Para cualquier gobierno de Estado, o como en España donde las competencias en materia educativa están transferidas a las comunidades, la educación es una de las áreas que mayor exigencia requiere de sus dirigentes. La educación debe ser la base de toda sociedad, la creadora de un capital humano cualificado y capaz de llevar a un país a cotas de desarrollo cada vez mayores, tanto desde el punto de vista material como intelectual. La complejidad del sistema educativo (alumnos, padres, profesores, administración) reparte responsabilidades del éxito o fracaso del sistema.
Centrándome en la función esencial que corresponde a la administración en el planeamiento y gestión de la educación, y en este caso de la educación en Canarias, nos cuesta mucho entender cómo con más del 25 por ciento del presupuesto de toda la Comunidad Autónoma de Canarias destinado a educación, siendo la cuarta comunidad de todo el Estado en inversión en el sistema educativo, los resultados sean tan pobres.
Según un estudio de la organización Profesionales por la Ética, con datos analizados de las estadísticas publicadas por el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Estadística, la OCDE y Eurostat; Canarias es una de las últimas en eficacia del gasto educativo, es decir, en eficiencia de la inversión pública en enseñanza no universitaria, al obtener 23 puntos sobre 100. Solo registran peores resultados que Canarias las comunidades de Castilla-La Mancha y Baleares. Además de este aspecto, el informe también establece una clasificación de “excelencia educativa donde Canarias ocupa la última posición, superada en este caso por Baleares y Castilla-La Mancha. Un análisis rápido de la situación nos deja entrever que no se trata solo de gastar más, sino de gestionar bien los recursos y seguir una política educativa coherente.
Excelencia Eficiencia
Puesto Puntuación del gasto
País Vasco 1 (1) 8,71 58,3
Navarra 2 (2) 8,02 53,6
Castilla y León 3 (5) 7,70 59,5
Asturias 4 (3) 7,01 47,4
Madrid 5 (4) 6,53 50,2
Cantabria 6 (7) 6,01 35,5
Aragón 7 (6) 5,84 39,1
Cataluña 8 (9) 5,68 35,9
Galicia 9 (8) 5,58 32,6
La Rioja 10 (10) 5,36 33,5
Comunidad Valenciana 11 (11) 3,44 24,6
Murcia 12 (15) 3,02 24,7
Extremadura 13 (13) 2,99 23,7
Andalucía 14 (17) 2,51 25,4
Castilla-La Mancha 15 (14) 2,44 20,1
Baleares 16 (12) 2,28 18,6
Canarias 17 (16) 1,90 21,7
Estos datos se suman al último informe PISA que elabora la OCDE y que tampoco dejó en buen lugar la educación en Canarias. De acuerdo que la educación es responsabilidad de todos, como ya he mencionado en otros de mis artículos, ahora bien, buena parte de esa responsabilidad cae en la administración pública y de la gestión que haga de los recursos. La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias se ha caracterizado históricamente por su conflictividad. Las disputas con los sindicatos de la enseñanza son una constante de cada legislatura. Todo ello acompañado con los pésimos resultados que desde el punto de vista académico tienen nuestros alumnos, con unos índices de fracaso preocupante, así como de abandono escolar, rematados por la mala gestión de la propia Consejería de los recursos humanos y materiales. La coyuntura de crisis económica de los últimos años ha propiciado su agravamiento. Si somos la cuarta comunidad que más invierte y el 25 por ciento del presupuesto de la Comunidad se destina a la educación, algo se está haciendo mal.
La autocomplacencia de este Gobierno en materia educativa es alarmante, pienso que terminan por creerse lo que dicen de la educación en las Islas. La educación canaria está con respiración asistida, en clara decadencia, acentuada por una crisis económica que ha reducido en dos años el presupuesto en educación en unos 180 millones de euros aproximadamente. La mala gestión de la consejera del área, Milagros Luis Brito, va a dejar un sistema con unos desequilibrios difíciles de recuperar si no se establecen claramente prioridades, se actúan sobre ellas y se dejan cuestiones de segundo orden o nivel para mejores momentos.
Canarias es la Comunidad con mayor número de alumnos por profesor, es la que presenta mayor precariedad laboral entre los docentes con un porcentaje del 27,37 por ciento de profesorado interino-sustituto y está entre las comunidades que más bajan su partida presupuestaria para este año pese a encabezar el listado de regiones con mayor fracaso escolar. Y así, suma y sigue.
El plan de sustituciones de la Consejería
Canarias tiene la ratio alumno-profesor más alta del Estado y los sindicatos calculan el déficit de profesores en el Archipiélago en unos 6.000 docentes. Desde el pasado año la Consejería de Educación está aplicando una política de sustituciones que ha puesto el grito en el cielo de los equipos directivos de los centros de enseñanza y de padres de alumnos que un día sí y otro también vemos en los medios de comunicación protestando por la falta de profesorado o por la ausencia de sustituciones en los colegios de sus hijos. El sindicato STEC-IC ha cifrado por lo bajo en 70.000 horas lectivas perdidas tras la aplicación por la Consejería de su plan de sustitucionescomplementarias o la coordinación docente porque el profesorado debe rotar y parchear los huecos de las bajas docentes, encontrándonos con casos en los que por un aula puede llegar a pasar dos profesores en una hora lectiva, degradando la especialidad y con el único objetivo que los niños estén atendidos, pero no que estén realmente aprendiendo. Todo lo contrario de lo que se predica cuando se hace referencia a una educación de calidad, tal y como dice repetidamente la Consejería.
El ‘Plan de Sustituciones Cortas’, así denominado, no es más que un eufemismo para decir que aquí no se sustituye ni a “Dios”. A este eufemismo se le une aquello que repite incesantemente la Consejería de que los niños están atendidos. Solo faltaba que no lo estuvieran. No se trata de que estén atendidos, sino de que aprendan, se formen en conocimientos y valores. El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, suele hablar con frecuencia de lo importante de la educación para el futuro de Canarias. El valor del capital humano bien formado para el desarrollo y la salida de Canarias de la crisis. Pero qué lejos está ese discurso de lo que se vive en los centros de educación de Canarias.
Hay 40 millones de euros destinados a digitalizar las aulas de 5º y 6º de Primaria y de Primero y Segundo de la ESO. Sin lugar a dudas que la introducción de las nuevas tecnologías en el aula debe realizarse, pero no se puede construir la casa por el tejado, no podemos tener aulas digitalizadas cuando hay centros donde los alumnos tienen que recibir clases en barracones. No podemos tener ordenadores y pizarras digitales en cada aula si hay alumnos que no pueden ser atendidos en su diversidad. Qué es lo que se está priorizando, la propaganda, la apariencia, o que las cosas funcionen adecuadamente.
La Consejería ha vuelto a sacar a paseo la necesidad de un gran pacto en educación que otorgue al sistema educativo una estabilidad de la que ha carecido en los últimos años, sometida al vaivén de las decisiones del partido político de turno. Sin embargo, admitiendo que el sistema tiene sus defectos y es necesario llegar a una estabilidad del mismo, no puede desviarse la atención y derivar toda la problemática al modelo educativo en sí. Canarias tuvo hace años, siendo el actual consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, consejero de Educación, un memorable pacto llamado “Pacto por la Calidad”, no podía ser de otra manera, del cual lo único que recuerdo es la estrella azul que como logo aparecía en todos los documentos de la Consejería porque de resultados, más bien poco o nada.
La educación en Canarias necesita un cambio radical con la implicación de todos los sectores y con el buen hacer de la administración, algo que hasta ahora no se ha producido.
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