PETRÓLEO EN CANARIAS

La autorización del Gobierno de España para que la empresa Repsol realice prospecciones petrolíferas cerca de las costas de Lanzarote y Fuerteventura ha levantado la polémica político-social en Canarias. Según los estudios previos llevados a cabo hace años por la empresa de hidrocarburos, a unos 60 kilómetros del Archipiélago puede haber petróleo en un porcentaje que se estima del 20 por ciento, suficiente para realizar las prospecciones oportunas y certificar la existencia de crudo, así como la viabilidad de su extracción. Esta decisión, impulsada y amparada por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que fue en la anterior legislatura autonómica vicepresidente del Gobierno de Canarias hasta la ruptura del pacto de gobierno con Coalición Canaria (CC), no ha sido bien recibida por buena parte de las instituciones canarias. El Gobierno de Canarias, formado ahora por CC y PSOE, se opone frontalmente a las prospecciones petrolíferas, también los cabildos insulares de Lanzarote y Fuerteventura, cuyos presidentes son de CC, además de numerosos organismos, fundaciones, colectivos y partidos políticos canarios sin representación en la Cámara autonómica. Incluso el Parlamento de Canarias formuló su rechazo a las prospecciones con el único voto en contra del Partido Popular.

Y es que lo que debería haber sido un debate socio-económico ha derivado en un conflicto político entre antiguos amigos de viaje. Las relaciones entre CC y PP no terminaron bien con la ruptura del pacto de gobierno en la pasada legislatura y con el paso del tiempo, más que mejorar, las relaciones se han ido deteriorando hasta la actual situación. Resulta curioso observar cómo las opiniones al respecto de las prospecciones han cambiado, sobre todo, determinadas en buena parte por la diferente configuración política del Archipiélago y del Estado. Donde unos hablaban abiertamente de consenso, ahora hablan de rechazo rotundo; donde se perfilaba un beneficio para las Islas, ahora se ve la sumisión al poder económico de una empresa privada, donde se pedía tener en cuenta a las instituciones regionales y locales, ahora se las ignora.

Una de las imágenes más sorprendentes de este conflicto es la buena sintonía entre el Gobierno de Canarias y los ecologistas, esos mismos ecologistas que han llevado, por ejemplo, el tan polémico proyecto del puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife, a los tribunales por las irregularidades que contenía, entre ellas, la destrucción de la biodiversidad de la zona. O por ejemplo la radical oposición a la construcción de los trenes en Tenerife, apoyada por el Gobierno de Canarias que no cesa de pedir financiación para llevarlos a cabo, al igual que el de Gran Canaria. Por ello cabe preguntarse si esta reacción política en Canarias se debe más a una convicción firme en defensa del medio ambiente y del riesgo que puede suponer las prospecciones para las Islas. o bien responde a una estrategia política de confrontación con el que fuera amigo de viaje y se ha convertido en el enemigo.

Pero los palos no pueden recaer solo con los representantes políticos de Canarias. El Ministerio ha estado torpe en este tema. Ha dado la impresión del ordeno y mando, y eso ya no se destila en política. Suena a "vendetta". El ministro Soria desde su llegada al Gobierno de España ha tomado algunas decisiones poco acertadas, o al menos discutibles, en temas cruciales para Canarias, decisiones algunas de las cuales son claramente contradictorias con su opinión cuando era vicepresidente del Gobierno canario e, incluso, con lo mencionado en su programa electoral. Entre ellas, la supresión de las primas a las renovables y la supresión de las bonificaciones aéreas, de especial importancia para atraer turismo a las Islas. Y es que lo mínimo que se puede pedir al ministro es que en persona convoque una mesa de diálogo sobre las prospecciones petrolíferas y se expongan claramente los pros y contras del proyecto, los beneficios para Canarias y las medidas medioambientales y de control que se pretenden llevar a cabo si finalmente se realiza las prospecciones y el crudo es extraíble y rentable. Más allá de estar o no de acuerdo con el proyecto, la obligación del Estado es oír a las administraciones canarias y no utilizar los medios de comunicación para hacer llegar los mensajes. El hecho de no responder ni tan siquiera a las alegaciones presentadas por los cabildos insulares es un menosprecio a dos instituciones que deben estar por encima de quienes sean en estos momentos sus gobernantes, es, en definitiva, una falta de respeto para los ciudadanos que han votado mayoritariamente a las formaciones que las gobiernan.

Lo que no podemos dejar pasar en esta maraña política, en esta ceremonia de la confusión, es que las prospecciones han sido autorizadas y que si los tribunales no lo impiden, se llevarán a cabo. Unas prospecciones a unos 60 kilómetros de la costa canaria que se realizarán a una profundidad superior a los 3.000 metros y que entraña un reto para la propia empresa realizar sondeos a estas profundidades. El riesgo existe, no hay riesgo cero por mucho que se intente. Se podrá minimizar aportando todas las garantías técnicas posibles para evitar escapes, pero lo cierto es que el principal recurso de Canarias es su entorno natural, sin él la economía insular sería inviable, por mucha alternativa parcial que puntualmente pueda ser el hallazgo de petróleo.  

