EN POCAS LÍNEAS (III)

Ahora es AENA

El exministro de Trabajo, Manuel Pimentel, ha sentado las bases para el fin definitivo del conflicto que AENA mantiene con los controladores aéreos y que motivó, el pasado mes de diciembre, la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno tras abandonar los controladores sus puestos de trabajo y ocasionar el cierre del espacio aéreo español.

Pimentel defendió que los controladores españoles trabajan "más que la media europea, pero también ganan mucho más", por lo que es necesario ir ajustando la jornada para adecuarse a la media europea. El laudo arbitral es de obligado cumplimiento por lo ahora queda plasmar los resultados del arbitraje en el definitivo convenio colectivo de los controladores.

Pero si un conflicto puede cerrarse, otro parece que comienza a emerger. Los trabajadores de AENA amenazan al Gobierno con huelgas en todos los aeropuertos españoles durante Semana Santa y verano si no rectifica su plan de vender el 49 por ciento de la empresa. AENA tiene un déficit de 433 millones de euros, el 75 por ciento corresponde a un solo aeropuerto, el de Madrid. La mala gestión del aeropuerto de Madrid es evidente si tenemos en cuenta que es el único de los grandes aeropuertos europeos que tiene pérdidas, pero también la existencia de otros muchos aeropuertos en ciudades donde no parece ser una necesidad imperiosa ha lastrado los resultados de la empresa pública. La solución que ha encontrado el Gobierno es la privatización como principal medida para subsanar y corregir los malos resultados.

Ante esta medida, los sindicatos han mostrado su rechazo ya que la privatización quiere esconder lo que ha sido una mala gestión por parte de los responsables de AENA y del Ministerio de Fomento. No cabe duda que la convocatoria de nuevas jornadas de huelga en periodos de especial incidencia en el turismo no es buena para este país y, en especial, para las Islas Canarias. Tampoco hay que ver la privatización de diferentes sectores públicos como algo necesariamente negativo y que puede conllevar la pérdida de calidad en el servicio. Muchos son los casos que se pueden poner como ejemplo donde precisamente al privatizarse una empresa pública se gana en calidad y en eficacia. Ahora bien, no se puede encubrir el trasfondo del problema que sigue siendo la mala gestión del órgano directivo. Aunque todo sea dicho, hay otras fechas donde se podría poner en práctica el derecho legítimo a la huelga sin causar más daños en la economía del que ya se haría.

Otra improvisación, otra prohibición

El pasado viernes el ministro del Interior y portavoz del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, nos sorprendía con otra de esas noticias que suele prodigar nuestro Gobierno y anunciar a bombo y platillo. Dada la crisis en los países del norte de África, el petróleo Brent ha elevado su precio en el mercado y ello ha supuesto que la factura energética de España aumente en más de 6.000 millones de euros. La dependencia del petróleo pasa factura.

Como medida de choque, entre otras, el Gobierno ha vuelvo a prohibir, y digo ha vuelto porque si por algo se caracteriza este Gobierno es por hacer del Estado un papá supervisor de la conducta de sus súbditos. De los 120 km/h como velocidad máxima la reduce a 110 Km/h en autovías y autopistas. Las voces críticas con esta medida no se han hecho esperar. La medida deja bastantes dudas sobre su eficacia en el ahorro energético y no parece ser la solución al problema, aunque esta medida sea de carácter provisional mientras dure la inestabilidad en el norte de África. Un 14,5 por ciento de las importaciones de crudo de España procede de Libia, por lo que no se entiende cómo se puede decretar esa medida de urgencia cuando el porcentaje es relativamente bajo y otros países han aumentado su producción para satisfacer la demanda.

El dinero que se invertiría en habilitar las autovías y autopistas podría destinarse a campañas de concienciación de la necesidad de ahorro energético y el buen uso del automóvil. Existe un decálogo para la conducción eficiente que consigue que los conductores ahorren hasta más de un 20 por ciento de combustible. La cuestión no está en medidas provisionales de resultados dudosos, sino en la verdadera educación de los conductores porque el problema energético no es cuestión coyuntural, es un problema real del presente y del futuro que requiere una formación continua desde la niñez hasta la edad adulta.

EN POCAS LÍNEAS (II)

Terminó el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad

El Debate sobre el Estado de la Nacionalidad concluyó como era previsible en el Parlamento de Canarias con la autocomplacencia del Gobierno de Canarias, y el apoyo de su grupo, CC; la crítica ramplona del PSOE y la “incómoda” situación del PP, hasta hace pocos meses socio de Gobierno.

