A VUELTAS CON EL COPAGO SANITARIO

La actual situación de crisis ha puesto al descubierto las deficiencias de financiación del sistema sanitario en España. El debate del copago, es decir, que parte de la consulta a un médico sea pagado por la Administración y otra parte por el usuario, ha vuelto a surgir por las palabras del presidente de la Comunidad de Murcia, Ramón Luis Valcárcel.

No cabe duda que la sanidad pública la pagamos todos con nuestros impuestos, pero también que en ocasiones el uso irracional por parte de algunos pacientes puede justificar medidas como las del copago. La crisis económica y los ajustes presupuestarios han agravado la situación de los servicios públicos y, en consecuencia, que se piensen en medidas que puedan suponer una financiación extra al sistema.

El debate vuelve a surgir ahora, pero recordemos que el Consejo de Ministros de Economía de la Unión Europea, Ecofin, ha aprobado un informe que contiene una serie de recomendaciones en materia sanitaria para orientar a los gobiernos en materia de reducción de costes en un aspecto esencial como es el sanitario, entre esas recomendaciones, el copago.

Ahora bien, el copago debería ser la última medida a tomar. Antes de aplicarse una medida donde el paciente del sistema sanitario tenga que aportar un tanto por ciento del coste de la consulta, habría que buscar otras posibilidades de financiación. Un pago simbólico –un euro por consulta- que pueda suponer, no solo un ingreso extra para las arcas públicas, sino un elemento de concienciación del coste del sistema, podría ser una opción a analizar.

Pero, mientras, por ejemplo, en Canarias las dietas de los diputados autonómicos dupliquen lo que Sanidad paga a los canarios por desplazamientos de un paciente o acompañante que tenga que abandonar su isla para recibir algún tipo de tratamiento, o mientras no se establezca un sistema de financiación de los partidos políticos y sindicatos más austeros y con menos dinero público, no pueden nuestros dirigentes acometer medidas que ahondarán más en el descrédito de una clase política que toma decisiones aplicables a los ciudadanos, pero son reacios a tomar medidas que limiten su situación privilegiada.

LA CUESTIÓN LIBIA

El Consejo de  Seguridad de la ONU aprobó finalmente una resolución que daba vía libre a una intervención limitada en Libia, aunque con reticencias por parte de algunos países miembros del Consejo. La resolución, que fue apoyada por diez votos y otros cinco (Rusia, China, Alemania, Brasil e India) se abstuvieron, autoriza tomar "todas las medidas necesarias" para proteger a la población civil libia de los ataques de las tropas de Muamar el Gadafi y establecer una zona de exclusión aérea sobre el país. La operación, denominada “odisea del amanecer”, se puso en práctica el sábado con los primeros bombardeos selectivos por aviones franceses. 

El efecto de las revueltas en Túnez, que terminó con la salida del poder de Ben Alí, y posteriormente la claudicación de Hosni Mubarak en Egipto, llegó a Libia donde se encontró con un tirano en el amplio sentido del término que no cedió ni un momento en su afán por continuar en el poder, utilizando para ello todo los métodos a su alcance, incluso el bombardeo de los insurgentes. Este es, presuntamente, el principal motivo que ha llevado a la comunidad internacional a establecer, con el amparo de Naciones Unidas, un espacio de exclusión aérea que permitiese a los rebeldes el progreso en su ofensiva contra el régimen de Gadafi. Tan solo tres días después del inicio de la misión ya se producen en el seno de la coalición las primeras fricciones. Francia ha querido tomar el mando de las operaciones, quedando en un segundo plano Estados Unidos. Varios son los países que participan en esta operación, entre ellos España, y ya se ha sugerido que sea la OTAN la que comande las acciones que se realizan en Libia, afirmación que no ha gustado nada a Francia. La Liga Árabe también mostró su apoyo a la resolución de la ONU, pero poco después se mostró crítica con los primeros bombardeos por considerar que no persiguen establecer, como ordenaba la resolución de la ONU, un espacio de exclusión aérea. El secretario general de la Liga Árabe, Amr Moussa, argumentó que lo que los países árabes quieren es "la protección de los civiles no el bombardeo a otros civiles". A su juicio, la protección de la población civil no requiere de operaciones militares. Difícil de entender la posición ahora de la Liga Árabe si la resolución es clara al indicar que se tomarán las medidas necesarias para el fin y objetivo encomendado. Además, en toda acción militar hay víctimas, por muy quirúrgica que quiera realizarse, y los daños colaterales son difíciles de evitar, en consecuencia,  hay que contar, desgraciadamente, con la muerte de civiles. 

