LA INJUSTICIA DE LA JUSTICIA

La Justicia tiene como mala costumbre dejarnos perplejos con alguna de sus decisiones y sentencias. Hoy es ese el caso. Uno de los etarras más sanguinarios de la banda terrorista ETA era puesto en libertad tras cumplir 24 años de prisión, de los 2.700 años a los que había sido condenado.  La doctrina del doble cómputo de la prisión preventiva, establecida por el Tribunal Constitucional en 2008, ha permitido que la Audiencia Nacional acordara esta la excarcelación del histórico etarra Antón Troitiño, que tiene en su extenso currículo delictivo 22 muertes, entre ellas las 12 víctimas del atentado de la Plaza de la República Dominicana en 1986. 

Pese a las críticas vertidas en su momento por el Tribunal Supremo  y por la Fiscalía General del Estado a la doctrina del Constitucional, lo cierto es que hoy estamos viendo cómo un personaje de esta calaña sale de la cárcel cumpliendo casi un año y pocos meses por cada una de sus víctimas. La Justicia se convierte en injusta, moralmente, pero injusta a todas luces. Aunque esta decisión está ajustada  a derecho, algo falla en nuestro ordenamiento jurídico para que hechos como este sucedan. 

Qué sentirán los familiares de las 22 personas fallecidas a manos de este criminal. Cómo entender una decisión judicial que favorece al infractor y deja sin aliento a las víctimas. Cómo soportar los homenajes que el entorno de ETA seguro que le rendirán. Desde aquí, mi más sincera solidaridad porque es difícil tragar con esto. 

Haciendo un poco de memoria, cabe recordar que la doctrina a la que se atiene la Audiencia Nacional para dejar en libertad a Troitiño parte de un Tribunal Constitucional que, presidido por María Emilia Casas, nos ha dejado momentos de bochorno generalizado por su incompetencia y por dejar entrever la politización del máximo órgano garante de la Constitución en España. Un claro ejemplo lo tenemos en la tardanza en tomar una decisión sobre la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña, o la imagen de aquella bronca que María Teresa Fernández de la Vega, en aquellos momentos vicepresidenta primera del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, tuvo con Casas en el desfile de las Fuerzas Armadas por el día de la Hispanidad en 2007. 

En 2006 ETA anunciaba un alto el fuego y el Congreso avaló a Zapatero para sondear las intenciones reales de la banda terrorista. A finales de año, el atentado en la T-4 de Barajas, con dos víctimas mortales, rompía con el mal llamado “proceso de paz”, según palabras del propio Zapatero. Sin embargo, en estos días las supuestas actas de aquellas negociaciones parecen dejar en evidencia que se continuó el proceso incluso después del atentado. Podemos dar mayor o menor credibilidad a las actas, pero los hechos coincidentes me producen una profunda desazón. El Constitucional se saca de la mano en 2008 esta doctrina que favorece especialmente a aquellos que tienen un largo periodo entre rejas. No creo que se hiciera a sabiendas de quiénes serían favorecidos, pero sí de no valorar y sopesar con rigor las consecuencias que podría tener su aplicación. Hoy sale a la calle Troitiño, justo el día en el que también sale a la calle el etarra que más tiempo llevaba encarcelado, José María Sagarduy Moja, 'Gatza', quien ha abandonado este miércoles la cárcel después de permanecer casi 31 años. Además, todo ello se entremezcla con la polémica de si Sortu y Bildu, formaciones de nueva creación por parte de la izquierda abertzale, estarán en las próximas elecciones autonómicas y locales, o si bien serán legalizadas posteriormente dado su rechazo formal, que no real, de la violencia ejercida por ETA. Repito, todo esto me produce una profunda desazón.

LA OFENSA DEL VELO INTEGRAL

Una parte de la comunidad islámica, hay que precisar que no toda, vería la prohibición o la limitación del uso del velo integral en las mujeres, bien sea el burka o el niqab, como una ofensa a sus principios religiosos y a su libertad individual de elección. Sin embargo, desde mis principios democráticos y desde los valores de libertad, dignidad y respeto a la integridad individual de las personas, lo que considero una verdadera ofensa es el velo integral, no solo para la mujer, sino para toda la sociedad. No se puede concebir una anulación de la dignidad individual más flagrante que la ocultación de todo el cuerpo por motivos religiosos o argumentando tradiciones tribales. Aun considerándolo una ofensa, la prohibición de esta vestimenta debería estar limitada únicamente en los edificios públicos y centros de trabajo. Las democracias no pueden imitar a las policías morales de países islámicos que vigilan la manera de vestir de sus ciudadanos. Rechazando esta vestimenta, no dejo por ello en admitir que la puedan llevar por la calle, manteniendo el derecho individual a que la persona decida si llevarla o no, pese a que pueda estar impuesta por presión social de su entorno inmediato o por coacción de su pareja. 

