La Justicia española lleva tiempo sumida en una profunda crisis que sentencias incompresibles para la opinión pública como la dada a conocer por
la Audiencia de Sevilla sobre el asesinato de la joven de 17 años Marta del Castillo, hace tres años, no hacen más que agravarla. La lentitud de nuestra Justicia, la falta de medios, la cuestionable labor profesional de algunos de sus miembros y la politización de las máximas instituciones de la judicatura, abundan en una percepción de los ciudadanos negativa de
uno de los tres poderes de los que hablaba Mostesquieu y que lejos de impartir justicia, parece cada vez más lejos de su razón de ser.
La Audiencia de Sevilla ha condenado a 20 años de prisión a Miguel Carcaño por el asesinato de Marta del Castillo. Asimismo, absuelve al resto de implicados en la desaparición de la joven sevillana –Samuel Benítez (amigo de Carcaño), Francisco Javier Delgado (hermano) y María García (novia de Francisco Javier)). El fiscal había pedido 52 años de cárcel para el asesino confeso y entre cinco y ocho años para los tres presuntos cómplices. Pero la sentencia conocida este viernes llena de indignación a amigos, familiares y, en general, a la opinión pública que desde hace tres años viene observando cómo este grupo de personas cambiaban la versión de los hechos una y otra vez en una clara estrategia de confusión cuyo fin último era evitar que el cadáver de Marta llegase a aparecer.
La sensación que queda es de tomadura de pelo a
la Justicia, a la familia y a todos los que aún confían en que, de verdad, se puede hacer justicia. Han mentido, han engañado y han confundido, pero
la Justicia no puede ir más allá de lo que las pruebas aportan y de lo que la legislación permite. La verdad jurídica no tiene nada que ver con lo que realmente pasó esa noche y mucho menos con la certeza moral que tenemos de que estamos ante un teatro donde los acusados desempeñaron a la
perfección su papel. Y en ese extremo radica
la impotencia que sentimos los ciudadanos al comprobar como al final los culpables se salen con la suya, mientras que las víctimas tienen que soportar el peso de la tristeza, la angustia, la rabia y de la desconfianza en una de las instituciones fundamentales en un estado democrático y de derecho que beneficia al infractor y sanciona moralmente a la víctima.
La sentencia no es firme, cabe el recurso al Tribunal Supremo. El proceso se alargará mucho más, quizá haya que esperar varios años para que la sentencia sea firme. Al menos cabe la esperanza de que pueda haber una sentencia diferente a la de hoy, que aparezca cualquier detalle que abra una nueva línea de investigación o que algunos de estos personajes, despreciables en su condición humana, le remuerda tanto su conciencia, si la tienen, que vomiten la verdad de lo que sucedió y de dónde está el cuerpo de Marta.
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