Los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma, Canarias, y de este país llamado España, que ganamos a fin de mes nuestro salario justo, que no nuestro justo salario -el que tiene la fortuna de trabajar en los tiempos que corren- y que pagamos nuestros impuestos a la hacienda pública "religiosamente", tenemos el derecho de que nos tomen en serio. La entrada del nuevo ministro al frente de Educación, José Ignacio Wert, ha sido como la de un elefante en una cacharrería. La decisión de hace pocas semanas del Ministerio de derogar el temario de oposiciones para acceder a los cuerpos de maestros y de profesores de la educación pública, ha levantado las iras de todos los que llevaban preparándose las pruebas desde hace meses y habían hecho un desembolso económico que en algunos casos superaba los 400 euros.
La incertidumbre además estaba en ver qué comunidades definitivamente se atreverían a convocarlas ya que la mayoría había renunciado a ello. Pero si los opositores, miles, son los principales perjudicados, no menos las editoriales que se pusieron a trabajar en el nuevo temario nada más haber sido publicado en el BOE el 18 de noviembre del pasado año, un hecho que también es digno de comentar, invirtiendo un trabajo y un dinero que cae en saco roto. También las academias de estudio no saben a qué atenerse si se comienza este baile de temario ahora sí, luego no, nos remitimos al viejo y más tarde te pòngo otro. Todo ello crea una auténtica inseguridad en los ciudadanos que estamos sometidos por las ocurrencias de los políticos.
Pero no quiero dejar de señalar que, pese a que era necesario una modificación de los temarios de oposiciones para incluir nuevos conceptos y adaptarlos a las nuevas circunstancias histórico-sociales, no menos cierto es que la aprobación del nuevo temario por el antiguo gobierno de Rodríguez Zapatero y su publicación dos días antes de las elecciones generales, es una sucia jugada. Tiempo suficiente hubo para hacer este tipo de modificación que por la impòrtancia y la trascendencia de lo que implica no puede verse relegado a una decisión de última hora, generando un problema innecesario donde lo que tiene que haber es consenso.
Y es ese el problema de fondo. La educación ha sido tomada en este país como laboratorio de experimentación de las ideas y ocurrencias de los partidos políticos en el poder. Ni la LOGSE, ni la LOE, ambas leyes socialistas, han sido precisamente una buena referencia, más bien lo contrario. Que la creación de una asignatura como la Educación para la Ciudadanía (EpC) se convirtiese en el tema central del debate sobre la educación en este país con la de problemas que tiene nuestro sistema educativo, ya dice mucho de la manipulación política de la cuestión. Artículos, debates, horas de tertulias en televisiones y radios hablando sobre una asignatura con una hora lectiva a la semana y que perfectamente su contenido podría darse de manera transversal. Innecesaria a todas luces. Sin embargo, se obvió el verdadero debate de los males de la educación en España: el fracaso escolar, el absentismo, la conflictividad en las aulas, el desprestigio de la profesión docente, el bajo nivel académico de nuestros alumnos, etc.
La entrada en el poder del PP después de las elecciones generales trajo de inmediato el anuncio por parte del ministro Wert de una reforma educativa. La Educación Secundaria Obligatoria quedará reducida un año y se ampliará el Bachillerato a tres. También una reforma en la Formación Profesional (FP). El desconcierto vuelve a profesores, padres y alumnos. Un volver a empezar para, quién sabe, si dentro de cuatro u ocho años volver a cambiar. La educación es algo demasiado serio para tomarlo a la ligera. Cualquier ley educativa en este país está condenada al fracaso si no está respaldada por los dos partidos mayoritarios con capacidad de ejercer el gobierno, es decir, PP y PSOE. Si la reforma que emprenderá el PP, por mucha mayoría absoluta que tenga, no logra el consenso de buena parte de la comunidad educativa y del principal partido de la oposición, comienza con mal pie y con un futuro sombrío. La ley estaría abocada al fracaso en la medida que veremos como la principal función del partido que gane las elecciones será llevar a cabo un proceso de deconstrucción de lo realizado por el anterior ejecutivo. Lo hizo el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero y lo está haciendo el gobierno de Mariano Rajoy.
Hasta aquí lo que podemos exigirles a los políticos y a las autoridades educativas, pero el problema en España no se queda ahí. España tiene un problema social con la educación que va más allá de tener una buena legislación en esta materia. Cabe preguntarse si la sociedad española valora realmente los estudios. Los valores que transmite la familia y los medios de comunicación parece que no son los más adecuados para inculcar en los jóvenes la capacidad de responsabilidad, esfuerzo, trabajo y respeto, necesarias para lograr un buen rendimiento académico. Y menciono la familia porque ha hecho en buena parte dejación de la función de socialización primaria del individuo, confiándolo todo a la escuela.
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