LA BURBUJA Y LA CORRUPCIÓN

La burbuja del sector inmobiliario en España ha provocado muchos males que estamos pagando con creces, unos más que otros, todo hay que decirlo. Constructores, promotores, banqueros, son algunos de los grupos más beneficiados del desmadre de este sector en nuestro país que cabalgó a sus anchas durante varios años. Pero para ello tiene que haber un actor imprescindible que dé lugar a este crecimiento desmesurado, coyuntural y ficticio. La administración pública facilitó con su mala actuación y su poco rigor y control que todo se fuese de las manos, más aún cuando los propios políticos vieron el filón de sacar tajada en beneficio propio. Por algo 35 ayuntamientos del Archipiélago canario cuenta con algún caso de corrupción urbanística.

La responsabilidad política es clara, pero no caigamos en el error de mirar solo para el político. Los ciudadanos hemos sido en muchas ocasiones permisivos con este tipo de actuaciones no castigando en las urnas al político con imputaciones gravísimas que, sin embargo, era votado por mayoría. Los ciudadanos tenemos que hacer también autocrítica y que la situación actual nos sirva de ejemplo para no cometer errores del pasado. Tenemos que volvernos exigentes con nuestros políticos y dejar bien a las claras que a la política se va a servir no a servirse. El que no esté dispuesto a ello, que se quede en su casa o no se meta en política.

Comentario aparte tiene los propios partidos políticos con sus integrantes cuando estos están bajo sospecha de corrupción. No deja de sorprenderme un hecho reciente en Telde, aunque la capacidad de sorpresa cada vez es menor por la falta de vergüenza que tienen algunos o algunas de nuestros políticos, exigentes con los demás, pero tremendamente laxos con los suyos. La Fiscalía de Canarias ha solicitado cinco años de prisión para la alcaldesa de Telde, María del Carmen Castellano, por malversación, fraude y falsedad, no obstante desde su propio partido (Partido Popular) se afanan en decir que Telde “no puede estar en mejores manos”. Este comentario, dicho por la diputada regional del PP Mercedes Roldós, muestra bien a las claras lo mucho que están los políticos de aprender la lección y la falta de respeto más absoluto por la labor de la Fiscalía.  

LA AMENAZA DE AZNAR

La entrevista al expresidente José María Aznar en Antena 3 Televisión ha sido portada en todos los medios de comunicación y tema de debate en tertulias de análisis político y de actualidad. De todas las afirmaciones realizadas por Aznar, una ha provocado especial inquietud en la política nacional, no solo en la oposición, que le tiene respeto porque son conocedores de la capacidad de liderazgo de Aznar y de su tirón electoral, sino también en las propias filas populares.

De las críticas de la oposición se desprende más bien temor. El miedo a que regrese el que sacó a España de una situación delicada cuando entró a gobernar, si bien las críticas se centren más en sus últimos años de gestión y en la desastrosa idea de meter a España en aquel conflicto de Irak, haciendo seguidismo a la política de George W. Bush, y desoyendo a muchas voces dentro del propio partido y de la mayoría de los ciudadanos de este país. Pero en el PP también se ha producido cierta incomodidad. Aznar no solo abrió la posibilidad de regresar a la política activa, sino que lanzó críticas directas al Gobierno de Rajoy, muy duras por cierto.

No es comparable. La situación que se encontró Aznar cuando llegó al poder en 1996 nada tiene que ver con la situación actual de profunda crisis económica en la que se entremezclan muchos factores: la crisis financiera, el déficit público, la política de austeridad impuesta por la Unión Europea, el estallido de la burbuja inmobiliaria. Una mezcla de causas que han desembocado en un escenario desalentador cuya máxima expresión son los más de seis millones de parados. Y es que, precisamente, Aznar pudo echar mano de esa burbuja para salir de la compleja situación económica que España tenía en el 96. La construcción se convirtió en el sector estrella e impulsor de la economía de este país. Fue el principio de la burbuja que nos ha traído ahora tantos males. El problema en estos momentos es buscar un sustituto a este sector que acaparó tanta mano de obra. Quizá el señor Aznar tenga la respuesta y lo guarde celosamente, pero me temo que desde la barrera es fácil hablar.

COMEDORES ESCOLARES EN VERANO, UNA NECESIDAD

El anuncio realizado por el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, en el último Debate de la Nacionalidad Canaria, de abrir cerca de 200 colegios este verano, con el objetivo de abrir también los comedores escolares e impulsar, por otra parte, el aprendizaje de idiomas, ha vuelto a ser tema de enfrentamiento político donde jamás debe haberlo al tratarse de la delicada situación por la que pasan miles de niños del Archipiélago que, por duro que resulte reconocerlo, tienen dificultades para comer, algo que parece difícil de concebir tan cerca de nosotros, pero que, sin embargo, ocurre. Directivos y profesores de algunos colegios son conocedores de primera mano de los problemas reales por los que pasan en estos momentos muchas familias canarias y cómo pueden verse aliviados, por ejemplo, con los comedores escolares.

Podemos criticar que el presidente del Gobierno de Canarias haya anunciado la idea sin tener todos los cabos bien atados, por lo complejo que es poner en funcionamiento los colegios en verano, entre otras cuestiones, las relativas al personal, organización de la logística necesaria para llevar a cabo los proyectos o el alumnado que entrará en estos programas. Muchos aspectos que sin lugar a dudas deberían haber sido consultados con todos los agentes y administraciones implicadas. Podemos incluso criticar que Paulino Rivero buscaba un golpe de efecto político en el Debate de la Nacionalidad y que su anuncio soltaba un ligero tufillo a improvisación. Pero más allá de ello, hay una realidad que se impone a toda consideración política: Canarias fue la comunidad donde más creció la pobreza entre 2008 y 2011, un 21 %, casi el triple de lo que lo hizo en el conjunto de España (8 %). Además, la tasa de paro de larga duración (más de un año desempleado), que mide la exclusión social, se ha multiplicado por 7 entre 2006 y 2013, y es más relevante en Canarias. A estos datos podemos seguir sumándoles otros como el número de familias con todos sus miembros en paro o el de parados que no cobran ningún tipo de ayuda ni subsidio.

Si estos datos no se merecen que la idea de abrir los comedores escolares en verano salga adelante, los políticos que busquen excusas para ello se han equivocado de profesión. Argumentos como los esgrimidos por algunos ayuntamientos, gobernados por cierto por el PP, son una burla a la inteligencia. Pueden criticar al presidente del Gobierno de que no era esa la forma de anunciarlo, que debía de haber hecho la propuesta previa reunión con todos los implicados, pero una vez realizada esa crítica, al minuto siguiente estar mostrando la plena disposición para ponerla en práctica. Evidentemente no es la solución al problema de raíz que tiene la sociedad canaria, pero muchos niños y familias lo agradecerán. 

UNA LEY ABOCADA AL FRACASO

Hemos asistido este jueves a numerosas manifestaciones y a una huelga general en la educación pública en contra de la Lomce (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), una ley que el Gobierno de Mariano Rajoy ya ha dicho que aprobará este mes de mayo. Más allá de los pros y contras de esta nueva normativa que regulará en los próximos años uno de los aspectos más importantes de una sociedad, me atrevo a decir que es una ley condenada al fracaso. Una ley que debe marcar los principios fundamentales y básicos del sistema educativo, que posibilite personas y profesionales capaces, que enseñe en valores y conocimientos, que retome la autoridad del profesor y que deje de lado la burocratización a la en los últimos años ha tendido la labor docente, son algunos puntos que solo se conseguirán si se parte de un gran acuerdo entre las dos únicas fuerzas políticas capaces de gobernar en este país: PP y PSOE.