Los antecedentes de operaciones militares con similares características nos dejan un panorama bastante sombrío. En Irak, criticable guerra que contó con un amplio rechazo político y popular, el fin era acabar con el tirano, Sadam Husein,  que, más allá de la tenencia o no de armas de destrucción masiva, fue un dictador que entre algunos de sus logros tuvo el de gasear a miles de chíitas (niños, adultos, ancianos, hombres y mujeres) o acabar con toda facción ideológica que pudiera suponer una amenaza para continuar en el poder. Irak quedó sumido en el caos y después de ocho años es un país con una profunda inestabilidad política y donde los atentados de grupos extremistas se suceden cada semana dejando un reguero de muertos. Y Afganistán es ahora mismo otro de los puntos negros que tiene la comunidad internación. Después de casi diez años no se ha podido acabar con la resistencia talibán y las fuerzas internacionales desplegadas en el país barajan ya una retirada en fechas no muy lejanas. Holanda ya lo ha hecho, Polonia lo hará en breve, incluso Estados Unidos baraja una retirada para 2014 dejando en manos de las fuerzas afganas la seguridad del país. O mucho cambia o estaremos ante otro Irak. 

La cuestión que surge es por qué se ha decidido intervenir en Libia. Parece que a la comunidad internacional le ha dado un interés desmesurado por democratizar todos los países bajo tiranías y dictaduras. Además, está la protección a los civiles que están siendo masacrados por el régimen. Estos son, en síntesis, los dos aspectos que motivan la intervención, pero cuántos países no entrarían en estos supuestos. Yemen, Bahréin, el dramático caso de Sudán, las dictaduras de Corea del Norte o Cuba, por poner algunos ejemplos. Qué difícil se le pone al ciudadano creer en este tipo de argumentos cuando hace tan solo unos meses Gadafi se paseaba amistosamente con los que ahora le bombardean.

ACUERDO EN AENA

Es de agradecer por el bien de los ciudadanos, del sector turístico y, en general, de la maltrecha economía de este país, que los sindicatos y Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) hayan llegado a un principio de acuerdo que queda pendiente de la ratificación de las federaciones de los tres sindicatos (CC.OO, UGT y USO) y, posteriormente de las asambleas de los trabajadores, aunque todo indica que el conflicto puede quedar cerrado. 

Pese a este acuerdo, quiero recordar que la gestión de los aeropuertos de Barajas (Madrid) y El Prat (Barcelona) continúan con el proceso que llevará antes de finalizar el año a la publicación del concurso público para la gestión de ambos aeropuertos en la modalidad de concesión. Y en este caso, la conflictividad puede quedar abierta. 

Cabe preguntarse, visto lo visto, si era necesario por parte de los sindicatos anunciar una huelga con las características demoledoras que conllevaban las 22 jornadas de paro repartidas en Semana Santa y vacaciones de verano, poniendo en jaque al sector turístico y la imagen exterior que se daba de inseguridad para viajar a España –especialmente la prensa británica se hizo eco de la noticia-. El dañó puede ser irreparable o no, el tiempo lo dirá; pero todo parecía indicar que con esa convocatoria de huelga se quería meter el miedo en el cuerpo y quizá se haya conseguido en parte de muchos que tenían a España y Canarias como destino de sus vacaciones. 

También cabe preguntarse por la postura de AENA y del Ministerio de Fomento en dejar derivar el problema suscitado entre los trabajadores del ente público, hasta el aviso de una huelga desmesurada en su planteamiento.  No se puede convertir la amenaza en el punto de partida de una negociación. La pregunta que me hago es si no se podría haber llegado a un acuerdo sin necesidad de plantear una huelga, más cuando las partes estaban condenadas a entenderse.  Los sindicatos están utilizando en algunas ocasiones el derecho de la huelga como objetivo de sus reivindicaciones y no el diálogo y la negociación para la solución de los conflictos laborales, dejando la huelga como último recurso. 