La polémica resurge de nuevo con la entrada en vigor en Francia de la prohibición del velo integral que cubra el rostro en cualquier espacio público, incluida la calle, en virtud de una ley que impone multas y cursillos de ciudadanía para las infractoras y penas de cárcel para quienes obliguen a llevarlo. La ley en el caso francés no establece cuestiones a las que me he referido anteriormente; estipula más bien cuestiones de seguridad para justificar la prohibición. Ni qué decir tiene que hay cierto trasfondo populista en esta medida. Un país donde la derecha más radical aumenta su número de votantes, obliga a la derecha moderada a tomar algunas iniciativas para contentar a una parte del electorado hostil con la inmigración, acentuado por el periodo de crisis económica. 

La situación de España es diferente a la de Francia. La inmigración no tiene tanto peso social aquí como lo tiene en el país vecino, especialmente la de raíz islámica. Las mujeres que aquí llevan esta vestimenta son muy pocas. Pero hay núcleos donde la alta concentración de inmigración puede dar lugar a situaciones complejas. Es el caso de Lleida, primera ciudad española que prohíbe el burka o niqab en instalaciones municipales. Otros municipios de Cataluña barajan iniciativas en este sentido. También en otros países europeos se han aprobado iniciativas que limitan el uso de estas vestimentas, como Holanda y Bélgica. 

No hay que ver el problema como islamofobia, sino como un intento recíproco de integración. Las democracias tienen que hacer posible que la inmigración se integre dentro de sus parámetros sociales, pero aquellos que llegan a un país deben de aceptar, no solo los derechos que le corresponden como ciudadanos residentes del país al que llegan, sino los deberes que tienen y el respeto a las tradiciones y valores de este país. El esfuerzo por comprender al otro no es unidireccional, debe ser bidireccional. Integrarse es aprender del otro, comprender sus tradiciones y cultura, sin que ello suponga aceptar cuestiones que van más allá de lo que una sociedad democrática pueda tolerar. 

El caso de Pozuelo

La comunidad islámica en España puso el grito en el cielo cuando a una niña de un colegio de Pozuelo se le prohibió entrar al centro con el hiyab (pañuelo en la cabeza que las mujeres utilizan para cubrir sus cabellos y el cuello, un símbolo de identidad, fieles a sus orígenes). La normativa del centro prohibía cubrirse la cabeza con gorras u otras prendas. La comunidad islámica no aceptaba esta situación y llegó a poner el ejemplo de si prohibirían a una persona que estuviera recibiendo quimioterapia entrar con un pañuelo en el centro. Desafortunada comparación. La flexibilidad de la normativa existe para casos puntuales, pero no para justificaciones de carácter religioso en un colegio laico. 

En cualquier caso, las connotaciones del hiyab nada tienen que ver con el burka o el niqab. Si es por cubrirse la cabeza solamente, hasta las monjas lo suelen hacer. Pero si una norma existe y deja bien a las claras su finalidad, integración no es permitir que la niña entre al centro, integración es respetar la normativa de un colegio público, laico y con autonomía académica. No siempre hay que ver la integración desde el que recibe, sino también desde el otro extremo. En ocasiones parece que existe un aprovechamiento de la debilidad de la democracia en estos temas, que suele ser rentabilizados estratégicamente por grupos interesados.

EL OLIMPO DE LOS EURODIPUTADOS

En varios artículos de este blog he puesto el acento en lo poco proclive de los políticos para aplicarse medidas de austeridad (véase el artículo 'Los politicos no saben de austeridad'), especialmente cuando se pide ese mismo esfuerzo a los ciudadanos. Una y otra vez se empeñan en hacer méritos para aparecer en las encuestas que realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) como la tercera gran preocupación de los españoles, por detrás del paro y la situación económica. Incluso en el último barómetro de opinión publicado esta semana por el CIS, la percepción negativa aumentó con respectos a otras encuestas, pasó de un 17,08 por ciento al 20,02.  

