ELECCIONES ANTICIPADAS POR DIGNIDAD POLÍTICA

Cuando un Gobierno tiene su futuro hipotecado con una política que le ha venido impuesta desde el exterior y que no cree en ella, un presidente que ha anunciado que no se presentará a las próximas elecciones a la Presidencia del Gobierno de España, una lucha interna en el partido por suceder al líder y unos resultados en las elecciones autonómicas y municipales sin precedentes que ha llegado a acabar incluso con la prevalencia socialista en sus tradicionales feudos, por simple dignidad política, es hora de convocar elecciones anticipadas. 

La comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero tras los resultados de las elecciones hizo por momentos pensar que el anuncio de la anticipación de las elecciones podía ser la noticia de la jornada junto con la debacle socialista. Sin embargo, una vez más, el presidente del Gobierno se aferra al poder, no sé con qué finalidad, si esperando un milagro en la resurrección económica del país, el golpe de efecto de ETA anunciando la entrega de armas y el fin de la banda terrorista, o bien por orgullo personal, haciendo frente a las circunstancias adversas sin dar lugar a la retirada. No trago con que quiera terminar por responsabilidad con las reformas que ha iniciado. Por responsabilidad política sería en todo caso convocar unas elecciones anticipadas que pueden proporcionar un empuje a la poca confianza que este país transmite de puertas a fuera. A estas alturas, no parece ser Zapatero el hombre más indicado para recuperar la confianza perdida. 

La sangría de votos del PSOE ha sido de tal envergadura que en algunos casos ha sorprendido incluso a los vencedores. Pensar que en Andalucía el Partido Popular (PP) se convierta en la fuerza política más votada con diferencia y que pasará a gobernar en las ocho capitales de provincia con mayoría absoluta, dice bien a las claras el mensaje que el electorado ha enviado a Zapatero. Y pienso que podría haber sido peor. Siempre se ha comentado que en las elecciones autonómicas y municipales, en especial en los municipios, que es donde se vota al alcalde, la influencia de lo que pasa a nivel nacional no es tan determinante. 

Otras muchas sorpresas han dejado estas elecciones. La victoria del nuevo partido de Álvarez Cascos en Asturias, la victoria del PP en otros dos comunidades tradicionalmente dominadas por los socialistas: Castilla La Mancha y Extremadura, son algunas de ellas, pero lo que mayor sorpresa, y a la vez preocupación, ha ocasionado es la fuerza con la que Bildu, la nueva Batasuna, ha entrado en las instituciones públicas del País Vasco y Navarra. En 88 municipios gobernarán con mayoría absoluta y con pactos podrían gobernar en muchos más. Se ha convertido en estas elecciones en la segunda formación política más votada detrás del PNV. Estos personajes que a lo largo de toda su historia han tratado con desprecio, incluso con violencia, a los concejales del PSOE y del PP, los llamados ‘constitucionalistas’, haciéndoles la vida imposible en los municipios dominados por sus respectivas marcas políticas, ahora tienen el premio que quizá se esperaba estratégicamente y que posibilite que la banda terrorista ETA abandone las armas una vez tienen nuevamente a los suyos manejando importantes cantidades de dinero público. Al menos eso es lo que se deja entrever si atendemos a los hechos acontecidos desde la creación de Bildu hasta su aprobación por parte del Tribunal Constitucional. Ya se han encargado algunos políticos y medios de comunicación en defender la presencia de Bildu como elemento imprescindible para alcanzar la paz. Si esto es así, lógico que tenga los resultados que ha tenido. Aunque poco se entiende este argumento si tenemos en cuenta que ETA estaba más débil que nunca y que era posiblemente su última posibilidad. Con el entorno político de la banda fuera de las instituciones, estaba claro que la izquierda abertzale pasaría a ser un elemento de tercera fila. Además, la acción policial tiene minada la moral de la banda terrorista. Sin embargo, ahora han recuperado oxígeno, los tenemos otra vez ocupando portadas, cargos públicos y avasallando a todo aquel que no piense como ellos en los Ayuntamientos. 

