Mucho se ha escrito sobre lo acontecido el pasado mes de diciembre con la “estampida laboral” de los controladores aéreos y el consiguiente caos que se produjo en los aeropuertos que obligó a cerrar el espacio aéreo nacional. No cabe duda que la acción ilegal tuvo en su momento el rechazo mayoritario de la opinión pública, de las formaciones políticas, así como de empresarios y consumidores.
Ante la situación creada, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tomo la decisión de declarar el “estado de alarma”, situación jamás vivida en nuestro país en el periodo democrático, y con ello la militarización del control aéreo. En un principio se planteó lo ajustado que podría estar la adopción de esta medida a la legalidad vigente, aunque desde el punto de vista práctico no se discutió su aplicación dada la gravedad de la situación y el perjuicio económico, no solo para los ciudadanos directos que se vieron afectados por la suspensión de vuelos, sino para el sector turístico, especialmente en un territorio como el canario donde el turismo es la base fundamental de la economía del Archipiélago.
Casi dos meses después de firmarse los reales decretos que daban entrada en vigor al “estado de alarma”, el Tribunal Supremo ha rechazado los recursos presentados por el principal sindicado de controladores, USCA, avalando de esta manera la actuación del Gobierno.
En la comparecencia en el Congreso de los Diputados que en su momento el presidente del Gobierno realizó para explicar el porqué de declarar el “estado de alarma”, Rodríguez Zapatero dio datos concretos sobre el funcionamiento de los controladores, número de operaciones realizadas, así como otros detalles importantes para hacernos una idea del conflicto que se venía arrastrando desde hacía varios meses con este colectivo profesional de un sector estratégico.
Desde la imparcialidad y ausencia de prejuicios partidistas con la que intento analizar los hechos, creo que el Gobierno actuó correctamente en las decisiones tomadas para hacer frente a una situación sin precedentes. Tampoco quiere decir ello que sea un asentimiento acrítico. Serias dudas tengo sobre el conocimiento que el Gobierno tenía de lo que podría pasar con la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un decreto ley que regulaba las horas de trabajo de los controladores. Sospechas fundadas en el día que eligió para dar luz verde al decreto, justo antes de una de las fechas más significativas para el transporte de pasajeros en avión: ‘el puente de la Constitución’. Y, sobre todo, el hecho de que Zapatero no fuese a la Cumbre Iberoamericana. Quizás, demasiadas coincidencias.
No obstante, el fondo de la cuestión es injustificable. La actitud de los controladores terminó por estigmatizar a un colectivo, curiosamente jamás había hecho una huelga, que ya venía estando tremendamente cuestionado por la opinión pública. Tras esta situación, un punto y aparte. Las cosas han cambiado, la privatización de aeropuertos y del control aéreo está en marcha. AENA y controladores retomaron unas negociaciones que no han llegado a fructificar y han tenido que recurrir a la figura del arbitraje. El exministro de Trabajo, Manuel Pimentel, será el árbitro para mediar en este conflicto laboral, aún pendiente de cerrar, en aquellos puntos de la negociación sobre el convenio colectivo en los que no se ha alcanzado un consenso. De cualquier manera, la lección creo que está aprendida. Las cosas ya no serán como antes en una torre de control.
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