Asimismo, AENA y Fomento no pueden anunciar una medida que desde un principio contó con el rechazo y la oposición de los sindicatos por la incertidumbre laboral que suponía, sin abrir una vía de diálogo y de negociación de las condiciones de los trabajadores motivadas por el cambio de modelo y la privatización parcial del ente público.

El asunto canario, como Archipiélago, es concreto y significativo. El transporte aéreo para los canarios es fundamental en el desarrollo, cohesión y movilidad social. Es un medio de transporte necesario para la conectividad archipielágica que no puede verse supeditada a factores  y condicionantes laborales que impiden el derecho de todos los canarios a movernos libremente. El tema de Canarias continúa sin resolverse y la participación de las instituciones canarias en la gestión de los aeropuertos de las Islas es una cuestión que debe analizarse, así como las medidas extraordinarias en situaciones como la provocada por los controladores el pasado mes de diciembre. 

Repito, todos nos debemos congratular por el acuerdo alcanzado, pero las formas dejan bastante que desear por unos y otros.

EN CANARIAS TAMBIÉN NIEVA

No es normal ver caer tal cantidad de nieve en las Islas Canarias como en estos dos últimos días. Las temperaturas han sido las más bajas de los últimos 40 años. En las cumbres de Tenerife, La Palma y Gran Canaria la imagen era más similar a la de países del centro de Europa que a la típica estampa del Archipiélago canario. La cota de nieve llegó a bajar a los 900 metros en algunos puntos de Tenerife.

JAPÓN NO PUEDE CON LA NATURALEZA

Si hay un país en este planeta que esté mejor preparado para afrontar catástrofes naturales, no cabe duda que este es Japón. Pero ante la fuerza de la naturaleza en su máxima expresión está claro que todos los medios humanos posibles son insuficientes. El terremoto de 8,9 grados en la escala Richter, el peor registrado en el país en toda su historia, con el posterior tsunami ha arrasado buena parte de la costa de Japón causando un número de víctimas mortales indetermando pero tan devastador como aquel otro seísmo que en 1923 causó la muerte de 143.000 personas y que cambió de manera radical la mentalidad de la población. A partir de entonces, una de las mayores preocupaciones de Japón ha sido procurarse la mayor seguridad ante las catástrofes naturales. 

Japón está ubicado en una de las zonas sísmicas más activas del mundo y los terremotos de gran intensidad son relativamente frecuentes aunque, por lo general, no suelen causar graves daños debido a la estricta normativa en vigor para la construcción de edificios. Fue el 1 de septiembre de 1923 cuando un terremoto con 7.9 de magnitud en la ciudad de Kanto dejó 143.000 muertos y motivó que a partir de esa fecha la construcción de las infraestructuras del país se realizó pensando en resistir los continuos temblores que, sin embargo, en ocasiones ha seguido dejando víctimas mortales. El sismo más grave ocurrido en Japón en años recientes se registró en Kobe (oeste del país) el 17 de enero de 1995, con una magnitud de 7,3 grados en la escala de Richter, y causó más de 6.000 muertos. El de hoy no sólo es el más grave en la historia de Japón, sino unos de los más intensos registrados hasta la fecha por el hombre. 

Hace dos meses se cumplía un año del terremoto de Haití que dejó el país sumido en la mayor de las miserias. El terremoto de 7.3 grados en la escala de Richter destruyó el 70 por ciento de la capital haitiana, Puerto Príncipe. Según los expertos el seísmo fue 35 veces peor que la bomba de Hiroshima lanzada por Estados Unidos en 1945 que causó la muerte instantánea de unas 70.000 personas y devastó la ciudad japonesa. El terremoto de Haití el 12 de enero de 2010 dejó cerca de 250.000 muertos.

La naturaleza reacciona con toda su fuerza y ante esta situación el hombre poco puede hacer. Sí está en nuestras manos el evitar en lo posible que la acción humana dañe de manera irracional el medio natural, el mismo en el que desarrollamos nuestra vida. Podemos esforzarnos por evitar la contaminación de los ríos, mares, lagos; buscar un uso racional de las energías, disminuir las emisiones de CO2 a la atmósfera, fomentar las energías limpias. Podemos preservar las maravillosas especies que habitan este planeta y que se encuentran en peligro de extinción, todo ello sin entrar en excesos demagógicos  ecologistas. Pero cuando la naturaleza muestra su cara más dura, nos encontramos desbordados y la tragedia se cierne allá donde se manifiesta.

