el sector estrella e impulsor de la economía de este país. Fue el principio de la burbuja que nos ha traído ahora tantos males. El problema en estos momentos es buscar un sustituto a este sector que acaparó tanta mano de obra. Quizá el señor Aznar tenga la respuesta y lo guarde celosamente, pero me temo que desde la barrera es fácil hablar.

COMEDORES ESCOLARES EN VERANO, UNA NECESIDAD

El anuncio realizado por el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, en el último Debate de la Nacionalidad Canaria, de abrir cerca de 200 colegios este verano, con el objetivo de abrir también los comedores escolares e impulsar, por otra parte, el aprendizaje de idiomas, ha vuelto a ser tema de enfrentamiento político donde jamás debe haberlo al tratarse de la delicada situación por la que pasan miles de niños del Archipiélago que, por duro que resulte reconocerlo, tienen dificultades para comer, algo que parece difícil de concebir tan cerca de nosotros, pero que, sin embargo, ocurre. Directivos y profesores de algunos colegios son conocedores de primera mano de los problemas reales por los que pasan en estos momentos muchas familias canarias y cómo pueden verse aliviados, por ejemplo, con los comedores escolares.

Podemos criticar que el presidente del Gobierno de Canarias haya anunciado la idea sin tener todos los cabos bien atados, por lo complejo que es poner en funcionamiento los colegios en verano, entre otras cuestiones, las relativas al personal, organización de la logística necesaria para llevar a cabo los proyectos o el alumnado que entrará en estos programas. Muchos aspectos que sin lugar a dudas deberían haber sido consultados con todos los agentes y administraciones implicadas. Podemos incluso criticar que Paulino Rivero buscaba un golpe de efecto político en el Debate de la Nacionalidad y que su anuncio soltaba un ligero tufillo a improvisación. Pero más allá de ello, hay una realidad que se impone a toda consideración política: Canarias fue la comunidad donde más creció la pobreza entre 2008 y 2011, un 21 %, casi el triple de lo que lo hizo en el conjunto de España (8 %). Además, la tasa de paro de larga duración (más de un año desempleado), que mide la exclusión social, se ha multiplicado por 7 entre 2006 y 2013, y es más relevante en Canarias. A estos datos podemos seguir sumándoles otros como el número de familias con todos sus miembros en paro o el de parados que no cobran ningún tipo de ayuda ni subsidio.

Si estos datos no se merecen que la idea de abrir los comedores escolares en verano salga adelante, los políticos que busquen excusas para ello se han equivocado de profesión. Argumentos como los esgrimidos por algunos ayuntamientos, gobernados por cierto por el PP, son una burla a la inteligencia. Pueden criticar al presidente del Gobierno de que no era esa la forma de anunciarlo, que debía de haber hecho la propuesta previa reunión con todos los implicados, pero una vez realizada esa crítica, al minuto siguiente estar mostrando la plena disposición para ponerla en práctica. Evidentemente no es la solución al problema de raíz que tiene la sociedad canaria, pero muchos niños y familias lo agradecerán. 

UNA LEY ABOCADA AL FRACASO

Hemos asistido este jueves a numerosas manifestaciones y a una huelga general en la educación pública en contra de la Lomce (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), una ley que el Gobierno de Mariano Rajoy ya ha dicho que aprobará este mes de mayo. Más allá de los pros y contras de esta nueva normativa que regulará en los próximos años uno de los aspectos más importantes de una sociedad, me atrevo a decir que es una ley condenada al fracaso. Una ley que debe marcar los principios fundamentales y básicos del sistema educativo, que posibilite personas y profesionales capaces, que enseñe en valores y conocimientos, que retome la autoridad del profesor y que deje de lado la burocratización a la en los últimos años ha tendido la labor docente, son algunos puntos que solo se conseguirán si se parte de un gran acuerdo entre las dos únicas fuerzas políticas capaces de gobernar en este país: PP y PSOE.

