EN POCAS LÍNEAS (III)

Ahora es AENA

El exministro de Trabajo, Manuel Pimentel, ha sentado las bases para el fin definitivo del conflicto que AENA mantiene con los controladores aéreos y que motivó, el pasado mes de diciembre, la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno tras abandonar los controladores sus puestos de trabajo y ocasionar el cierre del espacio aéreo español.

Pimentel defendió que los controladores españoles trabajan "más que la media europea, pero también ganan mucho más", por lo que es necesario ir ajustando la jornada para adecuarse a la media europea. El laudo arbitral es de obligado cumplimiento por lo ahora queda plasmar los resultados del arbitraje en el definitivo convenio colectivo de los controladores.

Pero si un conflicto puede cerrarse, otro parece que comienza a emerger. Los trabajadores de AENA amenazan al Gobierno con huelgas en todos los aeropuertos españoles durante Semana Santa y verano si no rectifica su plan de vender el 49 por ciento de la empresa. AENA tiene un déficit de 433 millones de euros, el 75 por ciento corresponde a un solo aeropuerto, el de Madrid. La mala gestión del aeropuerto de Madrid es evidente si tenemos en cuenta que es el único de los grandes aeropuertos europeos que tiene pérdidas, pero también la existencia de otros muchos aeropuertos en ciudades donde no parece ser una necesidad imperiosa ha lastrado los resultados de la empresa pública. La solución que ha encontrado el Gobierno es la privatización como principal medida para subsanar y corregir los malos resultados.

Ante esta medida, los sindicatos han mostrado su rechazo ya que la privatización quiere esconder lo que ha sido una mala gestión por parte de los responsables de AENA y del Ministerio de Fomento. No cabe duda que la convocatoria de nuevas jornadas de huelga en periodos de especial incidencia en el turismo no es buena para este país y, en especial, para las Islas Canarias. Tampoco hay que ver la privatización de diferentes sectores públicos como algo necesariamente negativo y que puede conllevar la pérdida de calidad en el servicio. Muchos son los casos que se pueden poner como ejemplo donde precisamente al privatizarse una empresa pública se gana en calidad y en eficacia. Ahora bien, no se puede encubrir el trasfondo del problema que sigue siendo la mala gestión del órgano directivo. Aunque todo sea dicho, hay otras fechas donde se podría poner en práctica el derecho legítimo a la huelga sin causar más daños en la economía del que ya se haría.

Otra improvisación, otra prohibición

El pasado viernes el ministro del Interior y portavoz del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, nos sorprendía con otra de esas noticias que suele prodigar nuestro Gobierno y anunciar a bombo y platillo. Dada la crisis en los países del norte de África, el petróleo Brent ha elevado su precio en el mercado y ello ha supuesto que la factura energética de España aumente en más de 6.000 millones de euros. La dependencia del petróleo pasa factura.

Como medida de choque, entre otras, el Gobierno ha vuelvo a prohibir, y digo ha vuelto porque si por algo se caracteriza este Gobierno es por hacer del Estado un papá supervisor de la conducta de sus súbditos. De los 120 km/h como velocidad máxima la reduce a 110 Km/h en autovías y autopistas. Las voces críticas con esta medida no se han hecho esperar. La medida deja bastantes dudas sobre su eficacia en el ahorro energético y no parece ser la solución al problema, aunque esta medida sea de carácter provisional mientras dure la inestabilidad en el norte de África. Un 14,5 por ciento de las importaciones de crudo de España procede de Libia, por lo que no se entiende cómo se puede decretar esa medida de urgencia cuando el porcentaje es relativamente bajo y otros países han aumentado su producción para satisfacer la demanda.

El dinero que se invertiría en habilitar las autovías y autopistas podría destinarse a campañas de concienciación de la necesidad de ahorro energético y el buen uso del automóvil. Existe un decálogo para la conducción eficiente que consigue que los conductores ahorren hasta más de un 20 por ciento de combustible. La cuestión no está en medidas provisionales de resultados dudosos, sino en la verdadera educación de los conductores porque el problema energético no es cuestión coyuntural, es un problema real del presente y del futuro que requiere una formación continua desde la niñez hasta la edad adulta.