AENA: UNA HUELGA CON SAÑA

En la primera toma de contacto entre AENA y los sindicatos convocantes de las 22 jornadas de huelga en AENA para Semana Santa y verano no se ha llegado a ningún acuerdo. La incertidumbre está una vez más anclada en uno de los sectores que en los últimos años ha sido de  los más conflictivos. No ha habido periodo vacacional que no haya estado salpicado por huelgas de pilotos, controladores, tripulación de cabina, trabajadores de handling y ahora la que se avecina con los trabajadores de AENA por la privatización parcial de ente público y la concesión para la gestión de los aeropuertos de Barajas y El Prat.

En primer lugar, el daño ya está hecho. El mero anuncio de la huelga y especificando, con saña, los días donde se producirán los paros –principales días del periodo vacacional- ya ha provocado el efecto perverso de sembrar la duda sobre los interesados en elegir España y el Archipiélago canario como destino de sus vacaciones estivales. 

El derecho a la huelga está recogido en la Constitución española, nada que decir al respecto, pero hay muchas maneras de llevarla a cabo. En este caso, si puede hablarse de huelga abusiva, como se hace en ocasiones con los servicios mínimos, podemos emplear perfectamente el término. Incide las jornadas de paro en los días claves de movimiento de pasajeros en los aeropuertos españoles. Si eso no es mala lecha que venga Dios y lo vea. De nuevo los ciudadanos nos convertimos en moneda de cambio para las negociaciones entre empresa y trabajadores. 

España vive una profunda crisis y Canarias, con los peores datos de desempleo de todo el país, ha visto como el pasado mes de febrero se confirmaba la recuperación en el sector turístico, principal fuente económica del Archipiélago. Los datos fueron los mejores desde hace quince años. La buena marcha de economías como la alemana, principal país de origen de una buena parte del turismo que viene a las Islas, junto con la crisis política en los países del norte de África que ha motivado que parte del turismo tradicional de la zona se desvía hacia Canarias, ha posibilitado esas espectaculares cifras. Pero la recuperación de este sector puede verse gravemente afectada por la incertidumbre que vuelve a crear el anuncio de huelga en AENA. Los sindicatos CC.OO y UGT, por ser los mayoritarios, parece que están más por la labor de frenar la recuperación del sector, y en general de la economía española, que por impulsar condiciones que puedan ayudar a mejorar la coyuntura económica del país. CC.OO y UGT, junto con USO, son los convocantes de la huelga en AENA. Tras la motivación laboral, que puede entenderse, hay también una motivación ideológica: el descrédito y la demonización a todo lo que suene a privatización.  

Argumentar, como lo hacen los sindicatos, que con la privatización parcial del ente público se provocará mayor inseguridad en los aeropuertos y que la calidad de los servicios bajará es una falacia tal y como que hay empresas públicas cuya gestión deja bastante que desear y están lejos de prestar unos servicios de calidad. No siempre lo público es igual a calidad y eficiencia, ni lo privado a dejadez y pérdida de calidad. Legítima la inseguridad laboral de los trabajadores por el cambio de modelo, no la discuto, pero una vez más las formas no son las adecuadas, no se puede jugar con los ciudadanos de esta manera a sabiendas que es un sector estratégico donde puedes usar este factor para presionar. Todo tiene un límite, y tengo la impresión de que se está sobrepasando.

EL PARO SE CEBA CON CANARIAS

Un mes más el paro nos deja unas desalentadoras cifras en Canarias. El pasado mes de febrero en el Archipiélago canario cerca de 3.000 personas -2.885 para ser precisos- se quedaban sin empleo. En todo el Estado el número de parados el pasado mes ascendió a 68.260 personas, lo que supone que en España la cifra de personas que no trabajan ronda ya los 4,3 millones, según los datos registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem). El Ministerio de Trabajo, sin embargo, no tiene en cuenta los parados que están en cursos de formación, así como otros que indican en su solicitud condiciones especiales de trabajo. 

