JAPÓN NO PUEDE CON LA NATURALEZA

Si hay un país en este planeta que esté mejor preparado para afrontar catástrofes naturales, no cabe duda que este es Japón. Pero ante la fuerza de la naturaleza en su máxima expresión está claro que todos los medios humanos posibles son insuficientes. El terremoto de 8,9 grados en la escala Richter, el peor registrado en el país en toda su historia, con el posterior tsunami ha arrasado buena parte de la costa de Japón causando un número de víctimas mortales indetermando pero tan devastador como aquel otro seísmo que en 1923 causó la muerte de 143.000 personas y que cambió de manera radical la mentalidad de la población. A partir de entonces, una de las mayores preocupaciones de Japón ha sido procurarse la mayor seguridad ante las catástrofes naturales. 

Japón está ubicado en una de las zonas sísmicas más activas del mundo y los terremotos de gran intensidad son relativamente frecuentes aunque, por lo general, no suelen causar graves daños debido a la estricta normativa en vigor para la construcción de edificios. Fue el 1 de septiembre de 1923 cuando un terremoto con 7.9 de magnitud en la ciudad de Kanto dejó 143.000 muertos y motivó que a partir de esa fecha la construcción de las infraestructuras del país se realizó pensando en resistir los continuos temblores que, sin embargo, en ocasiones ha seguido dejando víctimas mortales. El sismo más grave ocurrido en Japón en años recientes se registró en Kobe (oeste del país) el 17 de enero de 1995, con una magnitud de 7,3 grados en la escala de Richter, y causó más de 6.000 muertos. El de hoy no sólo es el más grave en la historia de Japón, sino unos de los más intensos registrados hasta la fecha por el hombre. 

Hace dos meses se cumplía un año del terremoto de Haití que dejó el país sumido en la mayor de las miserias. El terremoto de 7.3 grados en la escala de Richter destruyó el 70 por ciento de la capital haitiana, Puerto Príncipe. Según los expertos el seísmo fue 35 veces peor que la bomba de Hiroshima lanzada por Estados Unidos en 1945 que causó la muerte instantánea de unas 70.000 personas y devastó la ciudad japonesa. El terremoto de Haití el 12 de enero de 2010 dejó cerca de 250.000 muertos.

La naturaleza reacciona con toda su fuerza y ante esta situación el hombre poco puede hacer. Sí está en nuestras manos el evitar en lo posible que la acción humana dañe de manera irracional el medio natural, el mismo en el que desarrollamos nuestra vida. Podemos esforzarnos por evitar la contaminación de los ríos, mares, lagos; buscar un uso racional de las energías, disminuir las emisiones de CO2 a la atmósfera, fomentar las energías limpias. Podemos preservar las maravillosas especies que habitan este planeta y que se encuentran en peligro de extinción, todo ello sin entrar en excesos demagógicos  ecologistas. Pero cuando la naturaleza muestra su cara más dura, nos encontramos desbordados y la tragedia se cierne allá donde se manifiesta.

AENA: UNA HUELGA CON SAÑA

En la primera toma de contacto entre AENA y los sindicatos convocantes de las 22 jornadas de huelga en AENA para Semana Santa y verano no se ha llegado a ningún acuerdo. La incertidumbre está una vez más anclada en uno de los sectores que en los últimos años ha sido de  los más conflictivos. No ha habido periodo vacacional que no haya estado salpicado por huelgas de pilotos, controladores, tripulación de cabina, trabajadores de handling y ahora la que se avecina con los trabajadores de AENA por la privatización parcial de ente público y la concesión para la gestión de los aeropuertos de Barajas y El Prat.

En primer lugar, el daño ya está hecho. El mero anuncio de la huelga y especificando, con saña, los días donde se producirán los paros –principales días del periodo vacacional- ya ha provocado el efecto perverso de sembrar la duda sobre los interesados en elegir España y el Archipiélago canario como destino de sus vacaciones estivales. 

El derecho a la huelga está recogido en la Constitución española, nada que decir al respecto, pero hay muchas maneras de llevarla a cabo. En este caso, si puede hablarse de huelga abusiva, como se hace en ocasiones con los servicios mínimos, podemos emplear perfectamente el término. Incide las jornadas de paro en los días claves de movimiento de pasajeros en los aeropuertos españoles. Si eso no es mala lecha que venga Dios y lo vea. De nuevo los ciudadanos nos convertimos en moneda de cambio para las negociaciones entre empresa y trabajadores. 

España vive una profunda crisis y Canarias, con los peores datos de desempleo de todo el país, ha visto como el pasado mes de febrero se confirmaba la recuperación en el sector turístico, principal fuente económica del Archipiélago. Los datos fueron los mejores desde hace quince años. La buena marcha de economías como la alemana, principal país de origen de una buena parte del turismo que viene a las Islas, junto con la crisis política en los países del norte de África que ha motivado que parte del turismo tradicional de la zona se desvía hacia Canarias, ha posibilitado esas espectaculares cifras. Pero la recuperación de este sector puede verse gravemente afectada por la incertidumbre que vuelve a crear el anuncio de huelga en AENA. Los sindicatos CC.OO y UGT, por ser los mayoritarios, parece que están más por la labor de frenar la recuperación del sector, y en general de la economía española, que por impulsar condiciones que puedan ayudar a mejorar la coyuntura económica del país. CC.OO y UGT, junto con USO, son los convocantes de la huelga en AENA. Tras la motivación laboral, que puede entenderse, hay también una motivación ideológica: el descrédito y la demonización a todo lo que suene a privatización.  