La debacle del PSOE en Canarias

Ninguna de las encuestas previas que se publicaron a las elecciones de este domingo mostraba una realidad tan nefasta para los socialistas canarios como la que descubrió ayer las urnas. Algunos sondeos, como el del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) daba vencedor al PSOE en Canarias. Pero el recuento deparó que de tener 26 diputados en las elecciones autonómicas de 2007, ha pasado a tener 15, once diputados menos. Ni analistas políticos, ni sociólogos, ni los propios adversarios políticos podían pensar en una debacle como la que ha tenido el candidato socialista al Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez. El empate a diputados entre PP y CC, 21 escaños cada uno, y la entrada de Nueva Canarias como cuarta formación, abren a partir de ahora el juego de los pactos para alcanzar el Gobierno del Archipiélago. 

El PSOE solo tiene una forma de salvar la cara: pactar con CC y quitarle el Gobierno al PP, la fuerza más votada. De esta manera, el PSOE le devolvería la bofetada al PP cuatro años después de que los ‘populares’ pactaron con CC e imposibilitasen que el socialista Juan Fernando López Aguilar fuera presidente de Canarias.

Otra cuestión es el papel de José Miguel Pérez como secretario general de PSOE en Canarias. La posición en la que queda no es fácil. Unos resultados como estos ha mandado a más de uno a galeras. Con la división interna que hubo en el partido en la isla de Tenerife

En principio, Nueva Canarias a ver los toros desde la barrera.

'INDIGNADOS' HASTA LA MÉDULA

Muchos nos hemos preguntado cómo la crisis económica que vive este país, que ha socavado con unos índices de paro alarmantes y unos recortes sociales significativos el estado de bienestar que habíamos disfrutado durante años, no había producido movimientos sociales de protesta. La sociedad estaba aletargada, resignada a su suerte, con el problema interiorizado y aguantando el momento de la mejor manera posible. La proximidad de las elecciones y la campaña electoral que antecede a unos comicios ha obligado a los políticos a mostrarse a los ciudadanos. Y ha sido justamente esta campaña, donde los políticos vuelven a pedir el voto sin la menor autocrítica, el detonante para que la gran masa de personas que se están viendo afectadas directamente por la crisis dé rienda suelta a su ‘indignación’.

Nadie puede cuestionar que hay hechos objetivos para estar indignados. Estamos en España bordeando los cinco millones de parados, el 45 por ciento de los jóvenes tienen un futuro laboral bastante incierto y muchos, con una preparación y formación destacada, tienen que planear su futuro fuera de nuestras fronteras. Una buena parte de las familias tienen serias dificultades para llegar a fin de mes, el Gobierno ha practicado recortes salariales en los empleados públicos y en las pensiones, hemos asistido perplejos cómo con dinero público se ha intentado cubrir las cuentas maltrechas de las entidades financieras por su mala gestión en las hipotecas y en los préstamos concedidos, la incertidumbre laboral en quienes aún tienen trabajo es cada vez mayor; pero, sobre todo, hay un hecho que indigna aún más. La clase política se ha puesto de espalda al ciudadano, ha dejado de ser referente ético e intelectual, si alguna vez lo ha sido, y se ha ganado a pulso la desconfianza en ella. La corrupción ha salpicado a todos los partidos que han tenido responsabilidades de gobierno al socaire del ‘boom’ del ladrillo.

Los partidos han entrado también en barrena intelectual. La solidez intelectual y la formación y preparación de las personas han dejado paso a otros elementos de decisión dentro de los partidos. La elección de los cargos no es para los mejores preparados, con lo cual se produce la designación de asesores que se han multiplicado en los últimos años en las diferentes administraciones públicas para cubrir la deficiente preparación de los cargos públicos.

El gasto que supone la clase política escuece ahora mucho más. Mientras existía bonanza económica todo era mucho más llevadero. Ahora nos hierve la sangre cuando vemos el dispendio del dinero de todos que hacen nuestros políticos. Sueldos de alcaldes que no se ajustan a la realidad social ni económica del municipio, sueldos vitalicios, importantes dietas por casi todo lo que hacen, coches oficiales, asesores, privilegios añadidos al cargo, suculentas subvenciones a partidos, sindicatos y patronales. Con todo ello, se nos ha insistido a los ciudadanos que es la hora de apretarnos los cinturones, pero no ha habido reciprocidad. La clase política no ha sabido estar a la altura.