Autocomplacencia del Gobierno canario en las medidas que ha adoptado para atajar la crisis económica, en las ayudas sociales, en el funcionamiento de la sanidad y la educación en el Archipiélago y, en general, por el trabajo realizado en estos cuatro años de legislatura que llegan a su final. Especial significado tiene las referencias a la sanidad y la educación, en un esfuerzo de autoconvencimiento de que, pese a los recortes presupuestarios, la calidad, cuestionable calidad, se mantiene. No parece decir lo mismo, en el caso concreto de la educación, los padres, profesores y equipos directivos de muchos centros educativos de las Islas.

Complicado lo tenía el PSC-PSOE en atacar al Gobierno de Canarias en cuestiones como la crisis económica y la consecuencia más directa de la misma en el Archipiélago, el desempleo. La rémora de la mala gestión que el Ejecutivo socialista de Rodríguez Zapatero ha hecho de la crisis económica no parece ser una buena carta de presentación para mantener un debate sobre el desempleo en Canarias y la gestión, limitada, que el Gobierno canario puede realizar en este asunto.

El antiguo socio de Gobierno, PP, tenía que nadar y guardar la ropa. Criticar, pero siendo consciente de que buena parte de las medidas y leyes aprobadas en esta legislatura se hicieron con su apoyo. Con unas elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina, había que buscar fórmulas para distanciarse de los postulados de CC. Y en eso se fraguo el discurso popular. Previsible, todo previsible.

Treinta años del 23-F

Lo primero que me viene a la memoria de aquellos días es la cara de preocupación de los maestros del centro escolar donde estudiaba sexto curso de Primaria. Los veía entrar y salir del aula sin entender bien lo que sucedía, aunque con la convicción de que algo bueno seguro que no era. Escuché lo de los tanques en Valencia y todo me parecía lejano, como si no fuera conmigo, anecdótico en la inconsciencia infantil.

Sin embargo, España estaba viviendo la auténtica prueba de fuego de nuestra joven democracia. Los convulsos años que vivía el país había llevado a una parte del Ejército a plantear un pulso a la democracia y al Rey. Aquel 23 de febrero de 1981, los militares entraron en el Congreso de los Diputados poniendo en jaque a la democracia, pero no pudieron ejecutar el jaque mate.

La intervención del Rey fue decisiva para contener el golpe de Estado. Treinta años después, con una democracia cada vez más sólida y unos ciudadanos que desde la perspectiva histórica que da el tiempo valoran lo sucedido, analizamos los hechos en su verdadera dimensión, el inicio verdaderamente de la democracia en España.

Ayer amigo, hoy tirano

Esto es lo que está pasando con las revueltas que asolan los países árabes donde los regímenes, que durante décadas han mantenido en el poder a auténticos tiranos, ahora se tambalean por las exigencias de mayor democracia y justicia social de sus ciudadanos. Todos ellos han dejado de ser amigos de los países occidentales que habían callado ante las injusticias, corrupción, nepotismo y autoritarismos de sus gobiernos, mientras estos países se mantenían con cierta tranquilidad política interna.

La democracia y la justicia social era lo de menos para Europa o Estados Unidos, que ahora observamos cómo les entra un afán por democratizar estos países que hace unos meses era impensable. De amigos a tiranos, esta es la conversión de personajes como Hosni Mubarak (Egipto), Zine el Abidine Ben Ali (Túnez) o el rey de Bahréin Hamad bin Isa al Jalifa.

‘La real politik’ se había impuesto en la comunidad internacional. La pragmática manda, y como en esta ocasión, ahora hay que ponerse de parte del pueblo al grito de “abajo con los tiranos”.

EN POCAS LÍNEAS (I)

Las protestas se acercan a Canarias

Las protestas en países árabes se recrudecen y las víctimas son cada vez más numerosas. En Libia, el régimen no duda en mostrar su dureza y el número de muertos en las últimas horas puede superar los 200. Uno de los hijos de Gadafi ha advertido, en la cadena estatal de televisión, que no permitirá el caos en el país. Su dedo índice, como el padre que reprende a su hijo, lo decía todo de la “pasta” con la que están hechos estos gobernantes y, por ende, el régimen que presiden.

En Marruecos se ha confirmado la muerte de cinco personas en los disturbios ocasionados tras las protestas de este domingo que exigían cambios democráticos en el país. Por su parte, el presidente yemení dice que un cambio de régimen “es inaceptable”. Al contrario de lo que sucedió en Túnez o Egipto, las manifestaciones y protestas pueden chocar en esta ocasión con una reacción por parte del régimen sin contemplaciones. Libia lo está haciendo ya.

