PETRÓLEO EN CANARIAS

La autorización del Gobierno de España para que la empresa Repsol realice prospecciones petrolíferas cerca de las costas de Lanzarote y Fuerteventura ha levantado la polémica político-social en Canarias. Según los estudios previos llevados a cabo hace años por la empresa de hidrocarburos, a unos 60 kilómetros del Archipiélago puede haber petróleo en un porcentaje que se estima del 20 por ciento, suficiente para realizar las prospecciones oportunas y certificar la existencia de crudo, así como la viabilidad de su extracción. Esta decisión, impulsada y amparada por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que fue en la anterior legislatura autonómica vicepresidente del Gobierno de Canarias hasta la ruptura del pacto de gobierno con Coalición Canaria (CC), no ha sido bien recibida por buena parte de las instituciones canarias. El Gobierno de Canarias, formado ahora por CC y PSOE, se opone frontalmente a las prospecciones petrolíferas, también los cabildos insulares de Lanzarote y Fuerteventura, cuyos presidentes son de CC, además de numerosos organismos, fundaciones, colectivos y partidos políticos canarios sin representación en la Cámara autonómica. Incluso el Parlamento de Canarias formuló su rechazo a las prospecciones con el único voto en contra del Partido Popular.

Y es que lo que debería haber sido un debate socio-económico ha derivado en un conflicto político entre antiguos amigos de viaje. Las relaciones entre CC y PP no terminaron bien con la ruptura del pacto de gobierno en la pasada legislatura y con el paso del tiempo, más que mejorar, las relaciones se han ido deteriorando hasta la actual situación. Resulta curioso observar cómo las opiniones al respecto de las prospecciones han cambiado, sobre todo, determinadas en buena parte por la diferente configuración política del Archipiélago y del Estado. Donde unos hablaban abiertamente de consenso, ahora hablan de rechazo rotundo; donde se perfilaba un beneficio para las Islas, ahora se ve la sumisión al poder económico de una empresa privada, donde se pedía tener en cuenta a las instituciones regionales y locales, ahora se las ignora.

Una de las imágenes más sorprendentes de este conflicto es la buena sintonía entre el Gobierno de Canarias y los ecologistas, esos mismos ecologistas que han llevado, por ejemplo, el tan polémico proyecto del puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife, a los tribunales por las irregularidades que contenía, entre ellas, la destrucción de la biodiversidad de la zona. O por ejemplo la radical oposición a la construcción de los trenes en Tenerife, apoyada por el Gobierno de Canarias que no cesa de pedir financiación para llevarlos a cabo, al igual que el de Gran Canaria. Por ello cabe preguntarse si esta reacción política en Canarias se debe más a una convicción firme en defensa del medio ambiente y del riesgo que puede suponer las prospecciones para las Islas. o bien responde a una estrategia política de confrontación con el que fuera amigo de viaje y se ha convertido en el enemigo.

Pero los palos no pueden recaer solo con los representantes políticos de Canarias. El Ministerio ha estado torpe en este tema. Ha dado la impresión del ordeno y mando, y eso ya no se destila en política. Suena a "vendetta". El ministro Soria desde su llegada al Gobierno de España ha tomado algunas decisiones poco acertadas, o al menos discutibles, en temas cruciales para Canarias, decisiones algunas de las cuales son claramente contradictorias con su opinión cuando era vicepresidente del Gobierno canario e, incluso, con lo mencionado en su programa electoral. Entre ellas, la supresión de las primas a las renovables y la supresión de las bonificaciones aéreas, de especial importancia para atraer turismo a las Islas. Y es que lo mínimo que se puede pedir al ministro es que en persona convoque una mesa de diálogo sobre las prospecciones petrolíferas y se expongan claramente los pros y contras del proyecto, los beneficios para Canarias y las medidas medioambientales y de control que se pretenden llevar a cabo si finalmente se realiza las prospecciones y el crudo es extraíble y rentable. Más allá de estar o no de acuerdo con el proyecto, la obligación del Estado es oír a las administraciones canarias y no utilizar los medios de comunicación para hacer llegar los mensajes. El hecho de no responder ni tan siquiera a las alegaciones presentadas por los cabildos insulares es un menosprecio a dos instituciones que deben estar por encima de quienes sean en estos momentos sus gobernantes, es, en definitiva, una falta de respeto para los ciudadanos que han votado mayoritariamente a las formaciones que las gobiernan.

Lo que no podemos dejar pasar en esta maraña política, en esta ceremonia de la confusión, es que las prospecciones han sido autorizadas y que si los tribunales no lo impiden, se llevarán a cabo. Unas prospecciones a unos 60 kilómetros de la costa canaria que se realizarán a una profundidad superior a los 3.000 metros y que entraña un reto para la propia empresa realizar sondeos a estas profundidades. El riesgo existe, no hay riesgo cero por mucho que se intente. Se podrá minimizar aportando todas las garantías técnicas posibles para evitar escapes, pero lo cierto es que el principal recurso de Canarias es su entorno natural, sin él la economía insular sería inviable, por mucha alternativa parcial que puntualmente pueda ser el hallazgo de petróleo.  

El petróleo previsible en la zona daría para unos 20 años y, según el Ministerio, crearía una actividad económica indirecta en las Islas, podría incluso beneficiarse de algún impuesto al hidrocarburo y crearía alrededor de unos 5.000 puestos de trabajo. Parece el cuento de la lechera, pero esa son las previsiones del Gobierno. Otra cuestión es la importancia de la extracción de crudo para aminorar la dependencia energética del exterior que tiene España. Además, están las prospecciones que ya ha autorizado Marruecos en la misma zona, en las aguas marroquíes, y que en caso de producirse algún percance, Canarias se vería afectada de igual manera debido a las corrientes marinas.

Es, en definitiva, un debate entre una visión economicista exclusivamente o una visión más conservacionista del medio ambiente, principal riqueza de estas Islas y también de España, ya que Canarias sigue siendo uno de los principales mercados turísticos de este país gracias a su entorno y su clima, su mejor industria. Sin entrar en planteamientos demagógicos ecologistas, en este caso sí es necesario realizar una reflexión de qué es verdaderamente lo que queremos de Canarias. No es pronunciar un "no" gratuito de los muchos que vemos en estas Islas a cualquier iniciativa que suponga cierto desarrollo desde el punto de vista industrial, pero sí un "no" fundamentado en la tremenda fragilidad de unas Islas que viven de lo que le rodea y que ve incertidumbre y desconfianza en la coyuntural industria del petróleo.