Y es que parece que los políticos están cada vez más lejos de la realidad, y por ende de los ciudadanos. La gota que colma el vaso es el rechazo de los eurodiputados a aplicarse ellos mismos medidas de austeridad como viajar en avión en primera clase, no acumular dietas o congelar sus salarios en 2012. Cometería una injusticia si metiésemos a todos en el mismo saco, pero como esto va de mayorías, la mayoría de los políticos parecen ajenos a las exigencias de una situación económica jamás vivida por la Europa unitaria. Los eurodiputados parecen estar en lo alto del particular Olimpo político, con actitud contemplativa del suceder de los mortales que tenemos que ver recortados nuestros derechos laborales, nuestros salarios, pensiones o calidad de los servicios públicos. Aún así, son capaces de otorgarnos leyes de inquebrantable cumplimiento y consejos morales sobre lo grave de la situación económica y lo que deberíamos hacer para que la cosa no empeore. Una cruel burla para todos los ciudadanos europeos y, si cabe más, para los españoles, que después de la petición de rescate realizada por Portugal tenemos la mosca detrás de la oreja. 

Con qué autoridad moral pueden dirigirse a los votantes. Lo grave, siendo de extrema gravedad, casi no está tanto en la votación negativa de la propuesta, sino afirmar que fue un lamentable error debido a que “estaba mal planteada” la enmienda y que, por ejemplo en el caso de los eurodiputados socialistas, deberían haberse abstenido. Increíble, encima abstenerse, pero dónde está el sentido común de estos políticos, cómo es posible que aún se planteen una abstención en este tema que es claro y nítido como el agua cristalina. Pero cómo se puede restar importancia, como hace la portavoz parlamentaria de PP, Soraya Sáenz de Santamaría, a que los eurodiputados del PSOE y del PP votaran en contra de la enmienda alegando que no era vinculante. No será vinculante, pero deja al descubierto la intencionalidad de sus “señorías”, intencionalidad repulsiva e insolidaria. 

Este año el sueldo de cada eurodiputado es de unos 6.200 euros mensuales. A esto se suman 4.300 euros al mes para gastos generales, unos 300 euros diarios en dietas y gastos de viajes. Así, a lo tonto a lo tonto, unos 13.000 euros al mes, multiplicado por los 734 europarlamentarios, dos de ellos canarios: Juan Fernando López Aguilar (PSOE) y Gabriel Mato (PP). Cada mes el Parlamento Europeo se traslada desde su sede en Bruselas al edificio de Estrasburgo para celebrar sesión plenaria. Cada uno de esos traslados supone a la Eurocámara unos 10 millones de euros. Para el próximo año, el presupuesto de la Eurocámara será de 1.725 millones de euros, un 2 por ciento más que el de este año. Si nos atenemos a los vuelos de un diputado español, la diferencia de viajar en clase turista y en clase business puede rondar el 50%. A lo largo del año, el dinero ahorrado por este motivo podría ser bastante significativo.

Twitter ha sido una vez más el medio donde los ciudadanos hemos expresado nuestro total rechazo a la clase política por lo acontecido. “Hipócritas”, “sinvergüenzas”, “caraduras”, son algunos de los adjetivos dedicados a sus “señorías”. “Eurodiputadoscaraduras” es la etiqueta elegida por los usuarios de esta red social para expresar su indignación y dejar en evidencia a los eurodiputados que votaron en contra. 

Como comenté anteriormente, esta es la gota que colma el vaso. En España, los partidos políticos tendrán más subvenciones este año que el pasado, algo inaudito si tenemos en cuenta la grave crisis económica de nuestro país que no consigue levantar cabeza. Cerca de cinco millones de parados y unas previsiones poco optimistas. Además, los partidos prevén gastarse en torno a los 44 millones de euros en la campaña electoral de las próximas elecciones autonómicas y locales del 22 de mayo, algo que resulta cuanto menos curioso en estos años de tecnologías avanzadas en la comunicación y cuando la campaña, en sí misma, poco sirve para cambiar el voto de los ciudadanos. Dinero desperdiciado en banderitas, alquiler de locales, mítines, cenas, carteles en las calles, propaganda en radio, televisión, etc. Puede ser demagógico lo que digo, pero es la realidad observo. El sentido común parece haberse perdido en la clase política, y el sentido de servicio al ciudadano se ha transformado en servirse del ciudadano.