Las consecuencias indirectas también se están dejando notar. Los inmigrantes ilegales tunecinos llegan por centenares a la isla de Lampedusa, en Italia. El petróleo sube su precio como consecuencia de la inestabilidad de la región. Las primeras movilizaciones en Marruecos ponen a Canarias atenta a lo que pueda suceder. Favorecida por el desvío de turistas desde Túnez y Egipto al Archipiélago, ahora es cuestión de observar con detenimiento los movimientos que pueden suceder a pocos kilómetros de las Islas. En periodos de tranquilidad política la inmigración irregular desde Marruecos a Canarias era una constante que con la crisis económica mitigó en cierta manera. Ahora, con esta nueva situación de incertidumbre, esperemos que Canarias no se convierta en una Lampedusa, en este caso para los marroquíes.

La responsabilidad de la banca

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha confirmado que los préstamos dudosos en España ascienden a 28.000 millones de euros, mientras que los inmuebles adjudicados se elevan a 44.000 millones de euros. La irresponsabilidad en los créditos otorgados por las entidades financieras en la época de “las vacas gordas” y el ‘boom’ inmobiliario ha lastrado al sistema y es en buena parte causante de alguno de los males que hoy en día vive nuestra economía.

Créditos concedidos muy por encima de las posibilidades reales que podía afrontar una familia; tasaciones por encima del valor real de la vivienda, acuerdos entre promotores y entidades bancarias para la creación de hipotecas a las que luego se subroga el comprador casi sin margen de maniobra. Muchas son las contradicciones del propio sistema que llevaron a la liquidación del mismo.

Como consecuencia directa, el sector de la construcción tal y como lo conocimos hasta ahora ha desaparecido. Los nuevos ricos a la sombra de la burbuja inmobiliaria se han convertido en deudores y en creadores de desempleo. Miles de personas, muchas de ellas sin formación que encontraban en la construcción un trabajo sin cualificación bien remunerado, ahora conforman el grueso de las listas del paro con un futuro más que incierto. Un dato: el 41 por ciento de los 11.728 parados registrados en Fuerteventura no han finalizado los estudios primarios.

Muere Carmelo Artiles

Carmelo Artiles, que fuera presidente del Cabildo de Gran Canaria, así como otros cargos en el Congreso de los Diputados y en el Senado, fallecía anoche en la capital grancanaria a los 65 años de edad. De él dicen quienes le conocieron y compartieron vida personal y política, que destacó por su humildad, trabajo y honradez. Un socialista que trabajó para servir al ciudadano y que dejó la política cuando consideró que era el momento. Un político que en su función pública buscó mejorar Gran Canaria y Canarias. Es fácil elogiar a alguien que ha fallecido, pero en este caso las buenas palabras no van cubiertas de hipocresía.

Hoy en día valores como la humildad, la honradez o la integridad no son fácilmente perceptibles en los políticos. Los ciudadanos contemplan como las ambiciones personales y las luchas partidistas, la corrupción y el tráfico de influencias son la nota común de la política y los políticos. Las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) lo indican, los políticos y la clase política, cada vez más desacreditada, es la tercera preocupación para los españoles, solo superado por el paro y la crisis económica.

ALBERTO CONTADOR ESTÁ LIMPIO

Todo parece indicar que los argumentos ofrecidos por el ciclista español Alberto Contador en su defensa por el positivo en clembuterol –poco, pero positivo- del pasado Tour de Francia, ha surtido efecto y el Comité de Competición de la Federación Española de Ciclismo ha decidido absolver al deportista, que siempre estuvo firme en luchar por su inocencia, en la involuntariedad, de este positivo hasta las últimas consecuencias. Este martes está prevista la confirmación definitiva de la noticia, lo que supondrá que Contador puede retomar la alta competición y defender un año más su título en la ronda gala. 

En un artículo anterior, y con motivo de la denominada ‘operación Galgo’ por una presunta red de tráfico de productos dopantes en el atletismo y en la que en un principio se implicaba a la atleta Marta Domínguez, escribí que los iconos del deporte español se tambaleaban. La preocupación de todos los amantes del deporte era más que justificada. Aunque se hacía difícil pensar que dos deportistas que la sociedad había convertido en verdaderos iconos del deporte por los valores que transmitían pudieran verse implicados en casos de dopaje, la duda razonable nos asaltó a todos. El dopaje existe en el deporte aunque nos pese, y las presiones a la que están sometidos los deportistas en ocasiones pueden terminar en drama. 