Si el partidismo y la ideología prevalecen sobre el interés de los alumnos, de las familias y, en general, del bien de la sociedad, para confeccionar una legislación bajo el paraguas ideológico de aquel quien la promueve, sin capacidad de ceder en sus pretensiones, la educación española está condenada a repetir sus males. Estamos hablando de un aspecto de la sociedad lo suficientemente importante para que cuando se inicie un proceso de negociación, la ideología y el partidismo se quede en la puerta. Solo así se conseguirá dar el primer paso para lograr, de una vez, un sistema educativo del que al menos no tengamos que avergonzarnos.   

Si alguien piensa que el estado de nuestra educación, incluso sin los recortes motivados por la crisis económica, es bueno, se equivoca rotundamente. Y no solo necesita inversión, para algunos la solución de todos los males de la educación. El problema va más allá de la inversión y se enraíza en la propia consideración social de la educación, su valor social, denostado por la prevalencia de la consecución del éxito efímero, de la vida fácil y ociosa, de la rentabilidad a corto plazo.

LAS CIFRAS DE LA VERGÜENZA

Mientras algunos se complacen de que ciertas cifras de la macroeconomía española mejoran, la realidad se nos ha mostrado hoy con la crudeza de unos números que provocan vergüenza. Los datos de la EPA, Encuesta de Población Activa, situó el paro en España en 6.202.700 desempleados, el 27,16 por ciento, el paro juvenil supera el 57 por ciento y el número de hogares con todos sus miembros en paro alcanzó 1.906.100 en el primer trimestre del año. Pero la peor parte se la lleva Canarias, con una tasa de paro que se situó en el 34,27 por ciento y casi la mitad de las familias con todos sus miembros en paro.

Sin lugar a duda son cifras para la vergüenza, para la vergüenza de aquellos que continúan aplicando políticas que lo único que provocan es un mayor deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos, pobreza, miseria y desesperanza. Amparados en las grandes cifras de la economía, olvidan los millones de parados, de vidas truncadas y frustradas ante un porvenir negro, de jóvenes que deben salir del país porque no tienen ni presente ni futuro económico, de miles de trabajadores que viven con la incertidumbre diario de si él será el siguiente.

Y mientras todo eso ocurre, el Gobierno de España, siguiendo las directrices europeas, pretende aún apretarnos un poquito más aludiendo a que el sacrificio presente será por el bien futuro. Pero es que ya no creemos en el bien futuro, Europa está fracasando en su política para con los ciudadanos. La Europa de los ciudadanos ha dejado de existir y ha dado paso a una Europa burocratizada que sigue el ritmo de los mercados financieros y las grandes cifras macroeconómicas. Lo más surrealista es que aquellas instituciones que piden aún más esfuerzos a España para salir de la crisis económica con más reformas y recortes, piden además aplicar medidas concretas para paliar las cifras de paro. Lo uno conlleva a lo otro, pero Europa parece que no se entera o no se quiere enterar.

INCERTIDUMBRE EN VENEZUELA

El escaso margen con la que el candidato chavista Nicolás Maduro ha ganado las elecciones de Venezuela abre un futuro incierto para el país. Por un lado, la sombra de sospecha sobre el resultado electoral, rechazado por la oposición que ha solicitado un recuento de los votos y, en segundo lugar, la debilidad de Maduro dentro del propio partido después de un resultado, en principio, lejos de lo esperado.

La rapidez con la que se ha llevado a cabo la proclamación de Maduro como nuevo presidente de la república siembra aún más de sospechas los resultados. La falta de transparencia ha sido señalada incluso por organismos internacionales, pero todo parece indicar que la fractura social y política en Venezuela se ha ahondado en un momento clave para el país.

No es de extrañar que Maduro ejerza un poder aún más autoritario que el de Chávez; a mayor debilidad personal, más contundencia en el ejercicio del poder. Venezuela con un 12 por ciento de déficit en las cuentas públicas, con una producción de petróleo que ha descendido en los últimos años, su particular gestión del oro negro para crear un clientelismo político en Latinoamérica, el desabastecimiento de algunos productos, la creciente inseguridad ciudadana, la inflación del 30 por ciento, se le suma ahora la fractura social entre los seguidores y detractores del chavismo que puede ir creciendo y ahondando en su radicalidad. De continuar esta senda económica y política, Venezuela dará al traste con algunos avances sociales que sí ha logrado el chavismo, aunque quizás a un precio que le puede pasar factura. No se puede entender un desarrollo social sin la mejoría en la economía de un país.

Durante la campaña electoral, Maduro ha dejado bastante que desear. Ha intentado convertirse en una réplica de su mentor sin aportar nada de sí mismo, a lo mejor porque no lo tiene. Sin hablar del esperpento de alguna de sus intervenciones públicas que quedarán para la historia. Después de todo, puede que el enemigo de Maduro no esté en la oposición y sí dentro de su propio partido.

REPLANTEAR LA MONARQUÍA

La Corona, como institución, ha gozada de un elevado prestigio en nuestro país. Los logros en la transición a la democracia del rey Juan Carlos I siguen siendo hasta la fecha uno de los grandes valores que ostenta el monarca, además de su aparente cercanía con los ciudadanos en los actos públicos. Cercanía en los actos públicos que, sin embargo, deja bastante que desear en sus actos privados. El grave error de la famosa cacería no deja de ser una anécdota dentro de la poca transparencia que ha existido hasta ahora en los quehaceres de la familia real. La grave crisis por la que atraviesa España no solo se reduce al ámbito de lo económíco, sino que ha salpicado a instituciones como la Corona o los partidos políticos.

Las andanzas de su yerno Iñaki Urdangarin, la imputación de la Infanta Cristina, la relación de Corinna con la monarquía, junto a otros temas que se acumulan en el tiempo, han producido una progresiva desafección de los ciudadanos por la monarquía. Si la Corona era la institución más valorada por los españoles hasta hace relativamente poco tiempo, ahora nos encontramos con todo lo contrario, y mucho se debe preocupar la Casa Real en este hecho. Una monarquía sin respaldo social deja de tener sentido por grande que haya sido su labor en el pasado.

La cuestión de la abdicación no está sobre la mesa, por el momento, pero si el desgaste de la institución continúa, unida al deterioro de la salud del rey, no cabe descartar que en el plazo de un par de años, y una vez este país retome una normalidad que se resiste a llegar, podamos tener alguna noticia al respecto.

LA POLÉMICA DEL 'ESCRECHE'

Los ciudadanos estamos cansados de ver cómo la situación de crisis se ceba con los más desfavorecidos, creando situaciones injustas poco entendibles en las circunstancias actuales. La polémica con las preferentes y los desahucios son dos ejemplos de esta perversión del sistema que sufren muchos españoles y que tienen dos elementos comunes: los bancos y los ciudadanos.

Ante todo ello la indignación ciudadana es comprensible. Las plataformas en contra de estas actuaciones han ido ganando en fuerza y en apoyo social, reclamando un cambio legislativo que proteja más al ciudadano ante la ferocidad de los bancos. Las protestas, manifestaciones, concentraciones ante viviendas que van a ser desahuciadas son dignas de mención. En todas ellas se observa un denominador común: familias muy humildes con condiciones de vida muy complicadas son obligadas a dejar su casa.

Ahora bien, considero un error que este tipo de movimientos entre en el juego de lo que se ha denominado como “escraches”, el acoso hasta en los domicilios privados de los políticos para influir en la toma de decisiones. Los políticos han dejado mucho que desear en esta crisis, de todos los colores, unos más que otros; cierto. La clase política en su conjunto no pasa por su mejor momento de valoración. Pero el punto de partida es diferenciar la esfera pública de la privada. Traspasar esa línea puede conllevar ciertos riesgos que una democracia no se puede permitir, sobre todo, porque son representantes públicos que han sido elegidos en las urnas.