El petróleo previsible en la zona daría para unos 20 años y, según el Ministerio, crearía una actividad económica indirecta en las Islas, podría incluso beneficiarse de algún impuesto al hidrocarburo y crearía alrededor de unos 5.000 puestos de trabajo. Parece el cuento de la lechera, pero esa son las previsiones del Gobierno. Otra cuestión es la importancia de la extracción de crudo para aminorar la dependencia energética del exterior que tiene España. Además, están las prospecciones que ya ha autorizado Marruecos en la misma zona, en las aguas marroquíes, y que en caso de producirse algún percance, Canarias se vería afectada de igual manera debido a las corrientes marinas.

Es, en definitiva, un debate entre una visión economicista exclusivamente o una visión más conservacionista del medio ambiente, principal riqueza de estas Islas y también de España, ya que Canarias sigue siendo uno de los principales mercados turísticos de este país gracias a su entorno y su clima, su mejor industria. Sin entrar en planteamientos demagógicos ecologistas, en este caso sí es necesario realizar una reflexión de qué es verdaderamente lo que queremos de Canarias. No es pronunciar un "no" gratuito de los muchos que vemos en estas Islas a cualquier iniciativa que suponga cierto desarrollo desde el punto de vista industrial, pero sí un "no" fundamentado en la tremenda fragilidad de unas Islas que viven de lo que le rodea y que ve incertidumbre y desconfianza en la coyuntural industria del petróleo.

UNA HUELGA "LÓGICA", PERO INEFICAZ

Los dos sindicatos mayoritarios en España, CC.OO. y UGT, han aprobado convocar una huelga general para el próximo día 29 de marzo como medida de presión para que el Gobierno de Mariano Rajoy rectifica la reciente reforma laboral convalidada por el Congreso de los Diputados. La huelga es, desde mi punto de vista, una conclusión lógica teniendo en cuenta lo que la nueva legislación estipula y cómo afecta a las relaciones entre el trabajador y la empresa. También es cierto que la predisposición de los sindicatos a las movilizaciones la tendríamos con o sin reforma. El ajuste del déficit público y los recortes exigidos para cumplirlos podrían servir también como elemento motivador. Lo cierto es que, de una manera u otra, no era de extrañar que los sindicatos reaccionasen de esta manera, más aún con el PP en el poder. De ahí que el anuncio de la huelga general entra dentro de la lógica actuación de los sindicatos, presuntos defensores de los trabajadores, aunque se les ha echado de menos cuando las cifras del paro iban mes a mes acercándose a los cinco millones de parados, incluso sobrepasándola. 

La cuestión es plantearse si la huelga general es oportuna y eficaz. Los sindicados tienen que valorar seriamente si este país está para soportar una huelga general. Demostrado está que las huelgas generales en raras ocasiones alcanzan los objetivos para las que son convocadas. El ejemplo cercano lo tenemos en Gracia. Este país europeo, en una crisis que veremos si es capaz de superar, ha sufrido innumerables huelgas generales que han servido para bien poco, me atrevería incluso a decir que para dejar al país aún peor. En España, los ciudadanos no están para dejar un día de perder salario, un salario, por otra parte, cada vez más exiguo entre recortes y subida de impùestos. Además, los sindicatos han visto deteriorada su imagen debido a lo poco activo que ha sido su papel en la crisis. Los más de cinco millones de parados de este país son consecuencia de la crisis económica, pero también de un marco laboral que todos los especialistas indicaban que estaba caduco. En España siempre ha habido un paro estructural, que en algunas comunidades superaba el 12 o 13 por ciento, y eso con la antigua reforma, incluso en los tiempos de bonanza económica. En el marco de la antigua reforma se ha generado el mayor paro de nuestra historia, sin embargo, los sindicatos se mantuvieron pasivos ante este hecho.

Con la anterior reforma, anterior incluso a la aprobada el pasado año por los socialistas, ya se cometían bastantes injusticias con los trabajadores, no nos engañemos. Todos conocemos situaciones laborales demenciales. No cabe ahora hablar de "esclavitud laboral", como señalan algunos representantes sindicales, término que me parece a todas luces desmedido, cuando ya existían verdaderos quebrantos al trabajador con anterioridad, incluso con leyes consensuadas entre sindicatos y empresarios. Preguntemos a trabajadores en el sector de la hostelería y de la restauración, en peluquerías, temporeros, etc. Ahora hipocresías, no. Uno de los grandes males de nuestro mercado laboral es la falta de control, la fiscalización, una inspección laboral seria y rigusosa. Aparte, a los sindicatos le pedimos más transparencia en su funcionamiento y preocupación no solo por las condiciones de los trabajadores, sino también por los desempleados. Cabe preguntarse si están aplicando la austeridad en sus cuentas los sindicatos, si los líderes sindicales se han reducido sus salarios, por poner un ejemplo en el caso de Fernández Toxo (CCOO) unos 114.000 euros anuales. Es decir, este país necesita de unos sindicatos independientes que no estén a bien con el Gobierno cuando les conviene y a mal cuando ven perder cuota de poder.

