SANIDAD CON RECORTES

La sanidad canaria vivió el pasado 17 de noviembre una jornada de huelga impulsada por los sindicatos CESM, SATSE, CC.OO y UGT en señal de protesta por el presupuesto destinado para la sanidad en las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2012 que, según los sindicatos, supondrá el despido de más de mil trabajadores. Este jueves, 15 de diciembre, había otra jornada de huelga convocada ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre los sindicatos y la administración. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias tiene previsto aumentar de 35 a 37 horas y media semanales el horario laboral para los trabajadores de la sanidad pública lo que conlleva, no el despido, pero sí dejar de contratar a una buena parte del personal eventual del que se disponía cada año. Un principio de acuerdo entre sindicatos y Gobierno canario ha evitado finalmente el paro en la sanidad pública canaria, pero por el momento, las advertencias de paros en el mes de enero continúan vigentes.

Pese a aumentar el presupuesto general para la sanidad en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el próximo año, el destinado a personal había sufrido un severo recorte, aproximadamente unos 50 millones de euros. En un momento donde el empleo, el poder contar con un puesto de trabajo, tiene un valor extremo, es lógico pensar en la desesperación de aquellas personas que contaban con este trabajo, aunque eventual, para poder llegar a fin de mes. Es, por lo tanto, comprensible la movilización, aunque quizá demasiado apresurada sin dar opción a la negociación previa. Una huelga de 24 horas que algunos sindicatos se lanzaron a anunciar sin tan siquiera consultar con los trabajadores.

Algunos sindicatos no se unieron a la primera jornada de huelga (Intersindical Canaria) y los miembros de Asamblea 7 Islas (formado por los trabajadores de los grupos C, D y E) tampoco lo hicieron. El efecto de la huelga fue prácticamente inexistente, teniendo en cuenta que el principal daño se hace a los ciudadanos usuarios de los servicios públicos. Ambas partes confirmaron su voluntad de negociar, pero para negociar hace falta estar dispuestos a ceder en algo, y ese algo innegociable para los sindicatos no son tanto las dos horas y media más de trabajo, sino el número de trabajadores que se dejarán de contratar y renovar. Es lo que más o menos ha hecho Esperanza Aguirre en Madrid con los profesores al subirle dos horas su jornada lectiva, dejar de contratar a profesores que llevaban años impartiendo clases en la enseñanza madrileña y que eran contratados año a año.

La huelga de diciembre se ha conseguido evitar. Las partes parecen que han hecho un esfuerzo para llegar a buen puerto, pero el problema de fondo continúa, y éste no es otro que la sostenibilidad del sistema. Cómo es posible que el Gobierno de Canarias haya posibilitado un horario laboral a 35 horas con lo que implica de más personal. A qué se debió esta concesión a los sindicatos. Claro que el responsable último del conflicto es la Consejería por otorgar algo que no tuvo que conceder. Pero este es el mal que tiene nuestro sistema sanitario, ya no solo en Canarias, sino en todo el Estado: pensar que el presupuesto puede ser ilimitado y crear cada vez más un gigante con pies de barro. Y es que el problema de la financiación del sistema sanitario no se produce con la crisis, digamos que se acentúa hasta el extremo con la crisis, pero es un problema que viene coleando desde muchos años antes de comenzar este ciclo económico.

La administración ha creado un sistema sanitario tremendamente ambicioso con una cobertura en asistencia que se ha ido logrando progresivamente hasta alcanzar un nivel bastante digno, incluso con sus puntos negros que pueden y deben mejorarse. Teniendo en cuenda dónde hemos estado y lo que hemos logrado, con un sistema universal y gratuito, comparativamente con los sistemas sanitarios de los países de la Unión Europea, el sistema público español siempre se ha considerado entre los mejores. Es una cuestión que debe valorarse y ser conscientes del coste económico que tiene y que muchos desconocen. La racionalización en el uso de medicamentos y en la utilización de los servicios por parte de los ciudadanos es fundamental para conseguir el equilibrio en las prestaciones.

Las características del propio sistema, gratuito y universal, son causa de muchos de sus males. Mantener con un presupuesto restrictivo, es decir, con menos dinero, porque es menos dinero el que las arcas públicas ingresan, el mismo nivel de servicios, es como lograr la cuadratura del círculo. Por lo tanto, mantener un sistema tan ambicioso como el sanitario requiere de un análisis de lo que se puede ofrecer, de lo que podemos abarcar y de lo que se puede prescindir. A todos nos gustaría mantener los servicios tal cual están, incluso mejor, con mayor inversión, pero tampoco podemos pretender que el cien por cien de un presupuesto se derive únicamente a la sanidad, eso es imposible.