Argumentar, como lo hacen los sindicatos, que con la privatización parcial del ente público se provocará mayor inseguridad en los aeropuertos y que la calidad de los servicios bajará es una falacia tal y como que hay empresas públicas cuya gestión deja bastante que desear y están lejos de prestar unos servicios de calidad. No siempre lo público es igual a calidad y eficiencia, ni lo privado a dejadez y pérdida de calidad. Legítima la inseguridad laboral de los trabajadores por el cambio de modelo, no la discuto, pero una vez más las formas no son las adecuadas, no se puede jugar con los ciudadanos de esta manera a sabiendas que es un sector estratégico donde puedes usar este factor para presionar. Todo tiene un límite, y tengo la impresión de que se está sobrepasando.

EL PARO SE CEBA CON CANARIAS

Un mes más el paro nos deja unas desalentadoras cifras en Canarias. El pasado mes de febrero en el Archipiélago canario cerca de 3.000 personas -2.885 para ser precisos- se quedaban sin empleo. En todo el Estado el número de parados el pasado mes ascendió a 68.260 personas, lo que supone que en España la cifra de personas que no trabajan ronda ya los 4,3 millones, según los datos registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem). El Ministerio de Trabajo, sin embargo, no tiene en cuenta los parados que están en cursos de formación, así como otros que indican en su solicitud condiciones especiales de trabajo. 

En realidad podríamos estar hablando de una cifra que supere los cuatro millones y medio de desempleados, a todo ello agravándose la situación si tenemos en cuenta que el número de familias que tienen todos sus miembros en paro supera el millón. Dicho con la frialdad de los números ya parece dramático, pero pensemos que detrás de esas cifras hay personas que sufren diariamente las consecuencias, que ven con impotencia cómo no entran recursos económicos a sus casas y cómo deben acudir a familiares o asociaciones de ayuda para poder salir adelante. Durante 2010 unas 60.000 personas accedieron a los bancos de alimentos, de las que 41.500 lo hicieron en la provincia de Las Palmas y 17.000 en Santa Cruz de Tenerife. Son datos lo suficientemente graves para estar hablando ahora de una revuelta social si no es por dos factores que atenúan la situación de precariedad: la economía sumergida y la cohesión familiar. 

Mientras nuestros políticos y empresarios del sector turístico sacan pecho hablando de la recuperación del sector en Canarias, favorecido aún más si cabe por la inestabilidad política en los países del norte de África que ha desviado turismo tradicionalmente de esa área africana hacia las Islas Canarias, el panorama del empleo lejos de mejorar con esta coyuntura –el sector habla de que se puede llegar a un cien por cien de ocupación- ha empeorado. No vale con justificar que febrero es un mes malo históricamente para la creación de puestos de trabajo arrastrado por el fin de las rebajas en los comercios. Las previsiones del presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, de crear 80.000 puestos de trabajo antes del mes de junio son ‘excesivamente optimista’, digámoslo así por ser educados. 

La excusa dada por los empresarios del sector turístico es la incertidumbre que aún persiste sobre la recuperación del turismo en Canarias y que necesitan un periodo mayor para analizar y comprobar si la tendencia positiva se confirma. Una justificación que no convence en demasía. Más bien el sector quiere recuperar lo perdido con la crisis e intentará con el mismo personal que ahora tiene sacar adelante una mayor ocupación. Jugamos con fuego, cómo ofrecer la misma calidad de servicio a 200 turistas que a 400 con el mismo número de trabajadores. Si lo que pretendemos es fidelizar a ese nuevo turismo que nos ha llegado como consecuencia de la crisis política en países como Egipto o Túnez, no creo que ese sea el mejor método para lograrlo. 

Tanto el Gobierno de Canarias como el Estado han habilitado diferentes medidas para fomentar la contratación, como las bonificaciones de la Seguridad Social a las empresas que realicen nuevas contrataciones, pero la última palabra la tiene la convicción empresarial de querer contratar. 

Es cierto que por mucho que el turismo sea el que tire de la economía del Archipiélago no podrá absorber la gran cantidad de parados que en estos momentos se acerca al 30 por ciento en Canarias. La construcción fue durante muchos años un sector que dio trabajo a una buena parte de personas que hoy están en el paro y, lo peor, sin formación. La crisis económica que sufre este país se ha cebado con este sector dando origen a una subcrisis profunda que requiere una reorientación de lo que hasta ahora venía siendo su “modus operandi”.

La situación de Canarias, la Comunidad con mayor desempleo de toda España, es grave. Si no se ha producido un estallido social es por la influencia de la economía sumergida junto con  el apoyo de las  familias, que han posibilitado mantener la situación aunque sea bajo mínimos. Los datos de la economía sumergida en Canarias ya eran de escándalo con la bonanza económica. Hacienda nunca ha entrado con verdadera seriedad en el problema. Delante de nosotros veíamos casos flagrantes que no podíamos explicar cómo evitaban el fisco. Con la crisis, la economía sumergida se ha disparado. El dinero negro mueve ya cerca de 12.000 millones de euros en Canarias, casi el 30 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). Cada día como consecuencia de la economía sumergida se defrauda cerca de 140.000 euros a la Seguridad Social. Que este método haya sido el motivo por el que muchos canarios continúen llegando a fin de mes, no es motivo para no exigir que se regularice la situación y que, si los datos así lo demuestran, quizás incluso podríamos estar hablando de una situación algo diferentes de raíz.