Estamos de acuerdo que las protestas de lo que se ha venido a denominar Movimiento 15-M o ‘indignados’, era algo que se veía venir y que echábamos de menos en cierta manera en nuestro país ante los alarmantes datos del paro y la desconfianza creciente en la clase política. Pero hay medios de comunicación y sectores sociales que, habituados a las etiquetas, han pasado a demonizar este movimiento. El sistema, recordemos, no se tambalea porque miles de personas salgan a la calle a protestar por lo que la crisis económica ha producido en sus vidas y en sus perspectivas, sino por la deficiencia y las contradicciones de una economía de mercado que se dejó campar a su aire sin mecanismos de control adecuados que velasen, en última instancia, por las consecuencias negativas para la propia economía y la sociedad y que finalmente salieron como si de la caja de Pandora estuviéramos hablando.
No somos los ciudadanos los culpables de que el euro esté cuestionado por la mala gestión de los gobiernos, por el despilfarro de las administraciones públicas, por la corrupción que en los años de bonanza, asociada al urbanismo, acompañó a la clase política, por la ineficacia de los órganos de control y por la irresponsabilidad de las entidades bancarias. Si hay algo claro en los ‘indignados’ es que estamos hablando de un grupo heterogéneo, con planteamientos que van de lo político a lo económico. Hay planteamientos utópicos y por propia definición, irrealizables. Pero hay muchos puntos a tener en cuenta y que lo firmaría una amplia parte de los ciudadanos. Los jóvenes son los que tienen mayor presencia en este movimiento. Lógico si tenemos en cuenta que siempre serán los jóvenes quienes poseen una mayor voluntad de cambio, de transformación social, acentuada por las pésimas perspectivas de su futuro más inmediato, pero no son los únicos.
Ese afán de cambio y transformación debe realizarse desde los propios mecanismos democráticos y sería un error plantear esa transformación desde fuera. Presionar, con los límites que la legalidad ofrece, para que los políticos adopten las medidas oportunas e inicien cambios legislativos orientados a hacer más transparente la acción política, más austeridad y seriedad en el gasto público, una mayor participación ciudadana si cabe con referendos vinculantes en temas específicos, la reforma de la ley electoral, listas abiertas, una auténtica división de poderes, limitar la acción de los partidos en diferentes esferas de la sociedad. Otra cuestión son las medidas económicas que algunos sectores del movimiento ofrecen como solución, que rozan las consabidas proclamas de los grupos antisistema. La democracia es el mejor de los sistemas y es el que hace posible que movimientos como el de los ‘indignados’ puedan expresar libremente sus opiniones y reivindicaciones. Otra cosa es que sea perfectible. Aumentar la calidad democrática es un objetivo por el que todos apostamos. Desde el punto de vista económico pasa tres cuartos de lo mismo. Lo primero, salir de esta situación compleja, sanear la economía y admitir los esfuerzos que “todos” debemos realizar, no solo los de siempre. En primer lugar la clase política, que debe ser ejemplo de austeridad y dejar de lado tantos privilegios acumulados en la época de vacas gordas. También la banca, con su parte de responsabilidad en la crisis. No es buena imagen repartirse suntuosos dividendos entre los miembros de consejos de administración.
Si mejoramos nuestro sistema democrático, también es posible mejorar el sistema económico. Revisar la virtualidad de los mercados financieros, el poder de las agencias de calificación y su influencia en la economía real, la necesidad de órganos reguladores con capacidad sancionadora, control de los presupuestos de los estados miembros de la eurozona, control del gasto en las comunidades autónomas, control sobre las entidades financieras y los productos que estas ofertan. Una palabra repito: control; y es que parece que durante mucho tiempo lo que ha habido es exceso de descontrol en la economía.
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