Es, pues, más que lógico que los ciudadanos expresen su malestar y esa desafección se ha reflejado en el movimiento 15-M, ‘Democracia real, ya’, donde jóvenes, parados, jubilados, amas de casa, trabajadores, entre otros grupos, han levantado su voz por primera vez desde los tres años de profunda crisis económica en España. Evidentemente que hay grupos antisistema en estas movilizaciones, pero también demócratas que piden una democracia de más calidad, que los partidos políticos no lleguen con sus tentáculos a todos los rincones de la sociedad civil, una democracia que no esté atada por leyes electorales injustas.

Podemos preguntarnos por qué ahora, quién está detrás de estas protestas, aunque yo quiero quedarme con lo descrito anteriormente: reclamar las condiciones para una democracia de más calidad. Hay quienes han visto en este movimiento la mano oculta de la izquierda para remediar el previsible desastre que se avecina con las elecciones del 22 de mayo, en especial para el partido en el poder, el PSOE. Dudo que esto sea así, cuando lo que se está realizando es una crítica a la clase política, en especial a aquellos partidos que han tenido responsabilidad de gobierno: PP, PSOE, partidos nacionalistas apoltronados en el poder autonómico y también a Izquierda Unida, que ha servido de apoyo al PSOE para gobernar en diferentes puntos del territorio. Otra cosa es que la izquierda quiera instrumentalizar este movimiento como lo está haciendo. Ni qué decir tiene las manifestaciones de José Blanco, ministro de Fomento, intentado buscar afinidades del movimiento M-15 con las ideas socialistas. Es la desvergüenza absoluta, aquellos quienes son criticados se suman a los críticos, aunque no es de extrañar de un partido que se ha pasado buena parte de la legislatura haciendo oposición de la oposición, más que de partido en el gobierno. Ojo que el tiro les puede rebotar.

EL TERREMOTO DE MURCIA DEBE ABRIR UN DEBATE SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ESPAÑA

Justo cuando se cumplió dos meses del terremoto de Japón de magnitud 9 en la escala Richter y el posterior tsunami que ha provocado una de las mayores catástrofes naturales de la historia, en España un terremoto de 4,5 grados y un segundo temblor de 5,1 en la escala de Richter han sembrado el pánico y la desolación en la localidad de Lorca, Murcia. El seísmo de mayor gravedad en los últimos 50 años. Las primeras estimaciones han elevado el número de muertos a nueve y los edificios que se han visto afectados ascienden al 80 por ciento. No es el momento para abrir un debate sobre la calidad de las construcciones cuando las víctimas deben ser respetadas, las familias consoladas y solidarizarse con todos aquellos que han tenido pérdidas materiales importantes; pero es una cuestión que no podemos obviar y que habrá que abordar.

El ‘boom’ del ladrillo ha traído consigo muchos males. La crisis económica que estamos soportando y su incidencia en el número de parados en el país han sido motivadas en buena parte por el fracaso del modelo de crecimiento basado en el sector de la construcción. Mientras la burbuja crecía y crecía todo iba viento a favor, sin embargo, cuando estalló las consecuencias han sido demoledoras para la sociedad y la economía. Un sector que absorbió una gran cantidad de mano de obra, ha tenido que realizar una reestructuración para adaptarse a un modelo mucho más real y no tan ficticio como el que vivió años atrás. 

A la sombra del ladrillo aparecieron multitud de constructoras y promotoras, innumerables inmobiliarias que llenaban las calles, entidades bancarias que multiplicaban sus sucursales. El afán por construir viviendas y obtener rápidos beneficios iba acompañado por la mala calidad de las construcciones. Edificios donde la intimidad queda reducida al mínimo, la poca consistencia de las edificaciones, paredes donde hasta colgar un cuadro se convierte en una tarea casi imposible, son algunas de las características más habituales de las viviendas de nuestro tiempo. Cuando vemos el caso de Lorca donde un terremoto de 5,1 grados es capaz de producir tal destrucción, cabe preguntarse en la calidad de las construcciones de la zona. No me parece normal que en ese nivel de magnitud pueda producirse imágenes como las que estamos viendo en los diferentes medios de comunicación. Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta la autoconstrucción y ver si verdaderamente hay un seguimiento y un control real de las autoconstrucciones que se llevan a cabo en este país. Si pongo el ejemplo de Canarias, miedo me da ver lo que hay construido y cómo está construido en estas islas. 

