LA POLÉMICA DEL 'ESCRECHE'

Los ciudadanos estamos cansados de ver cómo la situación de crisis se ceba con los más desfavorecidos, creando situaciones injustas poco entendibles en las circunstancias actuales. La polémica con las preferentes y los desahucios son dos ejemplos de esta perversión del sistema que sufren muchos españoles y que tienen dos elementos comunes: los bancos y los ciudadanos.

Ante todo ello la indignación ciudadana es comprensible. Las plataformas en contra de estas actuaciones han ido ganando en fuerza y en apoyo social, reclamando un cambio legislativo que proteja más al ciudadano ante la ferocidad de los bancos. Las protestas, manifestaciones, concentraciones ante viviendas que van a ser desahuciadas son dignas de mención. En todas ellas se observa un denominador común: familias muy humildes con condiciones de vida muy complicadas son obligadas a dejar su casa.

Ahora bien, considero un error que este tipo de movimientos entre en el juego de lo que se ha denominado como “escraches”, el acoso hasta en los domicilios privados de los políticos para influir en la toma de decisiones. Los políticos han dejado mucho que desear en esta crisis, de todos los colores, unos más que otros; cierto. La clase política en su conjunto no pasa por su mejor momento de valoración. Pero el punto de partida es diferenciar la esfera pública de la privada. Traspasar esa línea puede conllevar ciertos riesgos que una democracia no se puede permitir, sobre todo, porque son representantes públicos que han sido elegidos en las urnas.

Es cierto que la legitimidad no se gana solamente cada cuatro años, sino también con la acción directa de gobierno, pero traspasar la línea supone una violación del derecho fundamental de toda persona a su privacidad. Una cosa es abuchear o “montar el pollo” en los actos públicos, pedir y exigir a nuestros gobernantes decisiones en una dirección determinada,  y otra bien diferente hacerlo en el domicilio del político en cuestión, con sus familiares, amigos, o en cualquier otro escenario lejos de lo que es su vida como persona pública. Este tipo de actos es más o menos consentido en la medida que es ajeno a nosotros, no nos afecta directamente, y en la medida que se ve a los políticos como elementos sospechosos. Ahora bien, y si mañana no son los políticos, o no son solo los del PP, y comienzan también por otras formaciones políticas, o algún medio de comunicación, por ejemplo, que decida mantener una opinión discrepante sobre este u otro colectivo; también harán “escraches” para influir en su opinión.

LA NEFASTA ACTUACIÓN DE EUROPA EN CHIPRE

La actuación de las instituciones europeas en el asunto chipriota ha sido y es tan lamentable que una vez más están dejando claro y evidente la calidad de los políticos de la Unión Europea, guiados a saber por qué fin, que no es precisamente el de dar confianza y tranquilizar a los ciudadanos europeos. Lejos de ver el final de la crisis, parece que las instituciones europeas se empeñan en complicarlo cada vez más y en aplicar soluciones improvisadas que llevan a la confusión y la intranquilidad a los propios mercados, no digamos ya a los ciudadanos de toda la eurozona.

La falta de control sobre las entidades bancarias europeas por parte del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional y, en general, por todas las instituciones que deben velar para el buen funcionamiento del sistema, pone sobre la mesa una fácil reflexión: ¿qué coño han estado haciendo estos años?

Si la solución a estos problemas de la banca está en saquear las cuentas de los ciudadanos, en base a una presunta sospecha como hay en Chipre sobre blanqueo de capitales de precedencia rusa, qué argumento se esgrimirá en el caso de que este principio de actuación se extendiese a sistemas bancarios de otros países de la eurozona. Hasta qué extremo son capaces de llegar los políticos que velan por el euro. Serán capaces de financiar el rescate bancario quitando directamente dinero de los ahorros de ciudadanos honrados que han logrado con su esfuerzo y buen hacer en negocios o empresas acumular más de 100.000 euros. Visto lo visto, y la manifiesta incompetencia de las autoridades europeas, podemos esperar cualquier cosa.



LOS RICOS, UN 30 POR CIENTO MÁS RICOS

Un informe publicado estos días por Cáritas ‘Desigualdad y Derechos Sociales’ refleja lo que muchos podemos imaginar sin necesidad de informes, pero que ahora viene avalado por un estudio: la brecha entre las rentas más altas y las más bajas es cada vez mayor. El informe recoge que desde 2006 la diferencia entre las rentas más altas en España y las más bajas se ha incrementado un 30 por ciento; es decir, a la diferencia ya existente en 2006 se le suma un 30 por ciento más hasta nuestros días.

Y es que, según el informe, se trata de uno de los indicadores de desigualdad más altos de toda la Unión Europea que alerta del riesgo de fractura social que vive la sociedad española. Si este estudio se extrapolase a Canarias, nos encontraríamos, probablemente, con unos índices aún mayores, teniendo en cuenta que Canarias ocupa los últimos puestos en casi todos los indicadores económicos del país. Con una tasa de paro del 33 por ciento y los salarios más bajos de todo el Estado, no es difícil pensar que la diferencia en nuestras queridas Islas es aún mucho mayor que la que refleja este estudio para el conjunto de España.

No cabe duda, y no nos cabía a nadie, que si hay alguien que está pagando las duras consecuencias de esta crisis son las clases bajas, ahora convertidas en clases excluidas, y las clases medias, golpeadas por los recortes salariales, subida de impuestos y, en general, una pérdida de poder adquisitivo sin precedentes. Lo dicho, los ricos más ricos y los pobres más pobres.