Si el partidismo y la ideología prevalecen sobre el interés de los alumnos, de las familias y, en general, del bien de la sociedad, para confeccionar una legislación bajo el paraguas ideológico de aquel quien la promueve, sin capacidad de ceder en sus pretensiones, la educación española está condenada a repetir sus males. Estamos hablando de un aspecto de la sociedad lo suficientemente importante para que cuando se inicie un proceso de negociación, la ideología y el partidismo se quede en la puerta. Solo así se conseguirá dar el primer paso para lograr, de una vez, un sistema educativo del que al menos no tengamos que avergonzarnos.   

Si alguien piensa que el estado de nuestra educación, incluso sin los recortes motivados por la crisis económica, es bueno, se equivoca rotundamente. Y no solo necesita inversión, para algunos la solución de todos los males de la educación. El problema va más allá de la inversión y se enraíza en la propia consideración social de la educación, su valor social, denostado por la prevalencia de la consecución del éxito efímero, de la vida fácil y ociosa, de la rentabilidad a corto plazo.

LAS CIFRAS DE LA VERGÜENZA

Mientras algunos se complacen de que ciertas cifras de la macroeconomía española mejoran, la realidad se nos ha mostrado hoy con la crudeza de unos números que provocan vergüenza. Los datos de la EPA, Encuesta de Población Activa, situó el paro en España en 6.202.700 desempleados, el 27,16 por ciento, el paro juvenil supera el 57 por ciento y el número de hogares con todos sus miembros en paro alcanzó 1.906.100 en el primer trimestre del año. Pero la peor parte se la lleva Canarias, con una tasa de paro que se situó en el 34,27 por ciento y casi la mitad de las familias con todos sus miembros en paro.

Sin lugar a duda son cifras para la vergüenza, para la vergüenza de aquellos que continúan aplicando políticas que lo único que provocan es un mayor deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos, pobreza, miseria y desesperanza. Amparados en las grandes cifras de la economía, olvidan los millones de parados, de vidas truncadas y frustradas ante un porvenir negro, de jóvenes que deben salir del país porque no tienen ni presente ni futuro económico, de miles de trabajadores que viven con la incertidumbre diario de si él será el siguiente.

Y mientras todo eso ocurre, el Gobierno de España, siguiendo las directrices europeas, pretende aún apretarnos un poquito más aludiendo a que el sacrificio presente será por el bien futuro. Pero es que ya no creemos en el bien futuro, Europa está fracasando en su política para con los ciudadanos. La Europa de los ciudadanos ha dejado de existir y ha dado paso a una Europa burocratizada que sigue el ritmo de los mercados financieros y las grandes cifras macroeconómicas. Lo más surrealista es que aquellas instituciones que piden aún más esfuerzos a España para salir de la crisis económica con más reformas y recortes, piden además aplicar medidas concretas para paliar las cifras de paro. Lo uno conlleva a lo otro, pero Europa parece que no se entera o no se quiere enterar.

INCERTIDUMBRE EN VENEZUELA

El escaso margen con la que el candidato chavista Nicolás Maduro ha ganado las elecciones de Venezuela abre un futuro incierto para el país. Por un lado, la sombra de sospecha sobre el resultado electoral, rechazado por la oposición que ha solicitado un recuento de los votos y, en segundo lugar, la debilidad de Maduro dentro del propio partido después de un resultado, en principio, lejos de lo esperado.

La rapidez con la que se ha llevado a cabo la proclamación de Maduro como nuevo presidente de la república siembra aún más de sospechas los resultados. La falta de transparencia ha sido señalada incluso por organismos internacionales, pero todo parece indicar que la fractura social y política en Venezuela se ha ahondado en un momento clave para el país.

