La burbuja del sector inmobiliario en España ha provocado muchos males que estamos pagando con creces, unos más que otros, todo hay que decirlo. Constructores, promotores, banqueros, son algunos de los grupos más beneficiados del desmadre de este sector en nuestro país que cabalgó a sus anchas durante varios años. Pero para ello tiene que haber un actor imprescindible que dé lugar a este crecimiento desmesurado, coyuntural y ficticio. La administración pública facilitó con su mala actuación y su poco rigor y control que todo se fuese de las manos, más aún cuando los propios políticos vieron el filón de sacar tajada en beneficio propio. Por algo 35 ayuntamientos del Archipiélago canario cuenta con algún caso de corrupción urbanística.
La responsabilidad política es clara, pero no caigamos en el error de mirar solo para el político. Los ciudadanos hemos sido en muchas ocasiones permisivos con este tipo de actuaciones no castigando en las urnas al político con imputaciones gravísimas que, sin embargo, era votado por mayoría. Los ciudadanos tenemos que hacer también autocrítica y que la situación actual nos sirva de ejemplo para no cometer errores del pasado. Tenemos que volvernos exigentes con nuestros políticos y dejar bien a las claras que a la política se va a servir no a servirse. El que no esté dispuesto a ello, que se quede en su casa o no se meta en política.
Comentario aparte tiene los propios partidos políticos con sus integrantes cuando estos están bajo sospecha de corrupción. No deja de sorprenderme un hecho reciente en Telde, aunque la capacidad de sorpresa cada vez es menor por la falta de vergüenza que tienen algunos o algunas de nuestros políticos, exigentes con los demás, pero tremendamente laxos con los suyos. La Fiscalía de Canarias ha solicitado cinco años de prisión para la alcaldesa de Telde, María del Carmen Castellano, por malversación, fraude y falsedad, no obstante desde su propio partido (Partido Popular) se afanan en decir que Telde “no puede estar en mejores manos”. Este comentario, dicho por la diputada regional del PP Mercedes Roldós, muestra bien a las claras lo mucho que están los políticos de aprender la lección y la falta de respeto más absoluto por la labor de la Fiscalía.