En un artículo anterior me he mostrado claramente a favor de la nueva ley antitabaco que entró en vigor en nuestro país el pasado 2 de enero y que, entre otros aspectos, prohíbe fumar en espacios cerrados. La ministra de Sanidad, Leire Pajín, dejaba entrever la posibilidad, como una medida más para la lucha, no exenta de cierta hipocresía, contra el tabaquismo, de financiar con fondos públicos el tratamiento para aquellos que deseen dejar de fumar.
La administración pública no es un ente abstracto del que emana por gracia divina los fondos para pagar todo lo que se les pueda ocurrir a nuestros gobernantes. Todos somos parte del Estado, todos contribuimos con nuestros impuestos a que exista el dinero suficiente para cubrir lo que nuestros dirigentes, con responsabilidad, decidan que hay que cubrir.
Sí, también los fumadores pagan impuestos y también el Estado recauda unas importantes cifras por la aplicación de los impuestos al tabaco. El pasado año el Estado ingresó cerca de 8.000 millones de euros gracias a los impuestos del tabaco, mientras que para este año los ingresos pueden ser superiores a 8.200 millones. Ahora bien, este argumento no puede sostenerse en el hecho de que por pagar impuestos uno tiene el derecho de recibir a cambio todo lo que se pueda pedir. Ya el Estado se hace cargo de atender las consecuencias nefastas que el tabaco deja en la salud de los fumadores, pero ojo, también de sus consecuencias en la de los fumadores pasivos. Los fumadores pasivos tienen un 30 por ciento más probabilidades de padecer problemas cardíacos y enfermedades pulmonares. Estar expuesto a los componentes que se desprenden de la combustión espontánea del cigarrillo tiene unos efectos dañinos, especialmente para los que conviven con fumadores.
Si este argumento validara el hecho de financiar el tratamiento para dejar de fumar, a cuántos otros problemas no podríamos aplicarlo. Hay muchos servicios al ciudadano que podrían mejorar, en concreto en la sanidad pública de este país, para introducir ahora una financiación para dejar de fumar.
La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) considera necesario que se financie los tratamientos para dejar de fumar para personas con patología respiratoria. Pero es cuanto menos curioso observar cómo la propia Separ argumenta que aunque esos enfermos son tratados y se les recomienda dejar de fumar, siguen haciéndolo aun sabiendo de lo perjudicial para su salud. Luego, ¿en qué quedamos? ¿Qué hay de la responsabilidad individual?
La decisión última de fumar la tiene cada individuo, y también la decisión de dejarlo. El Estado no puede estar tutelando en todo a los ciudadanos, anulando la responsabilidad que ellos tienen en las decisiones que toman. El acto de dejar de fumar es más un acto de verdadera voluntad y responsabilidad individual que de tratamiento farmacológico, y de ser esto último, el dinero que se ahorran en el tabaco bien lo podrían destinar a este fin. Saldrían ganando, seguro.
El coste del tratamiento para dejar de fumar oscila entre los 250 y los 300 euros por persona y suele durar unos meses. Su efectividad no está garantizada. Según el Comité Nacional Para la Prevención del Tabaquismo, tan solo el 40 o el 50 por ciento de los fumadores se mantienen sin fumar un año después de la terapia. Todo parece indicar que no todos necesitan medicamentos para poder dejar de fumar y que un alto porcentaje del éxito radica en la voluntad de las personas que decidan dejarlo con plenitud de convicción en la posibilidad de alcanzar el objetivo último.
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