No es de extrañar que Maduro ejerza un poder aún más autoritario que el de Chávez; a mayor debilidad personal, más contundencia en el ejercicio del poder. Venezuela con un 12 por ciento de déficit en las cuentas públicas, con una producción de petróleo que ha descendido en los últimos años, su particular gestión del oro negro para crear un clientelismo político en Latinoamérica, el desabastecimiento de algunos productos, la creciente inseguridad ciudadana, la inflación del 30 por ciento, se le suma ahora la fractura social entre los seguidores y detractores del chavismo que puede ir creciendo y ahondando en su radicalidad. De continuar esta senda económica y política, Venezuela dará al traste con algunos avances sociales que sí ha logrado el chavismo, aunque quizás a un precio que le puede pasar factura. No se puede entender un desarrollo social sin la mejoría en la economía de un país.

Durante la campaña electoral, Maduro ha dejado bastante que desear. Ha intentado convertirse en una réplica de su mentor sin aportar nada de sí mismo, a lo mejor porque no lo tiene. Sin hablar del esperpento de alguna de sus intervenciones públicas que quedarán para la historia. Después de todo, puede que el enemigo de Maduro no esté en la oposición y sí dentro de su propio partido.

REPLANTEAR LA MONARQUÍA

La Corona, como institución, ha gozada de un elevado prestigio en nuestro país. Los logros en la transición a la democracia del rey Juan Carlos I siguen siendo hasta la fecha uno de los grandes valores que ostenta el monarca, además de su aparente cercanía con los ciudadanos en los actos públicos. Cercanía en los actos públicos que, sin embargo, deja bastante que desear en sus actos privados. El grave error de la famosa cacería no deja de ser una anécdota dentro de la poca transparencia que ha existido hasta ahora en los quehaceres de la familia real. La grave crisis por la que atraviesa España no solo se reduce al ámbito de lo económíco, sino que ha salpicado a instituciones como la Corona o los partidos políticos.

Las andanzas de su yerno Iñaki Urdangarin, la imputación de la Infanta Cristina, la relación de Corinna con la monarquía, junto a otros temas que se acumulan en el tiempo, han producido una progresiva desafección de los ciudadanos por la monarquía. Si la Corona era la institución más valorada por los españoles hasta hace relativamente poco tiempo, ahora nos encontramos con todo lo contrario, y mucho se debe preocupar la Casa Real en este hecho. Una monarquía sin respaldo social deja de tener sentido por grande que haya sido su labor en el pasado.

La cuestión de la abdicación no está sobre la mesa, por el momento, pero si el desgaste de la institución continúa, unida al deterioro de la salud del rey, no cabe descartar que en el plazo de un par de años, y una vez este país retome una normalidad que se resiste a llegar, podamos tener alguna noticia al respecto.

LA POLÉMICA DEL 'ESCRECHE'

Los ciudadanos estamos cansados de ver cómo la situación de crisis se ceba con los más desfavorecidos, creando situaciones injustas poco entendibles en las circunstancias actuales. La polémica con las preferentes y los desahucios son dos ejemplos de esta perversión del sistema que sufren muchos españoles y que tienen dos elementos comunes: los bancos y los ciudadanos.

Ante todo ello la indignación ciudadana es comprensible. Las plataformas en contra de estas actuaciones han ido ganando en fuerza y en apoyo social, reclamando un cambio legislativo que proteja más al ciudadano ante la ferocidad de los bancos. Las protestas, manifestaciones, concentraciones ante viviendas que van a ser desahuciadas son dignas de mención. En todas ellas se observa un denominador común: familias muy humildes con condiciones de vida muy complicadas son obligadas a dejar su casa.

Ahora bien, considero un error que este tipo de movimientos entre en el juego de lo que se ha denominado como “escraches”, el acoso hasta en los domicilios privados de los políticos para influir en la toma de decisiones. Los políticos han dejado mucho que desear en esta crisis, de todos los colores, unos más que otros; cierto. La clase política en su conjunto no pasa por su mejor momento de valoración. Pero el punto de partida es diferenciar la esfera pública de la privada. Traspasar esa línea puede conllevar ciertos riesgos que una democracia no se puede permitir, sobre todo, porque son representantes públicos que han sido elegidos en las urnas.