La reforma laboral era necesaria, puede ser restrictiva para los trabajadores, pero lo cierto es que esta reforma ha tenido la bendición de todos los organismos internacionales que hacía tiempo venían exigiendo al Gobierno de España una reforma laboral en consonancia con las del resto de países de la Unión Europea. El FMI, la OCDE, la UE y todas las siglas que queramos añadir han dado su visto bueno a la reforma, que era uno de los deberes pendientes por el anterior Gobierno que fue incapaz de realizar con la radicalidad que se le exigía desde las instituciones europeas, dejando la patata caliente al actual gobierno.

La huelga general, consagrada en la Constitución española, legítima arma de los sindicatos, se llevará a cabo el 29 de marzo. Los sindicatos nunca admitirán una derrota de producirse un bajo seguimiento, siempre hay argumentos para justificarlos: el miedo, la situación económica de los trabajadores, etc. Nunca realizarán la autocrítica que hace tiempo se les está pidiendo, una actitud ejemplarizante ante la sociedad, asumir su responsabilidad ante la pasividad de años y subsanar el descrédito al que han llegado para una buena parte de ciudadanos. Unos sindicatos que deben modernizarse y dejar las proclamas panfletarias de los setenta.

URDANGARIN, EL CASO NÓOS Y LA CONDENA SOCIAL

Con la que está cayendo en este país, el denominado caso 'Nóos' y, en especial, la figura del yerno del rey, Iñaki Urdangarín, duque de Palma, es vista por la sociedad española como el prototipo del desmán de la ya pasada época de las vacas gordas. En primer lugar, por aprovecharse de unas administraciones públicas que parecían tener el dinero por castigo; en segundo lugar, por utilizar su posición social, miembro de la familia real, como tarjeta de presentación para lograr contratos públicos a favor de la sociedad Nóos y, presuntamente, sacar beneficios individuales.

Aunque los rumores de las presuntas irregularidades en la sociedad coleaban desde hace años, fue a partir de las investigaciones por el caso 'Palma Arena' cuando las sospechas comenzaron a tomar forma. Incluso el rey tuvo que intervenir y advertir a su yerno que no le gustaban las prácticas, por llamarlo de alguna forma, de la sociedad en la que estaba. No cabe duda que algo no muy bueno se temía. Sin embargo, Urdangarin desoyó al rey y continuó realizando trabajos para Nóos. El duque de Palma fue finalmente imputado bajo la sospecha de crear un entramado societario para desviar fondos públicos del Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro. Urdangarin debe dar cuenta si se apropio indebidamente de ese dinero, más de cinco millones de euros pagados por la Generalitat valenciana y por el Gobierno balear.

Las acusaciones que recaen sobre el duque de Palma son extremadamente graves y han salpicado a la familia real. No es cuestión de sacar una vez más el debate de la monarquía en España (me remito al artículo de este blog 'El debate monarquía-república'), pero sí es cierto que la monarquía debe aprovechar el momento para que la institución sea mucho más transparente en la gestión del dinero público que el Estado le otorga. El asunto Urdangarin ha hecho un tremendo daño a la imagen de la Casa Real, teniendo en cuenta que uno de los principales valores de la monarquía española había sido estar lejos de escándalos mediáticos por su conducta irreprochable, además de la cercanía a los ciudadanos que han mostrado todos los miembros de la familia real. Es esa buena imagen y el respeto que tiene la mayor parte de los españoles a la institución y a sus miembros la que puede quedar erosionada. La Casa Real reaccionó para desmarcarse del acto individual protagonizado por unos de sus miembros, veremos hasta qué punto los hechos se quedan en el yerno del rey o puede llegar incluso a afectar a la Infanta Cristina, esposa de Urdangarin.

En el discurso de Navidad de Don Juan Carlos la frase que quedó fue la de "la justicia es igual para todos". Solo cabe esperar que, en efecto, la justicia sea igual para todos, y aunque la desconfianza nos asalta más de la cuenta en este asunto, debemos creer en la democracia y en nuestro sistema judicial a pesar de los aspectos negros que en los últimos años se han agudizado. Uno de esos puntos negros, del que una y otra vez somos testigos, es el quebrantamiento del secreto sumarial. Nos hemos acostumbrado a ver el goteo de informaciones en los medios sobre hechos que son investigados y que se encuentran protegidos por el secreto. Ese goteo de filtraciones, portadas en los principales medios de comunicación, orientan, con intencionalidad o no, la opinión pública en un sentido que lleva al imputado, sin ser juzgado aún, a ser condenado socialmente. Con Urdangarin está pasando. La condena social está hecha. Ahora solo queda esperar lo que decida la justicia.