Es cierto que la legitimidad no se gana solamente cada cuatro años, sino también con la acción directa de gobierno, pero traspasar la línea supone una violación del derecho fundamental de toda persona a su privacidad. Una cosa es abuchear o “montar el pollo” en los actos públicos, pedir y exigir a nuestros gobernantes decisiones en una dirección determinada,  y otra bien diferente hacerlo en el domicilio del político en cuestión, con sus familiares, amigos, o en cualquier otro escenario lejos de lo que es su vida como persona pública. Este tipo de actos es más o menos consentido en la medida que es ajeno a nosotros, no nos afecta directamente, y en la medida que se ve a los políticos como elementos sospechosos. Ahora bien, y si mañana no son los políticos, o no son solo los del PP, y comienzan también por otras formaciones políticas, o algún medio de comunicación, por ejemplo, que decida mantener una opinión discrepante sobre este u otro colectivo; también harán “escraches” para influir en su opinión.

LA NEFASTA ACTUACIÓN DE EUROPA EN CHIPRE

La actuación de las instituciones europeas en el asunto chipriota ha sido y es tan lamentable que una vez más están dejando claro y evidente la calidad de los políticos de la Unión Europea, guiados a saber por qué fin, que no es precisamente el de dar confianza y tranquilizar a los ciudadanos europeos. Lejos de ver el final de la crisis, parece que las instituciones europeas se empeñan en complicarlo cada vez más y en aplicar soluciones improvisadas que llevan a la confusión y la intranquilidad a los propios mercados, no digamos ya a los ciudadanos de toda la eurozona.

La falta de control sobre las entidades bancarias europeas por parte del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional y, en general, por todas las instituciones que deben velar para el buen funcionamiento del sistema, pone sobre la mesa una fácil reflexión: ¿qué coño han estado haciendo estos años?

Si la solución a estos problemas de la banca está en saquear las cuentas de los ciudadanos, en base a una presunta sospecha como hay en Chipre sobre blanqueo de capitales de precedencia rusa, qué argumento se esgrimirá en el caso de que este principio de actuación se extendiese a sistemas bancarios de otros países de la eurozona. Hasta qué extremo son capaces de llegar los políticos que velan por el euro. Serán capaces de financiar el rescate bancario quitando directamente dinero de los ahorros de ciudadanos honrados que han logrado con su esfuerzo y buen hacer en negocios o empresas acumular más de 100.000 euros. Visto lo visto, y la manifiesta incompetencia de las autoridades europeas, podemos esperar cualquier cosa.



LOS RICOS, UN 30 POR CIENTO MÁS RICOS

Un informe publicado estos días por Cáritas ‘Desigualdad y Derechos Sociales’ refleja lo que muchos podemos imaginar sin necesidad de informes, pero que ahora viene avalado por un estudio: la brecha entre las rentas más altas y las más bajas es cada vez mayor. El informe recoge que desde 2006 la diferencia entre las rentas más altas en España y las más bajas se ha incrementado un 30 por ciento; es decir, a la diferencia ya existente en 2006 se le suma un 30 por ciento más hasta nuestros días.

Y es que, según el informe, se trata de uno de los indicadores de desigualdad más altos de toda la Unión Europea que alerta del riesgo de fractura social que vive la sociedad española. Si este estudio se extrapolase a Canarias, nos encontraríamos, probablemente, con unos índices aún mayores, teniendo en cuenta que Canarias ocupa los últimos puestos en casi todos los indicadores económicos del país. Con una tasa de paro del 33 por ciento y los salarios más bajos de todo el Estado, no es difícil pensar que la diferencia en nuestras queridas Islas es aún mucho mayor que la que refleja este estudio para el conjunto de España.

No cabe duda, y no nos cabía a nadie, que si hay alguien que está pagando las duras consecuencias de esta crisis son las clases bajas, ahora convertidas en clases excluidas, y las clases medias, golpeadas por los recortes salariales, subida de impuestos y, en general, una pérdida de poder adquisitivo sin precedentes. Lo dicho, los ricos más ricos y los pobres más pobres.

Y EL REY PIDIÓ DISCULPAS

Si valen las comparaciones, podemos decir que el suceso protagonizado por el rey Juan Carlos I ha sido un error del tamaño de un elefante. Y es que la cacería en la que el monarca sufrió un accidente tras el que tuvo que ser intervenido de la cadera, sí que le está quitando el sueño, al menos, dada la polémica suscitada y la imagen que se ha dado a los ciudadanos, así debería ser, quizá más que todos esos jóvenes en paro que le quitaban el sueño allá por Navidad. Independientemente de que esa cacería no fuese pagada con el dinero que se le tiene asignado a la Casa Real en los Presupuestos Generales del Estado, la coyuntura socio-económica de este país no está para ver cómo el jefe del Estado pasa unos días placenteros cazando elefantes, mientras el país pasa por uno de los momentos más delicados de las últimas décadas. El Rey tenía que buscar la fórmula para disculparse ante los españoles. Guardar silencio ahora e intentar dejar pasar este asunto esperando que el tiempo lo borre no habría echo más que empeorar la situación. Don Juan Carlos aprovechó su primera aparición pública tras el alta hospitalaria, y ante los medios de comunicación, para disculparse: "Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir". Parece la manifestación de un niño que ha hecho una travesura y al verse pillado no le cabe otra que  asumir su error. Puede ser insuficiente para unos y adecuado para otros esta forma de disculparse, pero seguro que ha sido un mal trago para el jefe del Estado afrontar esta situación.

La monarquía, como institución, y el rey Juan Carlos, en especial, gozan de una importante y valiosa estima entre los españoles. Es cierto que no es la primera vez, pero calibrar el momento es lo mínimo que se le puede exigir al jefe del Estado. Acciones como la acaecida no solo hacen daño a la figura individual del rey, sino que también perjudican a la institución y hace peligrar la concepción que hasta ahora tienen los ciudadanos del monarca y de la monarquía como institución más valorada. El Rey debe pensar en el presente y en el futuro de la monarquía, en preservar la buena imagen ganada a pulso durante estos 37 años de reinado y dejar un legado al futuro rey, su hijo Felipe, que no esté salpicado de lleno por acciones erróneas que pueden ir poco a poco diluyendo el crédito que la Casa Real aún ostenta.

Tampoco es justo cuestionar por este hecho la labor de don Juan Carlos en su reinado, los hechos están ahí y son incontestables, más allá del discurso ideológico de estar a favor de la monarquía o de la república. Otro debate bien distinto es plantear si el Rey mantiene viva la ilusión de seguir con la jefatura del Estado, o bien ha llegado la hora de abdicar. Aunque parece oportunista plantearlo en este momento, el deterioro físico que el rey ha experimentado en los últimos años es evidente y cabe preguntarse si el rey está aún en plenas facultades físicas y anímicas para hacer frente a la responsabilidad que conlleva la jefatura del Estado.

PETRÓLEO EN CANARIAS

La autorización del Gobierno de España para que la empresa Repsol realice prospecciones petrolíferas cerca de las costas de Lanzarote y Fuerteventura ha levantado la polémica político-social en Canarias. Según los estudios previos llevados a cabo hace años por la empresa de hidrocarburos, a unos 60 kilómetros del Archipiélago puede haber petróleo en un porcentaje que se estima del 20 por ciento, suficiente para realizar las prospecciones oportunas y certificar la existencia de crudo, así como la viabilidad de su extracción. Esta decisión, impulsada y amparada por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que fue en la anterior legislatura autonómica vicepresidente del Gobierno de Canarias hasta la ruptura del pacto de gobierno con Coalición Canaria (CC), no ha sido bien recibida por buena parte de las instituciones canarias. El Gobierno de Canarias, formado ahora por CC y PSOE, se opone frontalmente a las prospecciones petrolíferas, también los cabildos insulares de Lanzarote y Fuerteventura, cuyos presidentes son de CC, además de numerosos organismos, fundaciones, colectivos y partidos políticos canarios sin representación en la Cámara autonómica. Incluso el Parlamento de Canarias formuló su rechazo a las prospecciones con el único voto en contra del Partido Popular.