Estoy convencido que pasado este momento las autoridades se pondrán las pilas y endurecerán la normativa para la construcción de edificios, profundizando en los mínimos de calidad de las construcciones y su seguridad, así como para la autoconstrucción. Lo lamentable es que siempre tiene que haber un suceso trágico para que nuestros dirigentes tomen cartas en el asunto.

LA EDUCACIÓN CANARIA EN DECLIVE

Para cualquier gobierno de Estado, o como en España donde las competencias en materia educativa están transferidas a las comunidades, la educación es una de las áreas que mayor exigencia requiere de sus dirigentes. La educación debe ser la base de toda sociedad, la creadora de un capital humano cualificado y capaz de llevar a un país a cotas de desarrollo cada vez mayores, tanto desde el punto de vista material como intelectual. La complejidad del sistema educativo (alumnos, padres, profesores, administración) reparte responsabilidades del éxito o fracaso del sistema. 

Centrándome en la función esencial que corresponde a la administración en el planeamiento y gestión de la educación, y en este caso de la educación en Canarias, nos cuesta mucho entender cómo con más del 25 por ciento del presupuesto de toda la Comunidad Autónoma de Canarias destinado a educación, siendo la cuarta comunidad de todo el Estado en inversión en el sistema educativo,  los resultados sean tan pobres.

Según un estudio de la organización Profesionales por la Ética, con datos analizados de las estadísticas publicadas por el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Estadística, la OCDE y Eurostat; Canarias es una de las últimas en eficacia del gasto educativo, es decir, en eficiencia de la inversión pública en enseñanza no universitaria, al obtener 23 puntos sobre 100. Solo registran peores resultados que Canarias las comunidades de Castilla-La Mancha y Baleares. Además de este aspecto, el informe también establece una clasificación de “excelencia educativa donde Canarias ocupa la última posición, superada en este caso por Baleares y Castilla-La Mancha. Un análisis rápido de la situación nos deja entrever que no se trata solo de gastar más, sino de gestionar bien los recursos y seguir una política educativa coherente.

                               Excelencia  Eficiencia

                       Puesto  Puntuación  del gasto

País Vasco              1  (1)    8,71       58,3

Navarra                 2  (2)    8,02       53,6

Castilla y León         3  (5)    7,70       59,5

Asturias                4  (3)    7,01       47,4

Madrid                  5  (4)    6,53       50,2

Cantabria               6  (7)    6,01       35,5

Aragón                  7  (6)    5,84       39,1

Cataluña                8  (9)    5,68       35,9

Galicia                 9  (8)    5,58       32,6

La Rioja               10 (10)    5,36       33,5

Comunidad Valenciana   11 (11)    3,44       24,6

Murcia                 12 (15)    3,02       24,7

Extremadura            13 (13)    2,99       23,7

Andalucía              14 (17)    2,51       25,4

Castilla-La Mancha     15 (14)    2,44       20,1

Baleares               16 (12)    2,28       18,6

Canarias               17 (16)    1,90       21,7

Estos datos se suman al último informe PISA que elabora la OCDE y que tampoco dejó en buen lugar la educación en Canarias. De acuerdo que la educación es responsabilidad de todos, como ya he mencionado en otros de mis artículos, ahora bien, buena parte de esa responsabilidad cae en la administración pública y de la gestión que haga de los recursos. La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias se ha caracterizado históricamente por su conflictividad. Las disputas con los sindicatos de la enseñanza son una constante de cada legislatura. Todo ello acompañado con los pésimos resultados que desde el punto de vista académico tienen nuestros alumnos, con unos índices de fracaso preocupante, así como de abandono escolar, rematados por la mala gestión de la propia Consejería de los recursos humanos y materiales. La coyuntura de crisis económica de los últimos años ha propiciado su agravamiento. Si somos la cuarta comunidad que más invierte y el 25 por ciento del presupuesto de la Comunidad se destina a la educación, algo se está haciendo mal.