En realidad podríamos estar hablando de una cifra que supere los cuatro millones y medio de desempleados, a todo ello agravándose la situación si tenemos en cuenta que el número de familias que tienen todos sus miembros en paro supera el millón. Dicho con la frialdad de los números ya parece dramático, pero pensemos que detrás de esas cifras hay personas que sufren diariamente las consecuencias, que ven con impotencia cómo no entran recursos económicos a sus casas y cómo deben acudir a familiares o asociaciones de ayuda para poder salir adelante. Durante 2010 unas 60.000 personas accedieron a los bancos de alimentos, de las que 41.500 lo hicieron en la provincia de Las Palmas y 17.000 en Santa Cruz de Tenerife. Son datos lo suficientemente graves para estar hablando ahora de una revuelta social si no es por dos factores que atenúan la situación de precariedad: la economía sumergida y la cohesión familiar. 

Mientras nuestros políticos y empresarios del sector turístico sacan pecho hablando de la recuperación del sector en Canarias, favorecido aún más si cabe por la inestabilidad política en los países del norte de África que ha desviado turismo tradicionalmente de esa área africana hacia las Islas Canarias, el panorama del empleo lejos de mejorar con esta coyuntura –el sector habla de que se puede llegar a un cien por cien de ocupación- ha empeorado. No vale con justificar que febrero es un mes malo históricamente para la creación de puestos de trabajo arrastrado por el fin de las rebajas en los comercios. Las previsiones del presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, de crear 80.000 puestos de trabajo antes del mes de junio son ‘excesivamente optimista’, digámoslo así por ser educados. 

La excusa dada por los empresarios del sector turístico es la incertidumbre que aún persiste sobre la recuperación del turismo en Canarias y que necesitan un periodo mayor para analizar y comprobar si la tendencia positiva se confirma. Una justificación que no convence en demasía. Más bien el sector quiere recuperar lo perdido con la crisis e intentará con el mismo personal que ahora tiene sacar adelante una mayor ocupación. Jugamos con fuego, cómo ofrecer la misma calidad de servicio a 200 turistas que a 400 con el mismo número de trabajadores. Si lo que pretendemos es fidelizar a ese nuevo turismo que nos ha llegado como consecuencia de la crisis política en países como Egipto o Túnez, no creo que ese sea el mejor método para lograrlo. 

Tanto el Gobierno de Canarias como el Estado han habilitado diferentes medidas para fomentar la contratación, como las bonificaciones de la Seguridad Social a las empresas que realicen nuevas contrataciones, pero la última palabra la tiene la convicción empresarial de querer contratar. 

Es cierto que por mucho que el turismo sea el que tire de la economía del Archipiélago no podrá absorber la gran cantidad de parados que en estos momentos se acerca al 30 por ciento en Canarias. La construcción fue durante muchos años un sector que dio trabajo a una buena parte de personas que hoy están en el paro y, lo peor, sin formación. La crisis económica que sufre este país se ha cebado con este sector dando origen a una subcrisis profunda que requiere una reorientación de lo que hasta ahora venía siendo su “modus operandi”.

La situación de Canarias, la Comunidad con mayor desempleo de toda España, es grave. Si no se ha producido un estallido social es por la influencia de la economía sumergida junto con  el apoyo de las  familias, que han posibilitado mantener la situación aunque sea bajo mínimos. Los datos de la economía sumergida en Canarias ya eran de escándalo con la bonanza económica. Hacienda nunca ha entrado con verdadera seriedad en el problema. Delante de nosotros veíamos casos flagrantes que no podíamos explicar cómo evitaban el fisco. Con la crisis, la economía sumergida se ha disparado. El dinero negro mueve ya cerca de 12.000 millones de euros en Canarias, casi el 30 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). Cada día como consecuencia de la economía sumergida se defrauda cerca de 140.000 euros a la Seguridad Social. Que este método haya sido el motivo por el que muchos canarios continúen llegando a fin de mes, no es motivo para no exigir que se regularice la situación y que, si los datos así lo demuestran, quizás incluso podríamos estar hablando de una situación algo diferentes de raíz.