Y es que lo que debería haber sido un debate socio-económico ha derivado en un conflicto político entre antiguos amigos de viaje. Las relaciones entre CC y PP no terminaron bien con la ruptura del pacto de gobierno en la pasada legislatura y con el paso del tiempo, más que mejorar, las relaciones se han ido deteriorando hasta la actual situación. Resulta curioso observar cómo las opiniones al respecto de las prospecciones han cambiado, sobre todo, determinadas en buena parte por la diferente configuración política del Archipiélago y del Estado. Donde unos hablaban abiertamente de consenso, ahora hablan de rechazo rotundo; donde se perfilaba un beneficio para las Islas, ahora se ve la sumisión al poder económico de una empresa privada, donde se pedía tener en cuenta a las instituciones regionales y locales, ahora se las ignora.

Una de las imágenes más sorprendentes de este conflicto es la buena sintonía entre el Gobierno de Canarias y los ecologistas, esos mismos ecologistas que han llevado, por ejemplo, el tan polémico proyecto del puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife, a los tribunales por las irregularidades que contenía, entre ellas, la destrucción de la biodiversidad de la zona. O por ejemplo la radical oposición a la construcción de los trenes en Tenerife, apoyada por el Gobierno de Canarias que no cesa de pedir financiación para llevarlos a cabo, al igual que el de Gran Canaria. Por ello cabe preguntarse si esta reacción política en Canarias se debe más a una convicción firme en defensa del medio ambiente y del riesgo que puede suponer las prospecciones para las Islas. o bien responde a una estrategia política de confrontación con el que fuera amigo de viaje y se ha convertido en el enemigo.

Pero los palos no pueden recaer solo con los representantes políticos de Canarias. El Ministerio ha estado torpe en este tema. Ha dado la impresión del ordeno y mando, y eso ya no se destila en política. Suena a "vendetta". El ministro Soria desde su llegada al Gobierno de España ha tomado algunas decisiones poco acertadas, o al menos discutibles, en temas cruciales para Canarias, decisiones algunas de las cuales son claramente contradictorias con su opinión cuando era vicepresidente del Gobierno canario e, incluso, con lo mencionado en su programa electoral. Entre ellas, la supresión de las primas a las renovables y la supresión de las bonificaciones aéreas, de especial importancia para atraer turismo a las Islas. Y es que lo mínimo que se puede pedir al ministro es que en persona convoque una mesa de diálogo sobre las prospecciones petrolíferas y se expongan claramente los pros y contras del proyecto, los beneficios para Canarias y las medidas medioambientales y de control que se pretenden llevar a cabo si finalmente se realiza las prospecciones y el crudo es extraíble y rentable. Más allá de estar o no de acuerdo con el proyecto, la obligación del Estado es oír a las administraciones canarias y no utilizar los medios de comunicación para hacer llegar los mensajes. El hecho de no responder ni tan siquiera a las alegaciones presentadas por los cabildos insulares es un menosprecio a dos instituciones que deben estar por encima de quienes sean en estos momentos sus gobernantes, es, en definitiva, una falta de respeto para los ciudadanos que han votado mayoritariamente a las formaciones que las gobiernan.

Lo que no podemos dejar pasar en esta maraña política, en esta ceremonia de la confusión, es que las prospecciones han sido autorizadas y que si los tribunales no lo impiden, se llevarán a cabo. Unas prospecciones a unos 60 kilómetros de la costa canaria que se realizarán a una profundidad superior a los 3.000 metros y que entraña un reto para la propia empresa realizar sondeos a estas profundidades. El riesgo existe, no hay riesgo cero por mucho que se intente. Se podrá minimizar aportando todas las garantías técnicas posibles para evitar escapes, pero lo cierto es que el principal recurso de Canarias es su entorno natural, sin él la economía insular sería inviable, por mucha alternativa parcial que puntualmente pueda ser el hallazgo de petróleo.  

El petróleo previsible en la zona daría para unos 20 años y, según el Ministerio, crearía una actividad económica indirecta en las Islas, podría incluso beneficiarse de algún impuesto al hidrocarburo y crearía alrededor de unos 5.000 puestos de trabajo. Parece el cuento de la lechera, pero esa son las previsiones del Gobierno. Otra cuestión es la importancia de la extracción de crudo para aminorar la dependencia energética del exterior que tiene España. Además, están las prospecciones que ya ha autorizado Marruecos en la misma zona, en las aguas marroquíes, y que en caso de producirse algún percance, Canarias se vería afectada de igual manera debido a las corrientes marinas.

Es, en definitiva, un debate entre una visión economicista exclusivamente o una visión más conservacionista del medio ambiente, principal riqueza de estas Islas y también de España, ya que Canarias sigue siendo uno de los principales mercados turísticos de este país gracias a su entorno y su clima, su mejor industria. Sin entrar en planteamientos demagógicos ecologistas, en este caso sí es necesario realizar una reflexión de qué es verdaderamente lo que queremos de Canarias. No es pronunciar un "no" gratuito de los muchos que vemos en estas Islas a cualquier iniciativa que suponga cierto desarrollo desde el punto de vista industrial, pero sí un "no" fundamentado en la tremenda fragilidad de unas Islas que viven de lo que le rodea y que ve incertidumbre y desconfianza en la coyuntural industria del petróleo.

UNA HUELGA "LÓGICA", PERO INEFICAZ

Los dos sindicatos mayoritarios en España, CC.OO. y UGT, han aprobado convocar una huelga general para el próximo día 29 de marzo como medida de presión para que el Gobierno de Mariano Rajoy rectifica la reciente reforma laboral convalidada por el Congreso de los Diputados. La huelga es, desde mi punto de vista, una conclusión lógica teniendo en cuenta lo que la nueva legislación estipula y cómo afecta a las relaciones entre el trabajador y la empresa. También es cierto que la predisposición de los sindicatos a las movilizaciones la tendríamos con o sin reforma. El ajuste del déficit público y los recortes exigidos para cumplirlos podrían servir también como elemento motivador. Lo cierto es que, de una manera u otra, no era de extrañar que los sindicatos reaccionasen de esta manera, más aún con el PP en el poder. De ahí que el anuncio de la huelga general entra dentro de la lógica actuación de los sindicatos, presuntos defensores de los trabajadores, aunque se les ha echado de menos cuando las cifras del paro iban mes a mes acercándose a los cinco millones de parados, incluso sobrepasándola. 

La cuestión es plantearse si la huelga general es oportuna y eficaz. Los sindicados tienen que valorar seriamente si este país está para soportar una huelga general. Demostrado está que las huelgas generales en raras ocasiones alcanzan los objetivos para las que son convocadas. El ejemplo cercano lo tenemos en Gracia. Este país europeo, en una crisis que veremos si es capaz de superar, ha sufrido innumerables huelgas generales que han servido para bien poco, me atrevería incluso a decir que para dejar al país aún peor. En España, los ciudadanos no están para dejar un día de perder salario, un salario, por otra parte, cada vez más exiguo entre recortes y subida de impùestos. Además, los sindicatos han visto deteriorada su imagen debido a lo poco activo que ha sido su papel en la crisis. Los más de cinco millones de parados de este país son consecuencia de la crisis económica, pero también de un marco laboral que todos los especialistas indicaban que estaba caduco. En España siempre ha habido un paro estructural, que en algunas comunidades superaba el 12 o 13 por ciento, y eso con la antigua reforma, incluso en los tiempos de bonanza económica. En el marco de la antigua reforma se ha generado el mayor paro de nuestra historia, sin embargo, los sindicatos se mantuvieron pasivos ante este hecho.

