UNA LEY ABOCADA AL FRACASO

Hemos asistido este jueves a numerosas manifestaciones y a una huelga general en la educación pública en contra de la Lomce (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), una ley que el Gobierno de Mariano Rajoy ya ha dicho que aprobará este mes de mayo. Más allá de los pros y contras de esta nueva normativa que regulará en los próximos años uno de los aspectos más importantes de una sociedad, me atrevo a decir que es una ley condenada al fracaso. Una ley que debe marcar los principios fundamentales y básicos del sistema educativo, que posibilite personas y profesionales capaces, que enseñe en valores y conocimientos, que retome la autoridad del profesor y que deje de lado la burocratización a la en los últimos años ha tendido la labor docente, son algunos puntos que solo se conseguirán si se parte de un gran acuerdo entre las dos únicas fuerzas políticas capaces de gobernar en este país: PP y PSOE.

Si el partidismo y la ideología prevalecen sobre el interés de los alumnos, de las familias y, en general, del bien de la sociedad, para confeccionar una legislación bajo el paraguas ideológico de aquel quien la promueve, sin capacidad de ceder en sus pretensiones, la educación española está condenada a repetir sus males. Estamos hablando de un aspecto de la sociedad lo suficientemente importante para que cuando se inicie un proceso de negociación, la ideología y el partidismo se quede en la puerta. Solo así se conseguirá dar el primer paso para lograr, de una vez, un sistema educativo del que al menos no tengamos que avergonzarnos.   

Si alguien piensa que el estado de nuestra educación, incluso sin los recortes motivados por la crisis económica, es bueno, se equivoca rotundamente. Y no solo necesita inversión, para algunos la solución de todos los males de la educación. El problema va más allá de la inversión y se enraíza en la propia consideración social de la educación, su valor social, denostado por la prevalencia de la consecución del éxito efímero, de la vida fácil y ociosa, de la rentabilidad a corto plazo.

LAS CIFRAS DE LA VERGÜENZA

Mientras algunos se complacen de que ciertas cifras de la macroeconomía española mejoran, la realidad se nos ha mostrado hoy con la crudeza de unos números que provocan vergüenza. Los datos de la EPA, Encuesta de Población Activa, situó el paro en España en 6.202.700 desempleados, el 27,16 por ciento, el paro juvenil supera el 57 por ciento y el número de hogares con todos sus miembros en paro alcanzó 1.906.100 en el primer trimestre del año. Pero la peor parte se la lleva Canarias, con una tasa de paro que se situó en el 34,27 por ciento y casi la mitad de las familias con todos sus miembros en paro.

Sin lugar a duda son cifras para la vergüenza, para la vergüenza de aquellos que continúan aplicando políticas que lo único que provocan es un mayor deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos, pobreza, miseria y desesperanza. Amparados en las grandes cifras de la economía, olvidan los millones de parados, de vidas truncadas y frustradas ante un porvenir negro, de jóvenes que deben salir del país porque no tienen ni presente ni futuro económico, de miles de trabajadores que viven con la incertidumbre diario de si él será el siguiente.

Y mientras todo eso ocurre, el Gobierno de España, siguiendo las directrices europeas, pretende aún apretarnos un poquito más aludiendo a que el sacrificio presente será por el bien futuro. Pero es que ya no creemos en el bien futuro, Europa está fracasando en su política para con los ciudadanos. La Europa de los ciudadanos ha dejado de existir y ha dado paso a una Europa burocratizada que sigue el ritmo de los mercados financieros y las grandes cifras macroeconómicas. Lo más surrealista es que aquellas instituciones que piden aún más esfuerzos a España para salir de la crisis económica con más reformas y recortes, piden además aplicar medidas concretas para paliar las cifras de paro. Lo uno conlleva a lo otro, pero Europa parece que no se entera o no se quiere enterar.

INCERTIDUMBRE EN VENEZUELA

El escaso margen con la que el candidato chavista Nicolás Maduro ha ganado las elecciones de Venezuela abre un futuro incierto para el país. Por un lado, la sombra de sospecha sobre el resultado electoral, rechazado por la oposición que ha solicitado un recuento de los votos y, en segundo lugar, la debilidad de Maduro dentro del propio partido después de un resultado, en principio, lejos de lo esperado.

La rapidez con la que se ha llevado a cabo la proclamación de Maduro como nuevo presidente de la república siembra aún más de sospechas los resultados. La falta de transparencia ha sido señalada incluso por organismos internacionales, pero todo parece indicar que la fractura social y política en Venezuela se ha ahondado en un momento clave para el país.

No es de extrañar que Maduro ejerza un poder aún más autoritario que el de Chávez; a mayor debilidad personal, más contundencia en el ejercicio del poder. Venezuela con un 12 por ciento de déficit en las cuentas públicas, con una producción de petróleo que ha descendido en los últimos años, su particular gestión del oro negro para crear un clientelismo político en Latinoamérica, el desabastecimiento de algunos productos, la creciente inseguridad ciudadana, la inflación del 30 por ciento, se le suma ahora la fractura social entre los seguidores y detractores del chavismo que puede ir creciendo y ahondando en su radicalidad. De continuar esta senda económica y política, Venezuela dará al traste con algunos avances sociales que sí ha logrado el chavismo, aunque quizás a un precio que le puede pasar factura. No se puede entender un desarrollo social sin la mejoría en la economía de un país.

Durante la campaña electoral, Maduro ha dejado bastante que desear. Ha intentado convertirse en una réplica de su mentor sin aportar nada de sí mismo, a lo mejor porque no lo tiene. Sin hablar del esperpento de alguna de sus intervenciones públicas que quedarán para la historia. Después de todo, puede que el enemigo de Maduro no esté en la oposición y sí dentro de su propio partido.