La primera buena noticia llegó cuando la juez que instruye la ‘operación Galgo’ desvinculaba de la presunta trama de tráfico de sustancias dopantes a Marta Domínguez. Ahora es el turno de Contador. Ambos pueden seguir compitiendo con la cabeza alta a pesar de las barbaridades que algunos medios, e incluso algunos dirigentes deportivos, han llegado a decir. El deporte español se vio ensombrecido en sus recientes éxitos por noticias como estas, pero el tiempo y la justicia ponen las cosas en su sitio. 

Que hay dopaje en el deporte, a estas alturas nadie lo pone en duda. La lucha contra el dopaje debe ser una constante en el deporte de élite, pero también cerciorándose de que las medidas que se adopten no echen al traste el trabajo de deportistas que honradamente trabajan diez horas diarias para estar entre los mejores del mundo. La presunción es un valor que no puede verse pisoteado una y otra vez.

TRAS EGIPTO, ¿QUIÉN SERÁ EL SIGUIENTE?

Después de casi tres semanas de protestas el pueblo egipcio ha conseguido que Hosni Mubarak abandone la Presidencia del país, que venía ocupando desde hacía tres décadas. A lo largo de todos estos días en los que la plaza de Tahrir, en El Cairo, se había convertido en el centro de las protestas de los opositores, el régimen confió en que podía atenuar las protestas con algunas modificaciones, cambios que poco a poco fueron haciéndose más profundos pero que, sin embargo, no terminaban por calmar la situación, sino más bien aumentar la crispación del pueblo. Todo porque las reformas iniciadas no satisfacían la principal demanda de los manifestantes, la salida definitiva de Hosni Mubarak de la Presidencia de Egipto, y con ello, el inicio de una auténtica transición a la democracia. 

Finalmente Hosni Mubarak no tuvo más remedio que presentar su dimisión ante una situación que ya no controlaba y la presión internacional que le señalaba directamente. Ahora se abre un periodo incierto. El primer paso está dado, el Ejército ha tomado el poder y El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas ha establecido una serie de medidas a seguir, entre ellas pasar el poder a una autoridad civil. Los denominados Hermanos Musulmanes, principal fuerza opositora en el país, piden mayor celeridad en las medidas y exigen la derogación inmediata de la Ley de Emergencia, la disolución del Parlamento, la formación de un nuevo gobierno y libertad para la formación de partidos políticos.

Pero si algo hay que tener en estos momentos es calma. La tranquilidad suficiente para hacer las cosas bien y sin precipitaciones. Todos deben tener en cuenta que la transición a un nuevo sistema democrático no se hace en pocos meses y que conlleva una importante dosis de responsabilidad en las formaciones políticas que pretendan convertirse en candidatas para dirigir el país, así como en sus ciudadanos. El periodo de transición no puede convertirse en una situación de conflicto permanente que entorpezca el avance del país en el camino iniciado ahora.

La comunidad internacional ve con buenos ojos este cambio. El pragmatismo ha llevado durante años a hacer la vista gorda con el régimen de Mubarak. Egipto ha cumplido con sus tratados internacionales, entre ellos con Israel. Además, no ha dejado que el islamismo radical tuviera en su territorio un poder de desarrollo como sí lo tiene en otros países árabes. Por estas cuestiones, la comunidad internacional no se planteó nunca un debate sobre la democratización de Egipto. Pero no esperaba una reacción popular contra el régimen como la que estalló hace 18 días, contagiada por las movilizaciones de Túnez que obligaron huir a Zine El Abidine Ben Alí. La apuesta es la democracia, algo que no nos debería sorprender. Sin embargo, no cabe duda que la atención a lo que suceda en esa parte del mundo tiene en alerta a todos los servicios de inteligencia, especialmente al estadounidense, por las consecuencias que aún están por llegar y que, de momento, son una auténtica incógnita. 

Argelia, ¿la próxima?

De la misma manera que las revueltas estallaron en Túnez, lo hicieron en Egipto, otros países árabes también han tenido que adoptar medidas ante las protestas que comenzaron a pedir modificaciones democráticas. Este mismo sábado, Argelia ha vivido la manifestación más numerosa en una década, reprimida sin vacilación por las fuerzas de seguridad. Desde 1999, Abdelaziz Buteflika preside un país estratégico por sus riquezas naturales: gas y petróleo. En 1992, los militares deciden dar un golpe de Estado para impedir que el Frente Islámico de Salvación (FIS) ganara las elecciones. 