Con la anterior reforma, anterior incluso a la aprobada el pasado año por los socialistas, ya se cometían bastantes injusticias con los trabajadores, no nos engañemos. Todos conocemos situaciones laborales demenciales. No cabe ahora hablar de "esclavitud laboral", como señalan algunos representantes sindicales, término que me parece a todas luces desmedido, cuando ya existían verdaderos quebrantos al trabajador con anterioridad, incluso con leyes consensuadas entre sindicatos y empresarios. Preguntemos a trabajadores en el sector de la hostelería y de la restauración, en peluquerías, temporeros, etc. Ahora hipocresías, no. Uno de los grandes males de nuestro mercado laboral es la falta de control, la fiscalización, una inspección laboral seria y rigusosa. Aparte, a los sindicatos le pedimos más transparencia en su funcionamiento y preocupación no solo por las condiciones de los trabajadores, sino también por los desempleados. Cabe preguntarse si están aplicando la austeridad en sus cuentas los sindicatos, si los líderes sindicales se han reducido sus salarios, por poner un ejemplo en el caso de Fernández Toxo (CCOO) unos 114.000 euros anuales. Es decir, este país necesita de unos sindicatos independientes que no estén a bien con el Gobierno cuando les conviene y a mal cuando ven perder cuota de poder.

La reforma laboral era necesaria, puede ser restrictiva para los trabajadores, pero lo cierto es que esta reforma ha tenido la bendición de todos los organismos internacionales que hacía tiempo venían exigiendo al Gobierno de España una reforma laboral en consonancia con las del resto de países de la Unión Europea. El FMI, la OCDE, la UE y todas las siglas que queramos añadir han dado su visto bueno a la reforma, que era uno de los deberes pendientes por el anterior Gobierno que fue incapaz de realizar con la radicalidad que se le exigía desde las instituciones europeas, dejando la patata caliente al actual gobierno.

La huelga general, consagrada en la Constitución española, legítima arma de los sindicatos, se llevará a cabo el 29 de marzo. Los sindicatos nunca admitirán una derrota de producirse un bajo seguimiento, siempre hay argumentos para justificarlos: el miedo, la situación económica de los trabajadores, etc. Nunca realizarán la autocrítica que hace tiempo se les está pidiendo, una actitud ejemplarizante ante la sociedad, asumir su responsabilidad ante la pasividad de años y subsanar el descrédito al que han llegado para una buena parte de ciudadanos. Unos sindicatos que deben modernizarse y dejar las proclamas panfletarias de los setenta.

URDANGARIN, EL CASO NÓOS Y LA CONDENA SOCIAL

Con la que está cayendo en este país, el denominado caso 'Nóos' y, en especial, la figura del yerno del rey, Iñaki Urdangarín, duque de Palma, es vista por la sociedad española como el prototipo del desmán de la ya pasada época de las vacas gordas. En primer lugar, por aprovecharse de unas administraciones públicas que parecían tener el dinero por castigo; en segundo lugar, por utilizar su posición social, miembro de la familia real, como tarjeta de presentación para lograr contratos públicos a favor de la sociedad Nóos y, presuntamente, sacar beneficios individuales.

Aunque los rumores de las presuntas irregularidades en la sociedad coleaban desde hace años, fue a partir de las investigaciones por el caso 'Palma Arena' cuando las sospechas comenzaron a tomar forma. Incluso el rey tuvo que intervenir y advertir a su yerno que no le gustaban las prácticas, por llamarlo de alguna forma, de la sociedad en la que estaba. No cabe duda que algo no muy bueno se temía. Sin embargo, Urdangarin desoyó al rey y continuó realizando trabajos para Nóos. El duque de Palma fue finalmente imputado bajo la sospecha de crear un entramado societario para desviar fondos públicos del Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro. Urdangarin debe dar cuenta si se apropio indebidamente de ese dinero, más de cinco millones de euros pagados por la Generalitat valenciana y por el Gobierno balear.

Las acusaciones que recaen sobre el duque de Palma son extremadamente graves y han salpicado a la familia real. No es cuestión de sacar una vez más el debate de la monarquía en España (me remito al artículo de este blog 'El debate monarquía-república'), pero sí es cierto que la monarquía debe aprovechar el momento para que la institución sea mucho más transparente en la gestión del dinero público que el Estado le otorga. El asunto Urdangarin ha hecho un tremendo daño a la imagen de la Casa Real, teniendo en cuenta que uno de los principales valores de la monarquía española había sido estar lejos de escándalos mediáticos por su conducta irreprochable, además de la cercanía a los ciudadanos que han mostrado todos los miembros de la familia real. Es esa buena imagen y el respeto que tiene la mayor parte de los españoles a la institución y a sus miembros la que puede quedar erosionada. La Casa Real reaccionó para desmarcarse del acto individual protagonizado por unos de sus miembros, veremos hasta qué punto los hechos se quedan en el yerno del rey o puede llegar incluso a afectar a la Infanta Cristina, esposa de Urdangarin.

En el discurso de Navidad de Don Juan Carlos la frase que quedó fue la de "la justicia es igual para todos". Solo cabe esperar que, en efecto, la justicia sea igual para todos, y aunque la desconfianza nos asalta más de la cuenta en este asunto, debemos creer en la democracia y en nuestro sistema judicial a pesar de los aspectos negros que en los últimos años se han agudizado. Uno de esos puntos negros, del que una y otra vez somos testigos, es el quebrantamiento del secreto sumarial. Nos hemos acostumbrado a ver el goteo de informaciones en los medios sobre hechos que son investigados y que se encuentran protegidos por el secreto. Ese goteo de filtraciones, portadas en los principales medios de comunicación, orientan, con intencionalidad o no, la opinión pública en un sentido que lleva al imputado, sin ser juzgado aún, a ser condenado socialmente. Con Urdangarin está pasando. La condena social está hecha. Ahora solo queda esperar lo que decida la justicia.

LA EDUCACIÓN DEBE TOMARSE EN SERIO

Los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma, Canarias, y de este país llamado España, que ganamos a fin de mes nuestro salario justo, que no nuestro justo salario -el que tiene la fortuna de trabajar en los tiempos que corren- y que pagamos nuestros impuestos a la hacienda pública "religiosamente", tenemos el derecho de que nos tomen en serio. La entrada del nuevo ministro al frente de Educación, José Ignacio Wert, ha sido como la de un elefante en una cacharrería. La decisión de hace pocas semanas del Ministerio de derogar el temario de oposiciones para acceder a los cuerpos de maestros y de profesores de la educación pública, ha levantado las iras de todos los que llevaban preparándose las pruebas desde hace meses y habían hecho un desembolso económico que en algunos casos superaba los 400 euros.

La incertidumbre además estaba en ver qué comunidades definitivamente se atreverían a convocarlas ya que la mayoría había renunciado a ello. Pero si los opositores, miles, son los principales perjudicados, no menos las editoriales que se pusieron a trabajar en el nuevo temario nada más haber sido publicado en el BOE el 18 de noviembre del pasado año, un hecho que también es digno de comentar, invirtiendo un trabajo y un dinero que cae en saco roto. También las academias de estudio no saben a qué atenerse si se comienza este baile de temario ahora sí, luego no, nos remitimos al viejo y más tarde te pòngo otro. Todo ello crea una auténtica inseguridad en los ciudadanos que estamos sometidos por las ocurrencias de los políticos.