La autocomplacencia de este Gobierno en materia educativa es alarmante, pienso que terminan por creerse lo que dicen de la educación en las Islas. La educación canaria está con respiración asistida, en clara decadencia, acentuada por una crisis económica que ha reducido en dos años el presupuesto en educación en unos 180 millones de euros aproximadamente. La mala gestión de la consejera del área, Milagros Luis Brito, va a dejar un sistema con unos desequilibrios difíciles de recuperar si no se establecen claramente prioridades, se actúan sobre ellas y se dejan cuestiones de segundo orden o nivel para mejores momentos. 

Canarias es la Comunidad con mayor número de alumnos por profesor, es la que presenta mayor precariedad laboral entre los docentes con un porcentaje del 27,37 por ciento de profesorado interino-sustituto y está entre las comunidades que más bajan su partida presupuestaria para este año pese a encabezar el listado de regiones con mayor fracaso escolar. Y así, suma y sigue.

El plan de sustituciones de la Consejería

Canarias tiene la ratio alumno-profesor más alta del Estado y los sindicatos calculan el déficit de profesores en el Archipiélago en unos 6.000 docentes. Desde el pasado año la Consejería de Educación está aplicando una política de sustituciones que ha puesto el grito en el cielo de los equipos directivos de los centros de enseñanza y de padres de alumnos que un día sí y otro también vemos en los medios de comunicación protestando por la falta de profesorado o por la ausencia de sustituciones en los colegios de sus hijos. El sindicato STEC-IC ha cifrado por lo bajo en 70.000 horas lectivas perdidas tras la aplicación por la Consejería de su plan de sustitucionescomplementarias o la coordinación docente porque el profesorado debe rotar y parchear los huecos de las bajas docentes, encontrándonos con casos en los que por un aula puede llegar a pasar dos profesores en una hora lectiva, degradando la especialidad y con el único objetivo que los niños estén atendidos, pero no que estén realmente aprendiendo. Todo lo contrario de lo que se predica cuando se hace referencia a una educación de calidad, tal y como dice repetidamente la Consejería. 

El ‘Plan de Sustituciones Cortas’, así denominado, no es más que un eufemismo para decir que aquí no se sustituye ni a “Dios”. A este eufemismo se le une aquello que repite incesantemente la Consejería de que los niños están atendidos. Solo faltaba que no lo estuvieran. No se trata de que estén atendidos, sino de que aprendan, se formen en conocimientos y valores. El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, suele hablar con frecuencia de lo importante de la educación para el futuro de Canarias. El valor del capital humano bien formado para el desarrollo y la salida de Canarias de la crisis. Pero qué lejos está ese discurso de lo que se vive en los centros de educación de Canarias. 

Hay 40 millones de euros destinados a digitalizar las aulas de 5º y 6º de Primaria y de Primero y Segundo de la ESO. Sin lugar a dudas que la introducción de las nuevas tecnologías en el aula debe realizarse, pero no se puede construir la casa por el tejado, no podemos tener aulas digitalizadas cuando hay centros donde los alumnos tienen que recibir clases en barracones. No podemos tener ordenadores y pizarras digitales en cada aula si hay alumnos que no pueden ser atendidos en su diversidad. Qué es lo que se está priorizando, la propaganda, la apariencia, o que las cosas funcionen adecuadamente.

La Consejería ha vuelto a sacar a paseo la necesidad de un gran pacto en educación que otorgue al sistema educativo una estabilidad de la que ha carecido en los últimos años, sometida al vaivén de las decisiones del partido político de turno. Sin embargo, admitiendo que el sistema tiene sus defectos y es necesario llegar a una estabilidad del mismo, no puede desviarse la atención y derivar toda la problemática al modelo educativo en sí. Canarias tuvo hace años, siendo el actual consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, consejero de Educación, un memorable pacto llamado “Pacto por la Calidad”, no podía ser de otra manera,  del cual lo único que recuerdo es la estrella azul que como logo aparecía en todos los documentos de la Consejería porque de resultados, más bien poco o nada. 

La educación en Canarias necesita un cambio radical con la implicación de todos los sectores y con el buen hacer de la administración, algo que hasta ahora no se ha producido.