El FIS, formación que pretende la islamización social de todo el país, ganó las elecciones municipales de 1990 obteniendo el 65% de los sufragios y dominando claramente las principales ciudades argelinas. En las elecciones generales de 1991 obtuvo en la primera vuelta un resultado que le acercaba al gobierno, motivo por el que el presidente, Chadli Benyedid, favoreciese un golpe de estado para evitar su llegada al poder y, posteriormente, ilegalizar el partido. Como consecuencia, el país entra en una guerra civil en la que murieron más de 150.000 argelinos. Buteflika rechaza ser presidente interino en 1994, pero sería en 1999 cuando los militares le aúpan al poder definitivamente, respaldándole en las elecciones presidenciales. En la actualidad el FIS rechaza el uso de las armas, pero no su objetivo de islamización.

La oposición pierde el miedo, como lo hizo en Egipto. Por ver queda si las manifestaciones continuarán o si, por el contrario, se quedan en una tímida muestra de protesta exigiendo cambios democráticos. Los próximos días veremos la auténtica cara de la situación.

UNA MÁS SOBRE EL CONFLICTO DE LOS CONTROLADORES

Mucho se ha escrito sobre lo acontecido el pasado mes de diciembre con la “estampida laboral” de los controladores aéreos y el consiguiente caos que se produjo en los aeropuertos que obligó a cerrar el espacio aéreo nacional. No cabe duda que la acción ilegal tuvo en su momento el rechazo mayoritario de la opinión pública, de las formaciones políticas, así como de empresarios y consumidores. 

Ante la situación creada, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tomo la decisión de declarar el “estado de alarma”, situación jamás vivida en nuestro país en el periodo democrático, y con ello la militarización del  control aéreo. En un principio se planteó lo ajustado que podría estar la adopción de esta medida a la legalidad vigente, aunque desde el punto de vista práctico no se discutió su aplicación dada la gravedad de la situación y el perjuicio económico, no solo para los ciudadanos directos que se vieron afectados por la suspensión de vuelos, sino para el sector turístico, especialmente en un territorio como el canario donde el turismo es la base fundamental de la economía del Archipiélago. 

Casi dos meses después de firmarse los reales decretos que daban entrada en vigor al “estado de alarma”, el Tribunal Supremo ha rechazado los recursos presentados por el principal sindicado de controladores, USCA, avalando de esta manera la actuación del Gobierno. 

En la comparecencia en el Congreso de los Diputados que en su momento el presidente del Gobierno realizó para explicar el porqué de declarar el “estado de alarma”, Rodríguez Zapatero dio datos concretos sobre el funcionamiento de los controladores, número de operaciones realizadas, así como otros detalles importantes para hacernos una idea del conflicto que se venía arrastrando desde hacía varios meses con este colectivo profesional de un sector estratégico. 

Desde la imparcialidad y ausencia de prejuicios partidistas con la que intento analizar los hechos, creo que el Gobierno actuó correctamente en las decisiones tomadas para hacer frente a una situación sin precedentes. Tampoco quiere decir ello que sea un asentimiento acrítico. Serias dudas tengo sobre el conocimiento que el Gobierno tenía de lo que podría pasar con la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un decreto ley que regulaba las horas de trabajo de los controladores. Sospechas fundadas en el día que eligió para dar luz verde al decreto, justo antes de una de las fechas más significativas para el transporte de pasajeros en avión: ‘el puente de la Constitución’. Y, sobre todo, el hecho de que Zapatero no fuese a la Cumbre Iberoamericana. Quizás, demasiadas coincidencias. 

No obstante, el fondo de la cuestión es injustificable. La actitud de los controladores terminó por estigmatizar a un colectivo, curiosamente jamás había hecho una huelga, que ya venía estando tremendamente cuestionado por la opinión pública. Tras esta situación, un punto y aparte. Las cosas han cambiado, la privatización de aeropuertos y del control aéreo está en marcha. AENA y controladores retomaron unas negociaciones que no han llegado a fructificar y han tenido que recurrir a la figura del arbitraje. El exministro de Trabajo, Manuel Pimentel, será el árbitro para mediar en este conflicto laboral, aún pendiente de cerrar, en aquellos puntos de la negociación sobre el convenio colectivo en los que no se ha alcanzado un consenso. De cualquier manera, la lección creo que está aprendida. Las cosas ya no serán como antes en una torre de control.