Pero no quiero dejar de señalar que, pese a que era necesario una modificación de los temarios de oposiciones para incluir nuevos conceptos y adaptarlos a las nuevas circunstancias histórico-sociales, no menos cierto es que la aprobación del nuevo temario por el antiguo gobierno de Rodríguez Zapatero y su publicación dos días antes de las elecciones generales, es una sucia jugada. Tiempo suficiente hubo para hacer este tipo de modificación que por la impòrtancia y la trascendencia de lo que implica no puede verse relegado a una decisión de última hora, generando un problema innecesario donde lo que tiene que haber es consenso.

Y es ese el problema de fondo. La educación ha sido tomada en este país como laboratorio de experimentación de las ideas y ocurrencias de los partidos políticos en el poder. Ni la LOGSE, ni la LOE, ambas leyes socialistas, han sido precisamente una buena referencia, más bien lo contrario. Que la creación de una asignatura como la Educación para la Ciudadanía (EpC) se convirtiese en el tema central del debate sobre la educación en este país con la de problemas que tiene nuestro sistema educativo, ya dice mucho de la manipulación política de la cuestión. Artículos, debates, horas de tertulias en televisiones y radios hablando sobre una asignatura con una hora lectiva a la semana y que perfectamente su contenido podría darse de manera transversal. Innecesaria a todas luces. Sin embargo, se obvió el verdadero debate de los males de la educación en España: el fracaso escolar, el absentismo, la conflictividad en las aulas, el desprestigio de la profesión docente, el bajo nivel académico de nuestros alumnos, etc.

La entrada en el poder del PP después de las elecciones generales trajo de inmediato el anuncio por parte del ministro Wert de una reforma educativa. La Educación Secundaria Obligatoria quedará reducida un año y se ampliará el Bachillerato a tres. También una reforma en la Formación Profesional (FP). El desconcierto vuelve a profesores, padres y alumnos. Un volver a empezar para, quién sabe, si dentro de cuatro u ocho años volver a cambiar. La educación es algo demasiado serio para tomarlo a la ligera. Cualquier ley educativa en este país está condenada al fracaso si no está respaldada por los dos partidos mayoritarios con capacidad de ejercer el gobierno, es decir, PP y PSOE. Si la reforma que emprenderá el PP, por mucha mayoría absoluta que tenga, no logra el consenso de buena parte de la comunidad educativa y del principal partido de la oposición, comienza con mal pie y con un futuro sombrío. La ley estaría abocada al fracaso en la medida que veremos como la principal función del partido que gane las elecciones será llevar a cabo un proceso de deconstrucción de lo realizado por el anterior ejecutivo. Lo hizo el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero y lo está haciendo el gobierno de Mariano Rajoy.

Hasta aquí lo que podemos exigirles a los políticos y a las autoridades educativas, pero el problema en España no se queda ahí. España tiene un problema social con la educación que va más allá de tener una buena legislación en esta materia. Cabe preguntarse si la sociedad española valora realmente los estudios. Los valores que transmite la familia y los medios de comunicación parece que no son los más adecuados para inculcar en los jóvenes la capacidad de responsabilidad, esfuerzo, trabajo y respeto, necesarias para lograr un buen rendimiento académico. Y menciono la familia porque ha hecho en buena parte dejación de la función de socialización primaria del individuo, confiándolo todo a la escuela.

REFORMA LABORAL A LA MEDIDA DE EUROPA

Los más de cinco millones de parados de este país obligó a formular una reforma laboral que propiciase la contratación y que introdujese mayor flexibilidad en el mercado laboral en términos generales que, según los expertos, se basaba en una legislación laboral bastante rígida. Pero junto a ello, también es cierto, y no menos importante, la exigencia de la Unión Europea por llevar a cabo reformas estructurales, remarcando especialmente la reforma laboral. España es el país que más paro ha registrado de toda la UE y desde las máximas instancias europeas se observaba como la asignatura pendiente de todos los gobiernos del Estado. Mientras la economía arrojaba datos muy positivos y la cifra de paro eran asumible, no se hacía patente las deficiencias del mercado laboral, pero desde que la economía comenzó a resentirse, evidenció sus deficiencias, la primera de ellas la incapacidad para amoldarse a la nueva situación económica por parte de las empresas que tuvieron que tomar la senda del cierre sin más alternativas.

Cerca de 180.000 empresas destruidas desde 2008 y más de 300.000 autónomos que cesaron en su actividad. Más de cinco millones de parados y con previsiones de seguir aumentando. Y es precisamente en estos dos puntos donde creo que quiere incidir la actual reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy. Por una parte, crear las condiciones para cuando la economía lo permita, la inclusión en el mercado laboral sea más fácil que hasta ahora; por otra, intentar evitar la sangría de empresas y autónomos, que son los verdaderos creadores de empleo. Con este planteamiento el que ha salido peor parado es el que ahora tiene trabajo ya que ha visto modificado con restricciones su estatus. Es posible que ese sea el precio que haya que pagar. El cambio de ciclo económico es también un cambio de ciclo social, pensar que las cosas pueden volver a ser como antes nos puede llevar a engaño. No estamos hablando de retornar a condiciones de trabajo leoninas –cómo así han querido verlo algunos políticos de Izquierda Unida hablando incluso del “esclavo moderno”-; el trabajador cuenta con la Justicia para hacer valer en última instancia lo que considere oportuno, pero sí es cierto que la mentalidad del trabajador debe cambiar y asumir la realidad social en la que estamos, sin que ello suponga una aceptación acrítica de lo que pueda lesionar la dignidad del trabajador.   

Esta reforma laboral ha contado con la oposición cerrada de los sindicatos, esos mismos que han estado pasivos mientras las cifras del paro aumentaban irremisiblemente, y del PSOE, principal partido de la oposición y que hizo un amago de reforma que ni de lejos es lo que esperaba Europa. Por su parte, empresarios y autónomos la ven con buenos ojos. Asimismo, la Unión Europea (UE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) han visto con buenos ojos esta reforma, es decir, ha recibido la bendición del sistema. Podemos pensar que el hecho de que los empresarios la vean con buenos ojos ya es para que los trabajadores se mosqueen. Ciertamente hay aspectos positivos y negativos en la reforma, no todo es blanco y negro, soy de los que están convencidos que siempre hay matices y que la tendencia es más al gris que otra cosa. La reforma de por sí no va a crear empleo, eso es algo que parece estar asumido, pero esta reforma lo que sí puede crear a corto plazo es una serie de despidos al no contar la empresa con la previa autorización administrativa para aplicar un expediente de regulación de empleo (ERE). Si tenemos en cuenta que los EREs que las empresas radicadas en España presentaron en 2011 fueron más que los presentados a lo largo de 2010, con una mejoría en el PIB respecto a 2010, lo que se avecina para este 2012, con una previsión de recesión económica donde el PIB puede caer en negativo más del uno por ciento, es del todo preocupante.

Evitar la destrucción de empresas en este periodo parece ser el principal objetivo que el Gobierno quiere a corto plazo y, una vez la economía vaya remontando el vuelo, que este nuevo marco laboral haga que esas mismas empresas inicien la contratación de nuevos empleados. De ser así, deberemos esperar a 2013 o quizá 2014 para ver los frutos de esta reforma. Una cosa está clara, la pelota está en el tejado de los empresarios y la responsabilidad del Gobierno que legisla.  

LA CUESTIONABLE SANCIÓN A CONTADOR

Solemos criticar a las instituciones que deben impartir justicia, o como en este caso velar por el tan manido 'fair play' en el deporte, cuando las resoluciones que dictan no son favorables a nuestros intereses o afinidades. Este podría ser uno de esos casos en los que uno saca el orgullo patrio y piensa que todo es una conspiración contra Contador o el deporte español. Pero es mucho más sencillo que eso, lo que ha pasado es simplemente una chapuza más de los órganos que velan por el deporte. Y ya no solo a nivel internacional, sino que tenemos experiencia directa de lo que pasa aquí en España y el cachondeo que a veces hay para sancionar, recurrir, quitar y poner.

El TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) ha dado validez a la tesis por la cual el positivo del ciclista español en el Tour de 2010 fue causado por un suplemento nutritivo contaminado y no por la ingesta de carne. Los restos de clembuterol hallados en el organismo de Contador le han supuesto dos años de sanción sin poder participar en pruebas ciclistas y la retirada de los galardones en el Tour 2010 y Giro 2011. El clembuterol hallado era una cantidad ínfima, 50 picogramos o 0,00000000005 gramos/ml, una cantidad difícil de detectar por los laboratorios. Desde un primer momento la hipótesis más plausible fue la contaminación alimentaria. Ni los análisis realizados en el Tour, que no son pocos, mostraron más rastros de este producto, ni la cantidad era determinante para el rendimiento del deportista. A partir de ahí, el caso Contador se convirtió en la manera de ejemplarizar al mundo del deporte haciendo pagar a Contador con una sanción modélica por este positivo.

Pasados 565 días hemos conocido la decisión final del TAS, tremendamente dura para la cantidad de sustancia de la que estamos hablando. Las presiones que han sufrido los encargados de observar el caso Contador en el TAS han sido manifiestas. Pero lo más chapucero son las razones de la sanción al ciclista español. Según el secretario general del TAS, Matthieu Reeb, señala que "contrariamente a otros países, principalmente fuera de Europa, España no es conocida por tener un problema de contaminación por clembuterol de la carne de vacuno", de lo cual deduce que "la presencia de clembuterol fue causada probablemente por la ingestión de suplementos contaminados". Pensaba que a alguien se le sanciona porque se tiene la certeza de que ha cometido un delito o ha infringido una norma, pero no por el grado de probabilidad que hay en el supuesto, es decir, podemos decir que la probabilidad de culpabilidad de Contador puede ser de un 65 por ciento, del 70 o, quizá, del 85 por ciento.

Varios deportistas han sido absueltos de positivos por clembuterol, en algunos casos se ha admitido incluso la contaminación alimentaria. Con Contador parece que no cuenta ese argumento, y sí la "alta probabilidad" de que en España no haya ganado al que se le suministre clembuterol. Pero eso no parece un argumento lo suficientemente sólido para condenar a una persona. Además, se habla de un suplemento alimentario pero se desconoce cuál es en realidad. Sin ser jurista, diría que en la justicia ordinaria esta sentencia no hay por donde cogerla. Contador tiene la posibilidad de recurrir precisamente ante la justicia ordinaria suiza en un plazo de 30 días la decisión del TAS.

Todas las comparaciones son odiosas, pero me viene a la mente una noticia de estos días respecto al siete veces ganador del Tour de Francia. Lance Armstrong quedó libre de cargos de las acusaciones de miembros y excompañeros del ciclista norteamericano en el US Postal de inyectarse sistemáticamente EPO. El fiscal federal Andre Birotte anunció el cierre de la investigación sin más. Estamos hablando de la denuncia de compañeros de equipo que dieron positivo por dopaje. Siempre ha existido la duda sobre Armstrong, pero ningún órgano ciclista ni deportivo ha querido indagar en el tema. Curioso, al menos.

EL CULPABLE SIEMPRE ES EL ÁRBITRO

Una vez más, y ya hemos perdido la cuenta, el árbitro se ha convertido en el gran protagonista de la derrota del Real Madrid en la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey que le enfrentó al FC Barcelona. No fue el pésimo y rácano planteamiento de Mourinho en el Santiago Bernabéu, ni la falta de acierto de los jugadores madridistas ante la meta de Pinto, los fallos defensivos, ni siquiera las salidas de pata de banco de Pepe o Lass. La culpa la tuvo el de siempre, el de negro, aunque ahora lleve colorines. Fácil argumento madridista para justificar en el fondo la impotencia de verse una y otra vez superado por el FC Barcelona. El árbitro tuvo sus errores, bastantes por ciento, pero en las dos direcciones. Careció en todo momento de personalidad para tomar las decisiones que requería el choque en los momentos claves, pongamos por ejemplo la segunda amarilla a Lass. Se dejó comer por las protestas cuando sabía que había cometido un grave error, la prueba está en cómo los jugadores del Barcelona protestaron airadamente para exigir la segunda amarilla al francés y no hizo nada, pero, sin embargo, sí se la sacó a Casillas que apareció por allí para poner algo de orden, como capitán madridista que es. 

La falta de autocrítica del cuerpo técnico del Real Madrid es lo que le desacredita para achacar ahora culpabilidad de la eliminación al arbitraje. Para comenzar, es incomprensible como Pepe puede haber jugado este partido, en otra competición, en la Premier inglesa sin ir más lejos, Pepe no vería un campo de fútbol en semanas o, quizá, en meses por reiteración. En segundo lugar, la estrategia de ocultar la metedura de pata de Mourinho en el primer partido no se ocultará con la excusa del arbitraje en Barcelona, por mucho que se empeñe el entrenador portugués. Hubo errores graves en el partido por parte del árbitro, pero el más grave de todos favoreció al Madrid que podría haberse quedado desde la primera parte con diez jugadores. Si el árbitro hubiese tenido intencionalidad, en esa jugada lo tuvo que ni pintado. El árbitro estuvo mal, y punto.

Los jugadores del FC Barcelona salen con una ventaja previa a los partidos del Madrid, y no es solo la de su juego, sino la imagen que el Real Madrid está dando de víctima constante del estamento arbitral. Lejos de presionar a los árbitros, lo que está consiguiendo el Real Madrid es quedarse en evidencia con esas manifestaciones cuando luego se observa el juego que desarrolla el equipo en la mayor parte de los partidos que disputa ante los catalanes. Otra cuestión, también denunciable, es la reacción de varios jugadores del FC Barcelona que, a sabiendas de la agresividad de los jugadores del Madrid, no dudan en simular entradas que luego ni siquiera llegan a tocar al jugador. 

Los árbitros, jueces, deben ser imparciales y no estar condicionados, pero cada vez lo están más, hasta el punto de que su grado de confusión es tal cuando pitan un clásico que nos encontramos con situaciones como las de este miércoles. Los jugadores no ayudan en nada, sino más bien lo complican y lo enmarañan. Ojo, y no solo es una consecuencia que recae en los árbitros españoles, ya vimos lo que pasó en la ‘Champions’ el pasado año. Queda un partido de liga entre los dos equipos y, quien sabe, si veremos una nueva eliminatoria en la competición europea o directamente la final. Solo espero que el árbitro no vuelva a ser excusa.

AJUSTE ECONÓMICO Y DESAJUSTE SOCIAL

En el primer artículo de 2011 de este blog, recogí la impresión de los analistas económicos quienes indicaban que el año ya terminado iba a ser muy duro y complejo desde el punto de vista económico. Las malas previsiones se cumplieron, pero cabía la esperanza que pasado 2011, el año que ahora hemos comenzado fuese el de la luz al final del túnel. Pero lejos de ser así, lo que no podíamos imaginar es que 2012 será aún más drástico en las consecuencias sociales que se desprenden de esta enquistada crisis. La desviación de hasta un 8 por ciento del déficit público obliga a realizar un esfuerzo sin precedentes al país para converger en el 4,4 por ciento de déficit establecido por la Unión Ëuropea para este año. Cerca de 40.000 millones de euros es lo que hay que recortar del gasto público. Podemos estar disconforme con la actuación de la Unión Europea en la denominada 'crisis de la deuda' y cómo se ha dejado notar la ausencia de un verdadero gobierno europeo que ha sido suplantado por Alemania y su gobierno, encabezado por Angela Merkel, secundada por Nicolas Sarkozy que, como buen francés, no podía dejar que su país no tuviese un papel relevante en la toma de decisiones.