La debilidad del sistema ha llevado a postular diferentes opciones de financiación que van desde la subida de impuestos hasta el famoso copago. Lo que parece claro es que tal y como está actualmente estructurado el sistema sanitario, no solo el canario, sino a nivel nacional, se requiere de un modelo estable de financiación que dé viabilidad al sistema público, de lo contrario se me antoja difícil mantener los servicios que ahora mismo presta la sanidad pública. Ahora bien, junto con una financiación estable y equilibrada, también es necesaria una buena gestión de lo público por parte de las administraciones y de los políticos, el uso racional de los pacientes de los servicios sanitarios y la profesionalidad y responsabilidad de los trabajadores sanitarios. No todo se resolverá con más dinero, como hemos estado acostumbrados hasta ahora. 

DIPUTADOS POCO GENEROSOS

Cuando los recortes en las administraciones públicas están a la orden del día, con especial incidencia en la sanidad y la educación por aquello de ser las dos áreas a las que se destina la mayor parte del presupuesto de la Comunidad, hay ciertas cuestiones que el ciudadano no llega a entender, por ser benévolos en la expresión. Si se va a realizar el próximo año una reducción de casi 20 millones de euros en el capítulo 1 destinado a personal en el Servicio Canario de Salud, si las contrataciones de sustitutos para la enseñanza se mira con lupa, cuando muchas asociaciones que realizan una importante labor social no pueden seguir prestando sus servicios por carecer de ayudas públicas, cómo puede justificar el Parlamento de Canarias que prácticamente se mantenga el mismo presupuesto para 2012 que el año que estamos terminando.

Las cuentas públicas para el próximo año destinan a la Cámara regional unos 25,7 millones de euros por los 26,2 millones del ejercicio 2011, es decir, una reducción del 1,9 por ciento. Por si ello fuese poco, los diputados y diputadas de nuestra Comunidad han rechazado quedarse sin paga extra de Navidad esgrimiendo para ello algunas justificaciones bastante absurdas que hace pensar que en estos casos, mejor estarse callados. La Plataforma por la Dignidad de las Personas Sin Hogar presentó un escrito en el Parlamento de Canarias, firmado por 6.000 ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife, en la que se solicitaba que la Cámara regional aprobase que los sueldos de la paga extra de Navidad de los políticos fueran destinados al fondo para la Prestación Canaria de Inserción.

El presidente de la Cámara, Antonio Castro, recuerda que en 2010 se bajaron un 15 por ciento los salarios, después de subírselos en 2008 un 9 por ciento, aunque habría que recordarle que esta medida fue impuesta y también afectó a todos los funcionarios y empleados públicos de la Comunidad, cobrasen lo que cobrasen, con un recorte entre el 3 y el 8 por ciento de su sueldo, y la mayoría sin las cuantiosas dietas de sus señorías, como por ejemplo los desplazamientos entre islas que duplican las ayudas que se dan para un enfermo o familiar que tenga que trasladarse de una isla menor a una capitalina para recibir atención medica. Un pleno del Parlamento de Canarias puede suponer más de 6.000 euros en dietas. Es evidente que un servidor público debe recibir un sueldo digno y razonable, pero atendiendo a las circunstancias, ya que no se puede predicar aquello de lo que se carece. Es decir, no pueden nuestros políticos ir pidiendo austeridad cuando desde los ciudadanos no se percibe esa austeridad en la clase política. Si bien el debate no hay que centrarlo tanto en los sueldos, como en otras serie de privilegios que pasan desapercibidos.

La política se debe concebir como un servicio público y al que no le interese o piense que le irá mejor en la empresa privada, ya sabe lo que tiene que hacer. Y es que ese es otro de los argumentos justificativos que muchas de sus señórías señalan: que en la empresa privada ganarían mucho más. Ya me gustaría ver a más de uno y de dos ganándose la vida fuera de la política, por ejemplo de maestro o profesor. Un estudio sobre el sistema salarial español deja bien a las claras que en el sector público los sueldos son más elevados que en el sector privado. Posiblemente nuestros diputados no se hayan enterado de este dato o quizá lo hayan omitido voluntariamente, pero es un argumento que siempre traen a colación y empìeza a ser insultante. Dudo que muchos de nuestros diputados y diputadas que han convertido la política en su profesión sean capaces de abandonarla voluntariamente. En el fondo existe un pánico a solventar su vida lejos de lo público y por ello no es raro ver las luchas internas en los partidos políticos cada vez que se aproximan elecciones para ubicarse lo más arriba en la listas del partido.

Siendo preocupante este panorama, lo que se avecina ahonda mi pesimismo. Estos nuevos políticos que surgen de las llamadas juventudes de los partidos, no son más que jóvenes adiestrados para hacer desde ya de la política su profesión y su lecho de vida.