LA TRAMPA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CON BILDU

El descrédito del Tribunal Constitucional, máxima institución para velar por los principios constitucionales que rigen nuestro país, continúa en aumento después del bochornoso quehacer con el Estatuto de Cataluña -tres años para tomar una decisión sobre su constitucionalidad o no- y ahora apuntalada por la decisión en torno a la formación política Bildu. Esta coalición, integrada por Eusko Alkartasuna (EA), Alternatiba (una escisión de Ezker Batua)  y abertzales independientes, cuya intención era presentarse a las próximas elecciones autonómicas y locales del 22 de mayo, fue prohibida por el Tribunal Supremo al entender que se trataba de una nueva estrategia de Batasuna, y por lo tanto de ETA, para acceder a las instituciones públicas. No muy lejos en el tiempo quedan los casos de PCTV (Partido Comunista de las Tierras Vascas) o ANV (Acción Nacionalista Vasca) que al final lograron colarse en las instituciones. Los informes de las Fuerzas de Seguridad del Estado así lo dejaban patente. Aunque sin unanimidad, el Supremo dijo no a Bildu, pero aún cabía la posibilidad de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que finalmente daba el visto bueno a la formación (por tan solo un voto de diferencia) y desde hoy mismo Bildu ya hace campaña con vistas al 22 de mayo. 

Si no lo es, la jugada parece de ajedrez y con una intencionalidad política de fondo que es difícil de obviar. No podemos tener un Tribunal Constitucional que se convierta en una trampa una vez y otra también, que tome decisiones políticas y no jurídicas porque está politizado hasta la médula. Podemos prever el sentido de sus votaciones solamente con mirar qué partido político ha propuesto a los magistrados que lo integran. De ahí derivar el signo de la sentencia es como aplicar valores de verdad de la Lógica Proposicional, aquello de p entonces q. Si verdaderamente creemos en la democracia y en la separación de poderes no podemos seguir permitiendo un Tribunal con la influencia que en él tienen ahora mismo los partidos de cualquier signo político, me es indiferente. Debemos disipar las dudas del máximo órgano garante de nuestros derechos y libertades, para confiar en su independencia de los poderes políticos. La designación de los magistrados se debe realizar en virtud de su competencia y no de su afinidad ideológica y, por supuesto, nunca a propuesta de los partidos políticos.

El Tribunal Supremo ya había rechazado la primera propuesta de la izquierda aberzale, Sortu. Para el Supremo Sortu era heredera de la ilegalizada Batasuna y conservaba vínculos con la banda terrorista ETA. En esa ocasión tampoco hubo unanimidad, pero solo hubo tres votos particulares. Los magistrados consideraron, además, que el rechazo de la violencia que figuraba en los estatutos presentados por Sortu era insuficiente para permitir su inscripción como partido. Pero antes de que pudiera presentar Sortu un recurso ante el Constitucional ya se había puesto en marcha un segundo plan denominado Bildu y en el que, curiosamente, sus dirigentes especificaron que no iban a tener en sus listas a miembros de Sortu. Precisamente Sortu se olvidó y la estrategia ahora era Bildu. Sortu quedó marcada como la verdadera apuesta de Batasuna, pero Bildu no era una cuestión improvisada, sino un proyecto perfectamente planteado para colarse en las instituciones. De hecho, la Guardia Civil desveló, por medio de un acta de ETA incautada en los registros de una de sus operaciones antiterroristas, las vinculaciones de EA con el entorno de la banda terrorista.

Las presiones del líder del PNV, Íñigo Urkullu, poniendo en cuestión el apoyo del PNV al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero si Bildu no estaba presente en las elecciones, es la piedra angular de toda la jugada. Bildu está en las elecciones, el Gobierno consigue el apoyo del PNV asegurándose estabilidad hasta el final de la legislatura y, como colofón, puede abrir una crisis entre el PSE y el PP en el Parlamento Vasco que pueda propiciar al PNV jugar un papel más importante en la Cámara Vasca de lo que hasta ahora había hecho en una oposición sórdida a la que no estaba acostumbrado. 

La nueva Ley Electoral prevé que una formación que se presenta a las elecciones pueda quedar invalidada incluso en el periodo de campaña electoral. El Partido Popular ha instado al Gobierno a realizar un seguimiento puntual de todos los actos de Bildu, pero mucho me temo que no van a ser tan estúpidos como para cometer un error que deje a la coalición fuera de las elecciones.

Una nueva decepción de nuestra Justicia que, junto con el escarnio del caso Troitiño, se está cubriendo de gloria.