El sometimiento a la política marcada desde Alemania ha triunfado en el seno de la Unión Europea. La llamada constante a la creación de una deuda común, los eurobonos, fueron desoidos sistemáticamente por Angela Merkel. Su posición inflexible, el convertir Europa y a todos sus países en una réplica alemana, asumiendo los duros requisitos exigidos para consolidar el euro, hace ahora incuestionable tomar en España medidas que sin duda crearán un profundo malestar en todos los ciudadanos, pero necesarias si asumimos querer estar en el vagón de cabeza de la nueva UE que surja tras la crisis. El prestigio internacional que años atrás había tenido nuestro país, cuando el crecimiento de la economía nacional superaba ampliamente al de la media de la UE, queda atrás, y de aquel crecimiento ficticio basado en el ladrillo, se nos presenta ahora la cruda realidad.

Las reglas del juego están establecidas, no sabemos si pueden cambiar, todo parece indicar que no. El primer paquete de medidas de ajuste económico del nuevo Gobierno de España presidido por Mariano Rajoy, que ha sido convalidado por el Congreso de los Diputados, marcan la línea futura de lo que nos depararán los próximos meses. Podemos criticarle el hecho de haber subido impuestos cuando nunca lo mencionó en campaña, todo lo contrario; incluso nos pueden gustar o no muchas de las decisiones adoptadas, pero más allá de ello, es evidente que la toma de decisiones en estos momentos es necesaria, como necesario es comenzar a cumplir con los objetivos de déficit. Recortar 40.000 millones de euros no solo se va a lograr vía recortes en el gasto público, sino que también habrá que barajar los ingresos. La principal fuente de ingresos son los impuestos, y nos guste o no hay que tocarlos. Ahora bien, para todos y, en especial, buscar las fórmulas para que los que más tienen paguen en relación a ello. Fiscalizar las grandes empresas de este país para evitar el fraude fiscal que supera en diez puntos la media europea,  combatir la economía sumergida cuya consecuencia principal lo sufre la Seguridad Social y controlar las grandes fortunas y las sociedades creadas por las mismas para tributar lo menos posible. No se entendería que las consecuencias impositivas recayesen en los de siempre y que, por ejemplo, parte importante de los que han causado este fregado, el sistema financiero, reconociendo su importancia dentro del sistema tal y como está montado, salga de rositas.

Espero que esto se vaya produciendo progresivamente y por el bien de este país las medidas que tome el Gobierno sean las acertadas. El tiempo lo dirá, aunque ahora mismo no sepamos a qué altura del túnel estamos, a la mitad, en la recta final o, simplemente, iniciándolo. De momento, las previsiones que ha publicado el Banco de España para este año no son nada positivas. La economía entrará en recesión, caerá un 1,5 por ciento, y el número de parados puede incrementarse aún más. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional nos dice que, pese a los recortes, el déficit público en 2012 será del 6,8 por ciento, es decir, 2,4 por encima de lo establecido para nuestro país por Bruselas. En este marco, Europa parece no querer flexibilizar los tiempos para cumplir con el déficit, pero veremos si esta posición durará mucho. La política se ha dejado comer el terreno por la economía y el temor a variar de decisión con las consecuencias que ello puede suponer en los mercados, llena de pavor a los políticos europeos.

La presión de los mercados pudo con el Gobierno griego, incluso pudo con Berlusconi en Italia, pero siendo cierto el despropósito de la economía griega y la más que cuestionable situación de la economía italiana, la política no puede permitir que "los mercados" pongan indirectamente gobiernos que van a propiciar las políticas deseadas por quienes al final sacan provecho de la situación. Si cada vez hay algo más claro en esta crisis es que los mercados son insaciables, se han convertido en un potro salvaje difícil de domesticar, precisamente porque han carecido del control que debería haberse ejercido sobre él para evitar llegar a esta situación. La política ha fallado, ha fracasado, y es hora de volver a situarla en el lugar que no tuvo que abandonar. El problema es que no hay líderes con la personalidad y la altura de miras para realizar esa tarea.

CIUDADANO GARZÓN

El juez de la Audiencia Nacional Baltazar Garzón comenzó esta semana su periplo por los juzgados,  lugar que no le es ajeno, pero en este caso desde otra óptica a la que está acostumbrado, como un ciudadano más que se sienta en el banquillo de los acusados. El Tribunal Supremo tiene tres causas abiertas contra el juez, la primera de ellas ha comenzado a juzgarse esta misma semana, las escuchas entre imputado y abogado en la trama de corrupción conocida como ‘caso Gürtel’. Además, quedan pendientes la causa por los crímenes del franquismo y la relacionada con su estancia en Nueva York y las ayudas otorgadas por varias empresas, entre ellas entidades bancarias como el Banco Santander o el BBVA.

La polémica y la valentía han sido dos términos que pueden asociarse perfectamente a su trabajo como juez, más allá de la intencionalidad o no de convertirse en el juez más mediático de nuestro país y con una gran proyección internacional, por algo se le ha tachado de ‘juez estrella’, calificativo que Garzón ha sabido alimentar magistralmente con algunas decisiones; unas valientes, rigurosas y certeras, otras oportunistas, y muchas con una finalidad más que dudosa. Tiene fervientes seguidores, así como detractores que no escatiman la oportunidad para lanzar sus dardos envenenados al juez, como si estrella de la canción o del deporte se tratase. La figura de ‘juez estrella’ ha podido con Garzón hasta el punto de terminar por creerse el papel de héroe de la humanidad, su personaje se ha comido literalmente al juez que debería ser.

Desde los GAL, donde se introdujo en las cloacas del Estado para poner en jaque al Gobierno por entonces socialista de Felipe González -las malas lenguas dicen que por despecho después de que, siendo número dos por la lista de Madrid, no lograse ser ministro-, hasta su lucha contra el narcotráfico, su actuación contra Batasuna y el entorno de ETA, pasando por el ‘caso Pinochet’, Bin Laden, o los más recientes relacionados con el franquismo y el Gürtel, han estado marcados por su inquebrantable voluntad de justicia, no lo pongo en duda, pero con un trasfondo en ocasiones contaminado por factores externos que ponían en tela de juicio el porqué y para qué de las causas iniciadas. El oportunismo de muchas de sus decisiones y las criticables instrucciones que, según los entendidos, eran habituales en el juez, oscurecían su trabajo en la Audiencia Nacional donde germinaba el recelo de muchos de sus colegas de profesión.

Pero lo cierto es que Garzón ha pasado de héroe a villano, y lo vemos ahora acudiendo a ser juzgado y no a juzgar. Estar al límite de la legalidad para realizar sus pesquisas parece que en esta ocasión le ha dejado en mal lugar. El fin parecía justificar los medios, y eso es precisamente lo que se juzga en la causa de las escuchas en el 'caso Gürtel'. El magistrado se enfrenta a una acusación de prevaricación al dictar dos autos que ordenaron la intervención de las comunicaciones entre imputado y abogado en prisión que están protegidas en el ámbito de la privacidad y la confidencialidad entre abogado y cliente. No obstante, los fiscales Pilar Fernández y Antolín Herrero piden la absolución para el juez. Los cierto de todo esto es que, inocente o culpable, el juez no midió bien las posibles consecuencias negativas de dichas escuchas para la instrucción del caso.

El afán de Garzón lo ha llevado a sentarse en el banquillo, como también lo hará por la investigación sobre el franquismo, en un intento revisionista de enjuiciar las desapariciones en la dictadura del general Franco, atribuyendo a personas fallecidas delitos que habían prescrito o que estaban amnistiados. A todo ello, se le suma que la Audiencia Nacional no era competente para abrir ese procedimiento. Una vez más, el afán de Garzón lo lleva más allá de las posibilidades legales a las que él también, aunque juez, está sometido.