La actual situación de crisis ha puesto al descubierto las deficiencias de financiación del sistema sanitario en España. El debate del copago, es decir, que parte de la consulta a un médico sea pagado por la Administración y otra parte por el usuario, ha vuelto a surgir por las palabras del presidente de la Comunidad de Murcia, Ramón Luis Valcárcel.
No cabe duda que la sanidad pública la pagamos todos con nuestros impuestos, pero también que en ocasiones el uso irracional por parte de algunos pacientes puede justificar medidas como las del copago. La crisis económica y los ajustes presupuestarios han agravado la situación de los servicios públicos y, en consecuencia, que se piensen en medidas que puedan suponer una financiación extra al sistema.
El debate vuelve a surgir ahora, pero recordemos que el Consejo de Ministros de Economía de la Unión Europea , Ecofin, ha aprobado un informe que contiene una serie de recomendaciones en materia sanitaria para orientar a los gobiernos en materia de reducción de costes en un aspecto esencial como es el sanitario, entre esas recomendaciones, el copago.
Ahora bien, el copago debería ser la última medida a tomar. Antes de aplicarse una medida donde el paciente del sistema sanitario tenga que aportar un tanto por ciento del coste de la consulta, habría que buscar otras posibilidades de financiación. Un pago simbólico –un euro por consulta- que pueda suponer, no solo un ingreso extra para las arcas públicas, sino un elemento de concienciación del coste del sistema, podría ser una opción a analizar.
Pero, mientras, por ejemplo, en Canarias las dietas de los diputados autonómicos dupliquen lo que Sanidad paga a los canarios por desplazamientos de un paciente o acompañante que tenga que abandonar su isla para recibir algún tipo de tratamiento, o mientras no se establezca un sistema de financiación de los partidos políticos y sindicatos más austeros y con menos dinero público, no pueden nuestros dirigentes acometer medidas que ahondarán más en el descrédito de una clase política que toma decisiones aplicables a los ciudadanos, pero son reacios a tomar medidas que limiten su situación privilegiada.
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