El descrédito del Tribunal Constitucional, máxima institución para velar por los principios constitucionales que rigen nuestro país, continúa en aumento después del bochornoso quehacer con el Estatuto de Cataluña -tres años para tomar una decisión sobre su constitucionalidad o no- y ahora apuntalada por la decisión en torno a la formación política Bildu. Esta coalición, integrada por Eusko Alkartasuna (EA), Alternatiba (una escisión de Ezker Batua) y abertzales independientes, cuya intención era presentarse a las próximas elecciones autonómicas y locales del 22 de mayo, fue prohibida por el Tribunal Supremo al entender que se trataba de una nueva estrategia de Batasuna, y por lo tanto de ETA, para acceder a las instituciones públicas. No muy lejos en el tiempo quedan los casos de PCTV (Partido Comunista de las Tierras Vascas) o ANV (Acción Nacionalista Vasca) que al final lograron colarse en las instituciones. Los informes de las Fuerzas de Seguridad del Estado así lo dejaban patente. Aunque sin unanimidad, el Supremo dijo no a Bildu, pero aún cabía la posibilidad de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que finalmente daba el visto bueno a la formación (por tan solo un voto de diferencia) y desde hoy mismo Bildu ya hace campaña con vistas al 22 de mayo.
Si no lo es, la jugada parece de ajedrez y con una intencionalidad política de fondo que es difícil de obviar. No podemos tener un Tribunal Constitucional que se convierta en una trampa una vez y otra también, que tome decisiones políticas y no jurídicas porque está politizado hasta la médula. Podemos prever el sentido de sus votaciones solamente con mirar qué partido político ha propuesto a los magistrados que lo integran. De ahí derivar el signo de la sentencia es como aplicar valores de verdad de la Lógica Proposicional, aquello de p entonces q. Si verdaderamente creemos en la democracia y en la separación de poderes no podemos seguir permitiendo un Tribunal con la influencia que en él tienen ahora mismo los partidos de cualquier signo político, me es indiferente. Debemos disipar las dudas del máximo órgano garante de nuestros derechos y libertades, para confiar en su independencia de los poderes políticos. La designación de los magistrados se debe realizar en virtud de su competencia y no de su afinidad ideológica y, por supuesto, nunca a propuesta de los partidos políticos.
El Tribunal Supremo ya había rechazado la primera propuesta de la izquierda aberzale, Sortu. Para el Supremo Sortu era heredera de la ilegalizada Batasuna y conservaba vínculos con la banda terrorista ETA. En esa ocasión tampoco hubo unanimidad, pero solo hubo tres votos particulares. Los magistrados consideraron, además, que el rechazo de la violencia que figuraba en los estatutos presentados por Sortu era insuficiente para permitir su inscripción como partido. Pero antes de que pudiera presentar Sortu un recurso ante el Constitucional ya se había puesto en marcha un segundo plan denominado Bildu y en el que, curiosamente, sus dirigentes especificaron que no iban a tener en sus listas a miembros de Sortu. Precisamente Sortu se olvidó y la estrategia ahora era Bildu. Sortu quedó marcada como la verdadera apuesta de Batasuna, pero Bildu no era una cuestión improvisada, sino un proyecto perfectamente planteado para colarse en las instituciones. De hecho, la Guardia Civil desveló, por medio de un acta de ETA incautada en los registros de una de sus operaciones antiterroristas, las vinculaciones de EA con el entorno de la banda terrorista.
Las presiones del líder del PNV, Íñigo Urkullu, poniendo en cuestión el apoyo del PNV al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero si Bildu no estaba presente en las elecciones, es la piedra angular de toda la jugada. Bildu está en las elecciones, el Gobierno consigue el apoyo del PNV asegurándose estabilidad hasta el final de la legislatura y, como colofón, puede abrir una crisis entre el PSE y el PP en el Parlamento Vasco que pueda propiciar al PNV jugar un papel más importante en la Cámara Vasca de lo que hasta ahora había hecho en una oposición sórdida a la que no estaba acostumbrado.
La nueva Ley Electoral prevé que una formación que se presenta a las elecciones pueda quedar invalidada incluso en el periodo de campaña electoral. El Partido Popular ha instado al Gobierno a realizar un seguimiento puntual de todos los actos de Bildu, pero mucho me temo que no van a ser tan estúpidos como para cometer un error que deje a la coalición fuera de las elecciones.
Una nueva decepción de nuestra Justicia que, junto con el escarnio del caso Troitiño, se está cubriendo de gloria.
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