Es una constatación del fracaso de nuestra clase política que tengamos que recurrir a una modificación de la Constitución para remediar la incapacidad de hacer frente a la crisis económica y la incapacidad de los políticos de ser responsables con los recursos públicos, mal utilizados y derrochados desde la administración del Estado, hasta la administración de los comunidades autónomas y de las corporaciones locales. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sorprendió en el Congreso de los Diputados con esta propuesta previamente pactada con el líder de la oposición, Mariano Rajoy, y con el candidato socialista en las próximas elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba. Lo curioso es que este gobierno ha pasado de ridiculizar una propuesta similar de Rajoy a asumirla de manera repentina. Detrás de esta decisión se encuentra la exigencia de la canciller alemana, Angela Merkel, y del presidente francés, Nicolas Sarkozy, quienes la semana pasada instaban a los países de la Unión Europea
Los mercados parecen que no responden a las medidas que se han tomado hasta ahora y dudo que el hecho de modificar la Constitución para limitar lo que se pueda gastar y endeudar nuestro país vaya a aliviar a unos mercados que se han convertido en un potro salvaje difícil de dominar. Los mercados responderán cuando la economía española repunte y el paro comience a descender significativamente. Hasta que eso no suceda, los parches, por mucha modificación constitucional que se haga, no servirán de nada. Además, ¿es verdaderamente necesaria una reforma de la Constitución para limitar el gasto? Parece que la desconfianza de los políticos en ellos mismos hace necesario ir más allá de una simple ley, para recurrir al texto de mayor rango normativo de nuestro país y asegurarse que no habrá desmadre en el gasto público como en estos años pasados.
Observando algunas de las noticias que han salido estos días en relación con el gasto innecesario en algunas infraestructuras acometidas en los años de bonanza, he leído con perplejidad como por el aeropuerto de Huesca pasaron tan solo 15 pasajeros durante todo el mes de julio. También como el aeropuerto de Castellón, sin vuelos aún, se gasta cerca de 4.000 euros diarios en seguridad. Y como estos dos casos, podemos enumerar muchos más en todas las comunidades de España. El fracaso de nuestros políticos es flagrante y lo peor es que ahora anuncian una reforma de la Constitución que, aunque no necesite de un referéndum, sería conveniente que los españoles pudiéramos manifestarnos sobre ello. De no ser así, los ciudadanos veríamos aún más profunda la distancia que ahora mismo hay entre clase política y ciudadanía, visión de una clase que en muchas ocasiones se maneja con actitudes de un despotismo benevolente de hacer honor aquello de “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”.
El sentido común abandonó hace tiempo a los políticos. Los que nos metieron en la crisis, porque alguien ha tendido que ver en todo esto, las cosas no se producen porque sí o por intervención divina, intentan ahora sacarnos del atolladero. Pero también los ciudadanos tenemos parte de responsabilidad. Hemos estado viviendo cómodamente en un estado del bienestar insostenible, muy por encima de nuestras posibilidades reales sin ser conscientes de las consecuencias y sin exigir a los políticos nada a cambio. No hemos demandado a los políticos el uso racional de los recursos y hemos sido pasivos en los continuos casos de corrupción que año tras año se vienen sucediendo. El movimiento 15-M ha sido una muestra de reacción ciudadana ante la situación de hartazgo general. Posiblemente llegó tarde, pero lo importante ahora es que de una vez por todas los ciudadanos contemos en la democracia y no solo cuando hay elecciones.
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