Es cierto que la legitimidad no se gana solamente cada cuatro años, sino también con la acción directa de gobierno, pero traspasar la línea supone una violación del derecho fundamental de toda persona a su privacidad. Una cosa es abuchear o “montar el pollo” en los actos públicos, pedir y exigir a nuestros gobernantes decisiones en una dirección determinada,  y otra bien diferente hacerlo en el domicilio del político en cuestión, con sus familiares, amigos, o en cualquier otro escenario lejos de lo que es su vida como persona pública. Este tipo de actos es más o menos consentido en la medida que es ajeno a nosotros, no nos afecta directamente, y en la medida que se ve a los políticos como elementos sospechosos. Ahora bien, y si mañana no son los políticos, o no son solo los del PP, y comienzan también por otras formaciones políticas, o algún medio de comunicación, por ejemplo, que decida mantener una opinión discrepante sobre este u otro colectivo; también harán “escraches” para influir en su opinión.

LA NEFASTA ACTUACIÓN DE EUROPA EN CHIPRE

La actuación de las instituciones europeas en el asunto chipriota ha sido y es tan lamentable que una vez más están dejando claro y evidente la calidad de los políticos de la Unión Europea, guiados a saber por qué fin, que no es precisamente el de dar confianza y tranquilizar a los ciudadanos europeos. Lejos de ver el final de la crisis, parece que las instituciones europeas se empeñan en complicarlo cada vez más y en aplicar soluciones improvisadas que llevan a la confusión y la intranquilidad a los propios mercados, no digamos ya a los ciudadanos de toda la eurozona.

La falta de control sobre las entidades bancarias europeas por parte del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional y, en general, por todas las instituciones que deben velar para el buen funcionamiento del sistema, pone sobre la mesa una fácil reflexión: ¿qué coño han estado haciendo estos años?

Si la solución a estos problemas de la banca está en saquear las cuentas de los ciudadanos, en base a una presunta sospecha como hay en Chipre sobre blanqueo de capitales de precedencia rusa, qué argumento se esgrimirá en el caso de que este principio de actuación se extendiese a sistemas bancarios de otros países de la eurozona. Hasta qué extremo son capaces de llegar los políticos que velan por el euro. Serán capaces de financiar el rescate bancario quitando directamente dinero de los ahorros de ciudadanos honrados que han logrado con su esfuerzo y buen hacer en negocios o empresas acumular más de 100.000 euros. Visto lo visto, y la manifiesta incompetencia de las autoridades europeas, podemos esperar cualquier cosa.



LOS RICOS, UN 30 POR CIENTO MÁS RICOS

Un informe publicado estos días por Cáritas ‘Desigualdad y Derechos Sociales’ refleja lo que muchos podemos imaginar sin necesidad de informes, pero que ahora viene avalado por un estudio: la brecha entre las rentas más altas y las más bajas es cada vez mayor. El informe recoge que desde 2006 la diferencia entre las rentas más altas en España y las más bajas se ha incrementado un 30 por ciento; es decir, a la diferencia ya existente en 2006 se le suma un 30 por ciento más hasta nuestros días.

Y es que, según el informe, se trata de uno de los indicadores de desigualdad más altos de toda la Unión Europea que alerta del riesgo de fractura social que vive la sociedad española. Si este estudio se extrapolase a Canarias, nos encontraríamos, probablemente, con unos índices aún mayores, teniendo en cuenta que Canarias ocupa los últimos puestos en casi todos los indicadores económicos del país. Con una tasa de paro del 33 por ciento y los salarios más bajos de todo el Estado, no es difícil pensar que la diferencia en nuestras queridas Islas es aún mucho mayor que la que refleja este estudio para el conjunto de España.

No cabe duda, y no nos cabía a nadie, que si hay alguien que está pagando las duras consecuencias de esta crisis son las clases bajas, ahora convertidas en clases excluidas, y las clases medias, golpeadas por los recortes salariales, subida de impuestos y, en general, una pérdida de poder adquisitivo sin precedentes. Lo dicho, los ricos más ricos y los pobres más pobres.